Juan Fernández: “Las acciones que realizamos no buscan perseguir ni hostigar a un determinado fiscal”
El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público habló sobre el proceso que ha habido dentro de la institución desde su llegada en 2022. Asimismo, se refirió a la labor que cumplen como ente autónomo. “La independencia hace que tengamos resultados. A nivel nacional tenemos 1.663 fiscales sancionados”, sostuvo.
El primer jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público habla sobre las funciones de este nuevo organismo, su organización y lo que han venido realizando desde setiembre del 2022. Sobre el fiscal Rafael Vela indica que el proceso disciplinario es anterior a su gestión y que su obligación es darle trámite y concluirlo.
—La Autoridad de Control del Ministerio Público es una institución nueva
Bueno, no están nueva. La crisis que tuvieron instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura el año 2018 provocaron cambios estructurales. En diciembre del 2018, vino el cambio del CNM por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y como consecuencia, en mayo del 2019, se crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y la del Poder Judicial.
—¿Cuándo comenzó su gestión al frente de la Autoridad de Control?
En mayo del 2022 ganamos el concurso, y como usted sabe hubo una serie de observaciones de organismos no gubernamentales. Al final, el 6 de setiembre, la JNJ nos juramentó. Ese mismo día nos constituimos acá.
—A trabajar de inmediato.
Sí. En algunos lugares hemos hecho cambios inmediatos, empezando por Amazonas, de donde yo soy. Tenemos oficinas desconcentradas en 33 distritos fiscales. Junín y Selva Central es una sola oficina. No protegemos a nadie. Tampoco perseguimos a nadie. Simplemente, cuando se incurre en una conducta que no responde a los criterios que manda la Ley de la Carrera Fiscal, tenemos que hacer los correctivos. Todas las infracciones, si en otros tiempos no han sido vistos, en está gestión, eso no va a ocurrir.
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—La Autoridad de Control nace sobre lo que era la Fiscalía Suprema de Control Interno.
Somos un organismo propio del Ministerio Público. No somos un órgano externo. Somos un órgano con independencia y autonomía, pero pertenecemos al Ministerio Público. Mi cargo de jefe nacional tiene el mismo estatutos y rango que un fiscal supremo titular.
—Entonces, ¿Cuál es la diferencia con la Fiscalía Suprema de Control Interno.
La ex fiscalía de control interno eran cargos de confianza. Los cargos de confianza, a veces, generan un espíritu de cuerpo con el colega, determinada preferencia. En este caso eso no es así. Este es un cargo que nos da total independencia, sin injerencia alguna, ni de la Fiscal de la Nación, ni de un medio, ni de un órgano gubernamental, ni de ninguna institución. Esa autonomía nos ha permitido avanzar en estos pocos meses.
—¿Cómo empezó a organizar esta labor de control?.
Nos organizamos desde la etapa de postulación. La primera labor ha sido ordenar la casa físicamente. Trabajar la parte presupuestal. La anterior gestión a la doctora Patricia Benavides no consideró una partida para la Autoridad de Control el año 2022. Si la fiscalía de control interno tenía cinco funciones, nosotros tenemos 25. Ver que los casos no prescriban, que no opere la caducidad. En los últimos 30 días hemos encontrado varios expedientes refundidos por algunos malos fiscales.
—¿Con cuánto personal cuenta?
El 6 de setiembre teníamos más personal fiscal y administrativo. El día 7 se retiraron 21 fiscales. Algunos pensaron que llegamos con una billetera en la mano, y no ha sido así. Hoy en la sede central tenemos 11 fiscales, contándome, y a nivel nacional, 110 fiscales para seguir a 8.000 fiscales, 8.400 servidores de función fiscal. Un universo de 2.175 despachos fiscales. Para el próximo año hemos previsto que debemos tener 164 fiscales adicionales de control y casi medio millar en personal administrativo.
—¿Y cómo era la situación presupuesta al llegar?
Al llegar, la caja que dejaron era 10.100 soles para cerrar el año. Nosotros llegamos tarde para el presupuesto del 2023, pero logramos que el MEF, la PCM y el Congreso atiendan las necesidades de control. Se nos incluyó en un presupuesto compartido con la Contraloría. Del 2% de los proyectos de inversión en ejecución, ellos reciben el 1%, para el control concurrente, y nosotros el otro 1%. Esperamos que la nueva Comisión de Presupuesto nos deje este presupuesto.
—¿Cuántos casos encontraron en trámite?
En la sede central recibimos alrededor de 3.500 expedientes que no estaban en trámite. Los hemos depurado por estricta data de antigüedad. Aquí no hay que recién estamos viendo un tema. Estamos nivelándonos.
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—¿Qué viene para los próximos meses?
En noviembre del 2022 hemos sacado nuestro reglamento de organización y funciones, nuestro reglamento de procesos disciplinarios. Tuvimos que dejar algunas cosas en suspenso por el tema presupuestal. Por ejemplo, hacer un seguimiento de movimientos económicos sospechosos de los fiscales con la UIF, un seguimiento del movimiento migratorio de los fiscales requiere presupuesto y personal. Estamos mejorando los canales de atención a la ciudadanía. Tenemos un correo público a través de la cual recibimos denuncias.
—¿Cómo será el ingreso de los fiscales de control?
