Pedro Cateriano: “De concretarse (la remoción de la JNJ), se van a frenar las inversiones del extranjero”
El ex primer ministro asevera que el Congreso intenta violar el "orden constitucional y legal" con su "incompresible iniciativa" de buscar remover a los miembros de la JNJ, a pesar de las advertencias que los organismos internacionales han dicho al respecto.
La Comisión de Justicia pretende remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cambiando el informe de su secretaría técnica, generando la preocupación de organismos internacionales por este cambio abrupto. El expremier Pedro Cateriano reflexiona sobre las consecuencias de esta arremetida contra la JNJ para nuestra democracia.
—¿Cómo ve que la Comisión de Justicia del Congreso haya rechazado el informe de su secretaria técnica que no halló causa grave para la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y aprobó otro, con cargo a redacción, donde se recomienda al Pleno la remoción de los magistrados?
—Creo que es un bochornoso incidente parlamentario que, si es que se llega a concretar la amenaza de destituir a los miembros de la JNJ, servirá para demostrar la forma negligente y sin criterio legal con la que actúa este Congreso.
—¿Considera que esto constituye un golpe del Congreso a la institucionalidad?
—Es una amenaza gravísima al orden constitucional y a la estabilidad política del país. El Parlamento no solo está haciendo daño a la institucionalidad democrática del país sino que está afectando la reputación a nivel internacional. A pesar de las advertencias de dos organismos internacionales de importancia, como son las Naciones Unidas y la OEA, el Congreso insiste en esta incomprensible iniciativa, desde el punto de vista legal.
—¿Cuánto influyen los pronunciamientos internacionales para que el Congreso retroceda en su accionar contra la JNJ?
—Ojalá sirvan estas advertencias para que el Parlamento recapacite. Por lo menos, un pequeño sector del Congreso está obligado a defender el Estado de derecho. Un país que viola su orden constitucional y legal, que no respeta el debido proceso, que aplica un juicio sumario contra la JNJ está enviando un mensaje a nivel internacional de que en el Perú no se respeta el orden jurídico. De concretarse esto, se van a frenar las inversiones del extranjero. Construir y recuperar una imagen internacional toma tiempo. Lo llamativo acá es que el Parlamento no haya aprendido de los errores del pasado, como cuando, casi de manera similar, destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional, durante la dictadura de Fujimori y, como consecuencia, el Estado recibió una condena internacional.
—¿Qué podría suceder exactamente en instancias supranacionales?
—Podría repetirse una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta clase de conflictos van a seguir escalando. Si se llega a concretar la destitución arbitraria e inconstitucional de los miembros de la JNJ, esto no va quedar acá. Los propios consejeros pueden ejercer su derecho a la defensa y llegar hasta la Corte Interamericana.
—El informe de la Comisión habla de causas graves, pero en el artículo 157 de la Constitución estas no se tipifican. Entonces, ¿cómo es posible que se les pretenda destituir?
—Esta iniciativa parlamentaria es claramente anticonstitucional porque no se define en la Ley Orgánica de la JNJ lo que es falta grave. Tampoco el Parlamento ha aprobado una ley que establezca y defina claramente en qué consisten las faltas graves.
—¿Debería hacerse una reforma constitucional en el Congreso al respecto?
—No se requiere reforma constitucional acá. Es claro que no hay que interpretar de manera separada los artículos de la Constitución. Hay que concordar los artículos 156, que establece claramente que para ser miembro de la JNJ no hay que ser mayor de los 75 años, con el 155, que señala de forma clara que el mandato es de cinco años. Y esto tiene que concordarse con la propia Ley Orgánica de la JNJ, que establece que el mandato es de cinco años. En el peor de los casos, lo que podría haber es una discrepancia de criterio jurídico, pero falta grave, absolutamente, de ninguna manera. Simplemente, se requiere ampliar la Ley Orgánica de la JNJ y el Parlamento no ha hecho esta tarea.
—El pleno del Congreso lo verá después de la semana de representación. ¿Qué espera que suceda?
—No espero nada de este Congreso, pero confío que habrá un grupo minúsculo de congresistas que defiendan el orden constitucional.
—Pero con este informe se podría esperar que los destituyan.
—Si yo algo he aprendido en política, es a no especular. En este momento estamos en un escenario grave, en donde da la impresión que hasta ahora hay esa consigna política de cargarse a los miembros de la JNJ.
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—Si es una consigna política, ¿qué piensa que hay detrás? ¿Usted cree que hay un interés del Congreso no solo de manejar el sistema de justicia sino también el próximo proceso electoral? Lo digo porque la JNJ nombra, ratifica y sanciona a jueces y fiscales, además de designar al jefe de la ONPE y RENIEC.
—A mí me gusta opinar en base a hechos concretos y acá lo que hay es una alianza siniestra entre la extrema derecha e izquierda en el Parlamento que es violatoria al orden constitucional. Eso está acreditado con esta Mesa Directiva que integran los partidos de Keiko Fujimori, del prófugo Vladimir Cerrón, de César Acuña, y demás compañía. Lo que usted dice puede ser, no lo descarto.
—La presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado pese a las preguntas insistentes de los periodistas sobre lo que está pasando con la JNJ. ¿Qué opina?
El silencio cómplice de la presidenta Dina Boluarte es alarmante porque no solo en este caso se ha callado la boca sino también cuando ha ocurrido la fuga de Vladimir Cerrón. La primera obligación de la presidenta de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ella está incumpliendo ese deber de defender el orden constitucional. El problema acá es que la presidenta Boluarte se queda callada en siete idiomas, se pone de perfil e incumple su obligación de defender el orden constitucional. Eso es lo grave.
