Buscan destrabar 1.746 obras en 3 meses con esquema 'fast track'
Expertos plantean aplicar este sistema debido a que Ley 31589 de 2022, para reactivar construcciones de hospitales, colegios y carreteras, no ha dado resultados.
Según el último reporte hecho por la Contraloría General de la República, a marzo del año 2023 existen 1.746 obras públicas paralizadas que datan de hace tres años y que generan perjuicio a la población más vulnerable, pues la privan de los servicios de agua, hospitales, escuelas y carreteras que requiere con urgencia.
La Ley 31589, que busca la reactivación de las obras públicas paralizadas, no ha dado resultados positivos, debido a que —entre otras razones— los funcionarios de Estado no se atreven a firmar la continuación de los proyectos por temor a que la Contraloría General de la República los sancione.
Sumado al temor de los funcionarios, está el hecho que la norma establece un sistema tradicional que consiste en invitar a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección, elaboración de un nuevo expediente técnico, impugnaciones, etc., que demanda por lo menos dos años.
Frente a ello, el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), Elías Tapia, planteó la aplicación de un sistema de adjudicación directa, por invitación, a un único postor, utilizando el sistema de concurso oferta 'fast track' (vía rápida, pues van diseñando y se va ejecutando) para acelerar la reactivación de los proyectos de infraestructura en el lapso de tres meses.
Tapia precisó que el sistema 'fast track' no implica una norma adicional. “Nuestra normativa ya contempla ese mecanismo, sino que no se aplica por temor a la Contraloría”, explicó.
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Dijo que la invitación directa se haría a empresas solventes técnica y económicamente, no con problemas, y que así figuren en el listado de la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), de tal forma que haya garantía que se trata de entidades de confianza.
Para darle mayor transparencia, propuso que su aplicación esté bajo la supervisión de la Contraloría, el OSCE y la Defensoría del Pueblo. Añadió que este tema será debatido en el primer Congreso Nacional de Junta de Resoluciones de Disputas de Obras Públicas, organizado por la APC, a realizarse este 17 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú.