Claudia Paz y Paz Bailey: “La inacción también da certeza de graves amenazas contra la democracia en el Perú”

—¿Cómo evalúa la cooptación de instituciones en Guatemala?

—Tendría que decir que el fortalecimiento del sistema de justicia que se había logrado en Guatemala, con la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), claramente no existe más. Hace unos 10 años tuvimos los mejores y mayores casos que esclarecieron la corrupción de involucraban al presidente y vicepresidenta de entonces, y que comprometía a las élites políticas y económicas que se habían beneficiado de la corrupción esos años. Se verificó en ese trabajo conjunto que la corrupción no se trataba de hechos aislados, sino que era la forma de hacer política de forma sistemática, a través del financiamiento electoral ilícito que era finalmente devuelto en obra pública, pauta publicitaria, etc. Estas élites hoy han logrado expulsar esta comisión de Guatemala y volver a someter a estas instituciones que antes se habían fortalecido a partir del copamiento paulatino.

—¿Podría narrar ese proceso?

—Primero, tenemos la elección, cargada de innumerables arbitrariedades, de la nueva fiscal general, la elección de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Esta última ha prorrogado su mandato por casi 4 años de más, de forma ilegal. Eso quiere decir que los magistrados de Sala ahora no solo tienen poder sobre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también sometimiento sobre el Poder Judicial. Es ese sometimiento lo que ha provocado la posibilidad de expulsar del país, a través de la criminalización, a los fiscales más valientes y que actúan independientes, a los jueces que tenían a su cargo los casos de mayor riesgo, a defensores de derechos humanos, a periodistas… El sistema de justicia en este momento, lejos de proteger los derechos humanos y a los ciudadanos, es ahora un engranaje más en los ataques contra voces independientes y de cualquier tipo de opositores.

—Se me escarapela la piel porque parece ser copia y calco de lo que viene ocurriendo en el Perú actualmente. ¿Cuáles fueron los hechos que concretaron la toma del sistema de justicia?

—En Guatemala, las elecciones de altas cortes se hacen a través de comisiones de postulación (…) Se vio cómo en las elecciones de fiscales habían componendas por fuera de las comisiones de postulación que buscaban lograr el voto a favor de determinados candidatos que eran favorables a aquellos investigados o procesados anteriormente. Esto se denunció a tal punto que se suspendió, en un momento, la elección de las cortes. Luego, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que ordenaba cómo debía ser el debido proceso de dichas elecciones. Sin embargo, desde aquel momento el Poder Legislativo ha incumplido con esta orden del TC y han prorrogado, ilegítimamente, el periodo del mandato de la Corte Suprema.

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—En Perú, el Ministerio Público demora en la entrega de información e inicios de investigaciones, por ejemplo, ante las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas del orden a inicios de este año. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—El rol de la Fiscalía es fundamental para la protección de los derechos y deberes de los ciudadanos. Debería ser una prioridad esclarecer esta violencia contra ciudadanos que ejercían un derecho. En la medida que se esclarecen los casos, se está realizando una labor no solo preventiva sino frente a cualquier otro que en un futuro quiera ejercer ese tipo de violencia. Es decir, cuando los miembros de las fuerzas del orden quieren ejercer violencia desmedida, se la piensa, al menos, dos veces. Sin embargo, también puede ser ejercer un rol muy perverso.

—Perverso como lo que ocurre en Guatemala, entiendo. Parece ser que el asunto es una acumulación desmedida del Congreso guatemalteco frente a otros poderes y órganos constitucionales del sistema político de Guatemala. ¿Se pudo hacer algo para evitarlo?

—Hoy, la Fiscalía en Guatemala actúa perversamente en dos escenarios: uno, garantizando la impunidad en casos de corrupción a través de la apelación y el archivamiento, entre otros. Dos, instrumentalizando el derecho penal para criminalizar a los jueces que no se someten a los designios del Poder Ejecutivo y Congreso, para remover a fiscales que acusan con absoluta independencia, y para actuar contra prensa independiente y los defensores de derechos humanos.

—Cómo evalúa la irrupción del narcotráfico y economías ilegales en las dinámicas de justicias y políticas en América Latina

—Es un fenómeno muy presente en nuestras sociedades. Con propiedad puedo hablar de lo que sucede en Guatemala, en donde el dinero del narcotráfico ha llegado a poner y quitar alcaldes. En Guatemala hay diputados y alcaldes que están conocidamente vinculados a carteles del narcotráfico. Es una enfermedad que está afectando la raíz de nuestras democracias.

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—¿Cómo evalúa la democracia en el Perú?

—Es una pregunta difícil para mí, porque lo veo desde fuera. Lo veo con mucha preocupación. En Guatemala es muy clara la amenaza contra la democracia, el intento de descarrilar las elecciones actuales para evitar una segunda vuelta. Los asesinatos de ciudadanos que siguen en impunidad, ataques en contra de operadores de justicia, y que los órganos que tendrían que garantizar justicia capaz no están ejerciendo su función dan también la certeza de graves amenazas contra la democracia en el Perú.

—¿Qué les diría a los operadores de justicia, jueces y fiscales, que se sienten temerosos ante estos procesos?

—No están solos. Hay una comunidad internacional que está muy preocupada por lo que ocurre en Perú y que está muy atenta vigilando para que puedan acudir a espacios como la CIDH, para blindar su trabajo y darles la protección que necesiten.