Abogado Joseph Campos pedirá la exclusión Dina Boluarte de las investigaciones por las muertes en protestas
Joseph Campos argumentó que no es posible atribuirle a la presidenta de la República los delitos de genocidio y homicidio calificado, los cuales se le ha imputado en el marco de las investigaciones por las muertes en protestas.
El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, anunció que pedirá la exclusión de su patrocinada. Esto, luego de que la jefa de Estado asistiera al Ministerio Público, el último martes 6 de junio, para responder las preguntas de la fiscal de la Nación por las muertes ocurridas en las protestas contra su Gobierno y el Congreso de la República. De acuerdo al defensor de la mandataria, ninguno de los delitos que le imputan tienen una base “jurídico penal”.
Campos explicó que “el genocidio tiene dos elementos que deben concurrir necesariamente”. El primero es el hecho (las muertes en protestas) y el segundo es la “voluntad de exterminación de un grupo por lo que es”. “Eso no tiene ninguna posibilidad de armarse en el país”, indicó.
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En referencia al delito de homicidio calificado, el abogado defensor de Boluarte aseveró que este requiere “ferocidad, crueldad, intención”. “Eso tampoco ocurre, respecto a la presidenta de la República", agregó.
Entonces, “lo primero que vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no es una investigación jurídico penal debido a que no existe posibilidad alguna de establecerse esas dos imputaciones; no es posible atribuir esos delitos a la presidenta de la República, jurídicamente no tiene sentido esta investigación”, concluyó.
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Dina Boluarte se negó a responder a los abogados de las víctimas y de la Procuraduría
La presidenta llegó hasta el Ministerio Público para responder el interrogatorio sobre los asesinatos de decenas de personas, entre ellos niños, durante las movilizaciones en su contra. Sin embargo, no contestó las preguntas de los abogados de las víctimas ni de la propia Procuraduría.
De acuerdo al defensor de Boluarte, la presidenta no tenía obligación de responder debido a que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, representado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.