La estrategia de los movimientos regionales para revertir la decisión de eliminarlos
Frente a la pretensión del Congreso de sacarlos de la vida política, las organizaciones regionales han empezado a enviar cartas a los congresistas para exhortarlos a que cambien de parecer. A eso se suma la marcha programada para el 27 y 28 de julio. El 19 de julio respaldarán el paro nacional convocado por la CGTP.
En mayo el Congreso decidió, en una primera votación, eliminar a los movimientos regionales. Esto fue incluido como parte de un paquete de reformas constitucionales que restituyó la reelección de gobernadores y alcaldes. Ha quedado pendiente la segunda votación que se realizará en la siguiente legislatura a inaugurarse en un mes.
Frente a la posibilidad de quedar fuera del mapa político, los movimientos regionales han emprendido una campaña que consta de tres ejes, la cual pretende que el Legislativo retroceda en sus pretensiones.
PUEDES VER:
https://larepublica.pe/politica/2024/05/31/freddy-vracko-anuncian-pintas-contra-keiko-fujimori-y-cesar-acuna-por-promover-eliminacion-de-movimientos-regionales-congreso-1579388
En primer lugar, se están mandado cartas a todos los congresistas. En ellas se les “exhorta” a reconsiderar la decisión y “a ponerse del lado de la ciudadanía que le confió su representación”. Así lo explicó el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú (AMRP), Freddy Vracko.
En las comunicaciones dirigidas a todos los parlamentarios que votaron a favor de la reforma, también se menciona que el cargo de representación “es para defender los derechos de la ciudadanía regional, permanentemente relegada por efecto del sistema centralista”.
Debe recordarse que el dictamen fue aprobado con 92 votos a favor, 25 en contra y tres abstenciones. De acuerdo con Vracko, hay legisladores que habrían apoyado la reforma constitucional pensando que solamente se refería a la reelección de autoridades. De ahí que dijo esperar que varios reevalúen sus posiciones iniciales. Adelantó que Wilson Quispe Mamani (no agrupado) ya pidió que retiren su voto. Este diario quiso conversar con el congresista Quispe al respecto, pero no respondió llamadas.
Al mismo tiempo que las cartas, los representantes de los movimientos regionales están procurando conversar cara a cara con los parlamentarios que los quieran recibir para hacerles llegar su posición.
Presión en las calles
Una de las razones que esgrimieron quienes respaldaron la eliminación de los movimientos regionales es que estos no rinden cuentas de sus gastos. Lo afirmó, por ejemplo, Patricia Juárez (Fuerza Popular). Sin embargo, se trata de algo falso. Sí están obligados. Otro argumento es que han sido vehículos para llevar al poder a personas corruptas. El problema es que este señalamiento también puede hacerse extensivo a los partidos nacionales. Analistas han advertido que lo que estaría detrás, en realidad, sería la pretensión de algunas de las agrupaciones representadas en el Pleno de deshacerse de competidores. Las elecciones regionales y municipales serán en el 2026.
La segunda parte de la estrategia tiene que ver con las movilizaciones de protesta. En ese sentido, la AMRP, junto con la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, Iniciativa Democrática y Warmikunas, acordaron una marcha nacional para los días 27 y 28 de julio.
No solo eso. Además, participarán del paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el 19 de julio.
“El 19 de julio vamos a acompañar todos en la convocatoria hecha por la CGTP para un paro nacional, y el 27 y 28 de julio se va a realizar la marcha de todas las regiones en la ciudad de Lima”, refirió Vracko. Añadió que, hasta entonces, se concentrarán en la organización de estas movilizaciones.
Y finalmente, el tercer eje de la estrategia es legal. Los movimientos regionales presentarán una acción de amparo, aunque todavía no hay una fecha definida para ello.
Cuando el Legislativo votó por la eliminación de los movimientos regionales, la AMRP emitió un comunicado en el que decía que ciertas bancadas se estaban comportando como una “organización criminal”. Además, acusaron a César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, se haber sido uno de los principales impulsores de la norma, junto con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
