Más de quinientas personalidades suscribieron una carta abierta dirigida a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Superior de Justicia de Lima y al Segundo Juzgado Penal Liquidador de Lima, en la que solicitan una audiencia pública, debido a que el documental ‘The Sodalitium Scandal’ —por el que ha sido querellado el periodista Daniel Yovera— no aborda asuntos privados, sino de interés público. Y también porque está en juego un caso de persecución judicial y acoso sistemático del Sodalicio de Vida Cristiana contra un periodista.
Abogados, historiadores, educadores, periodistas y comuneros de Catacaos señalan en el documento que dicho acoso “se suma a la cacería contra periodistas que expusieron la cultura de abuso de poder en el Sodalicio de Vida Cristiana, Pedro Salinas y Paola Ugaz”.
Precisan que con ellos están empleando los mismos métodos usados contra Daniel Yovera. Y anotan que se trata de personajes que “afiebradamente participan en esta campaña de demolición” en desmedro de la labor que realizan Salinas, Ugaz y Yovera, “quienes expusieron sus características sectarias enmascarados por una fachada religiosa”.
En otro punto de la carta abierta mencionan que una democracia en constante riesgo merece un periodismo fuerte para hacer frente a quienes quieren regresar a tiempos oscuros en el que la verdad permanecía oculta. Y pregunta: “Qué hubiera pasado con las víctimas del Sodalicio en Lima y Piura si no se hubiera contado sus historias de abuso, que en la mayoría de los casos dio un giro dramático en sus vidas?”.
En cuanto al juicio contra el periodista Daniel Yovera por presunta difamación, los firmantes sostienen que afecta el libre ejercicio del periodismo.
Yovera fue querellado por su participación en el documental de la cadena Al Jazeera ‘The Sodalitiun Scandal’ (diciembre 2016) en el que un grupo de testigos denunció haber sido despojado de sus tierras por una razón social vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana —la Asociación Civil San Juan Bautista— y por una organización criminal denominada por la Policía Nacional como ‘La Gran Cruz del Norte’, a través de un acuerdo económico millonario.
El jueves 8 de junio, la Décima Sala Superior Liquidadora de Lima escuchó a las partes y el mismo día, sin emitir pronunciamiento de fondo, lo envió de regreso al juzgado de origen —Segundo Juzgado Penal Liquidador— para la decisión final.
En la carta abierta también se recuerda que el exrepresentante de la Asociación Civil San Juan Bautista, Alberto Gómez de la Torre Pretell, demandó a Daniel Yovera en julio de 2019, y desde entonces el Poder Judicial no ha emitido un pronunciamiento de fondo.
El proceso fue archivado por prescripción en 2022, pero la defensa del querellante adujo que no podía prescribir porque Yovera tuiteó un link del documental, lo cual consideró “un delito continuado”.