En carta dirigida al vicepresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell Fontelles, veinticinco miembros de este órgano legislativo, que proceden de distintos grupos políticos, indican que el Perú vive una crisis institucional y política desde finales del año 2022 que ha derivado en un deterioro grave de la democracia y el Estado de derecho.
Agregan que esto ha supuesto el cierre del espacio cívico, así como un fuerte retroceso en derechos y libertades fundamentales para la ciudadanía. También precisan que el ataque a las instituciones democráticas con el afán de cooptar los poderes del Estado ha propiciado un contexto proclive a la corrupción, la impunidad y el autoritarismo.
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Mencionan que esta situación se ve reflejada en dos hechos recientes y graves. Primero, la posible aprobación del PL 6951/2023, ‘Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en la legislación peruana’, que pretende limitar temporalmente la aplicación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad en el Perú. Lo cual permitiría declarar nulas las sentencias condenatorias por crímenes durante el conflicto armado interno, garantizando su impunidad.
Segundo, los recientes ataques a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, estiman, constituyen un intento grave de socavar la independencia del Poder Judicial. Al respecto, refieren que el Congreso ha efectuado un juicio político a los siete magistrados de la Junta, no previsto en la Constitución.
Relatan que a pesar de ello y de las advertencias de vulneración al debido proceso, dos de ellos fueron destituidos. Ante esto, los magistrados afectados presentaron una demanda de amparo y solicitaron una medida cautelar ante el Poder Judicial, que con fecha 22 de marzo, ha ordenado que los jueces sean repuestos en sus cargos hasta que se expida sentencia definitiva.
Sin embargo, el Congreso ha señalado que denunciará a la Sala Constitucional que dictó la medida cautelar. “Cabe destacar que detrás de esta tentativa están grupos políticos vinculados a corrupción y vulneraciones graves de derechos humanos, que buscarían nombrar jueces proclives a sus sectores para garantizar impunidad. La ONU ya había expresado su preocupación por estos ataques el año pasado, y nuevamente hace unas semanas”, indican.
En el documento anotan que el deterioro del Estado de derecho y la democracia ha implicado también ataques a la independencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cuestionable nombramiento de un defensor del Pueblo sin experiencia en derechos humanos, el cierre de espacios cívicos y la vulneración de los derechos humanos.
En esta línea, mencionan los 49 asesinados en ejecuciones extrajudiciales durante la represión de las protestas de 2022 y 2023, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). También refieren que, de acuerdo a Human Rights Watch, de diciembre 2022 a marzo 2023, más de 1.300 personas resultaron heridas como resultado de la misma represión. Añaden que las investigaciones penales sobre estos crímenes han tenido graves deficiencias.
Además, subrayan que se ha precarizado la situación de las personas defensoras de derechos humanos a través de la represión policial, la aprobación de leyes que criminalizan la protesta social y las campañas de difamación y desprestigio.
Solicitud con cinco puntos
De ahí que los veinticinco miembros del Parlamento Europeo pidieron al vice presidente Josep Borrell Fontelles lo siguiente:
1.Que en su calidad del Alto Representante para la Política Exterior exprese su preocupación por el grave deterioro democrático y del Estado de Derecho en Perú, haciendo un llamado urgente a las autoridades peruanas a rechazar el proyecto de Ley 6951/2023, respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y en particular el derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y sus familiares.
2. Que se exhorte al Gobierno peruano a poner fin a la represión y criminalización de la protesta pacífica, así como al cierre de espacios para la defensa y pleno ejercicio de los derechos humanos en el país.
3. Que se urja al Congreso de la República de Perú a respetar el Estado de derecho y cesar de inmediato en sus ataques a las instituciones democráticas y a la independencia del Poder Judicial.
4. Que en el marco de las directrices sobre personas defensoras de derechos humanos, solicite a la delegación de la UE en Perú, en coordinación con la OACNUDH y el resto de la comunidad internacional: i) realizar visitas in situ en las provincias más azotadas por la represión y persecución contra las comunidades y personas defensoras, ii) mantener un diálogo periódico y articulado con las organizaciones de la sociedad civil, iii) observar audiencias en casos de acusaciones contra personas defensoras y, iv) continuar apoyando de forma pública la labor de defensa de los derechos humanos, el diálogo y el fin de la violencia.
5. Que la UE solicite rendir cuentas al Estado peruano, en particular en el marco del Diálogo de Derechos Humanos UE-Perú que tendría lugar el primer semestre de 2024, y de acuerdo a las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Perú.