La ley dice que tenemos que trabajar con la Academia de la Magistratura (Amag) y la JNJ para generar la especialidad de fiscal de control. A partir de lo cual, la JNJ convocará a concurso público a los que pasen por la Academia. Esos fiscales serán independientes, autónomos, no serán cargo de confianza y no le deberán nada a nadie.
—¿Ha conversado con la Amag?
Hemos tenidos tres reuniones con la directora. Allí nos dimos cuenta de las dimensiones que significa una nueva malla curricular y tuvimos que suspender para enfocarnos en el tema de presupuesto.
—¿Qué logros ha obtenido en estos primeros meses de trabajo?
La independencia hace que tengamos resultados. A nivel nacional hemos amonestados a 942 fiscales, multado a 562 y suspendido a 159. Tenemos 1.663 fiscales sancionados, a nivel nacional. Hemos propuesto la destitución de 56 fiscales y solicitamos el apartamiento de seis fiscales. Nosotros no perseguimos ni hostilizamos a cuatro o 10 fiscales en especial. Quien tenga sospecha de una infracción, con todas las garantías del debido proceso, se le inicia una investigación y si no tiene responsabilidad puede estar tranquilo. El suelo está parejo, no tienen de que preocuparse.
—¿Hay el riesgo de que este control interfiera en el proceso penal?
Lo que nosotros cuestionamos es el accionar del fiscal. No nos inmiscuimos en la decisión del fiscal, sino en la falta de diligencia, en la inacción del ejercicio de sus deberes.
—¿Los pedidos de destitución van directo a la JNJ?
Nosotros elevamos la solicitud a la presidenta de la Junta de Fiscales Supremos y ella, sin mayor opinión, lo traslada de inmediato a la JNJ. En las otras sanciones, la jefatura de la Autoridad de Control es la última instancia. Nosotros podemos suspender. Es lo que ha ocurrido en los últimos días en el Cono Norte y Amazonas, con fiscales que han sido poco diligentes en su accionar, lo que hacen daño a la institución y la ciudadanía.
¿Cuáles son los actos más comunes que generan una multa?
La infracción más recurrente es el incumplimiento de los plazos. Las acciones que nosotros ejecutamos están sustentadas en principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al que por primera vez incurre en una infracción se le da una amonestación, si incurre en una nueva falta, viene la multa, la suspensión.
—¿Qué tienen en cuenta para una suspensión?
Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Amazonas. Un presunto responsable de violación sexual donde no se promovieron las medidas necesarias para que ese presunto autor delictivo no escape de la justicia. Esas infracciones muy graves, ameritan una sanción de un día hasta seis meses.
—¿Qué falta generá un pedido de destitución?
Si hay una infracción disciplinaria recurrente, significa que se trata de una persona que no es idóneo para el cargo y se pide su destitución. Los fiscales que aparecen integrando organizaciones criminales, no puede ser garantes de la legalidad de los ciudadanos.
—¿Qué busca usted con la Autoridad de Control?
Queremos un país donde la corrupción sea mínima. Queremos generar un cambio, promovemos una cultura de integridad. Que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones. Las acciones que realizamos no buscan perseguir ni hostigar a un determinado fiscal. Se busca controlar que haga su función, de una manera proba, ética.
—¿Usted cómo cree que lo ven los fiscales?
Muchos se asustan. Piensan que somos la inquisición, pero no lo somos. Les estamos explicando cuál es nuestra función. Les decimos que queremos recuperar el país. No queremos fiscales que estén en el lado oscuro, sino que caminen en la luz.
—¿Cuál es la situación del fiscal Rafael Vela?
En La República ha salido que lo estamos hostilizando. Él es uno más de los 2.441 procesos disciplinarios que tenemos a nivel nacional. 2.440 fiscales no piensan que estamos hostilizándolos. Acá no se hostiliza a nadie. En investigación preliminar tenemos en este momento 9.706 fiscales en proceso. Nosotros no vamos por un fiscal A o B. Lo que tiene que tener claro es que acá no hay fiscales dioses, no hay ídolos, tampoco nos interesa la investigación emblemática o no emblemática.
—¿Qué le interesa de los fiscales?
Lo único que nos interesa es que su accionar sea probo. Si un fiscal ha tenido procesos en trámite, que no han sido atendidos, nosotros tenemos que nivelar esa carga procesal. Lamentablemente, con los pocos recursos y la alta carga procesal que tenemos, procesar 2.175 despachos, a más de 8.000 fiscales, a nivel nacional, toma su tiempo.
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—¿Me dice que esas investigaciones ya las encontró al llegar?
Estas no son investigaciones nuevas. Son investigaciones que hemos encontrado, que estamos viendo por antigüedad. Las comisiones que integran la jefatura nacional recién están atendiendo en riguroso orden de antigüedad, como lo es para 2.440 fiscales que están en procesos disciplinarios y 9.706 fiscales que están en investigación preliminar.
—¿Cuándo habrá un pronunciamiento?
Estamos ordenando la casa, y lo que se tiene que tramitar y no ha prescrito no se va a traspapelar, no se va a esconder, no se va a dejar de dar un pronunciamiento. El que no tiene nada no tiene nada que temer. Simplemente, se somete a la investigación, demuestra su falta de responsabilidad y no tendrá ninguna sanción, se archivará.
—¿Hay una negligencia en estos casos que no se habían resuelto antes?
Yo no puedo responder por la gestión antes de mi nombramiento. Lo que yo digo es que hemos encontrado varios procesos en los que no se había tomado una decisión. Si no, habríamos encontrado una carga cero o más pequeña.
