Gobierno de Boluarte insiste en “individualizar” responsabilidad por muertes en protestas

El Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, aprovechó la conferencia de prensa —tras sesión de Consejo de Ministros— para pronunciarse sobre el informe de Human Rights Watch, el cual emitió conclusiones lapidarias contra la actual gestión y sobre las presuntas responsabilidades políticas de la mandataria y sus ministros de Estado por los muertos, entre civiles e integrantes de las fuerzas del orden, en el marco de las protestas que estallaron en diferentes regiones del país en diciembre del 2022.

El informe de 117 páginas titulado “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú” advierte que el Gobierno de Boluarte no tomó las medidas para evitar más muertos en las protestas y que tampoco desplegó esfuerzos para investigar a los responsables, menos se separó a algún policía o militar para asegurar que no se vuelven a repetir más asesinatos extrajudiciales.

La respuesta del Gobierno fue asegurar que se viene colaborando con las investigaciones, pero se insistió con la retórica de individualizar las responsabilidades. Así lo dejó en claro Vicente Romero, actual ministro del Interior. Esto buscaría que quienes asuman las responsabilidades penales sean únicamente los efectivos del orden que efectuaron los disparos con sus armas de fuego contra los manifestantes. Se pretendería evitar hablar de responsabilidades políticas desde el Estado.

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“Es importante saber que por dos vías se está haciendo la investigación, una es la administrativa disciplinaria, desde los órganos de control interno tanto de la Policía Nacional como de la Oficina de Integridad del Mininter, así como la vía penal, a través del Ministerio Público. Esto no ha terminado. Sin embargo, en algún momento se tiene que individualizar si ha existido responsabilidades en algunos miembros de las fuerzas del orden”, dijo Romero.

En tanto, la jefa de Estado respaldó lo dicho por su ministro y aseguró que se viene brindando apoyo al Ministerio Público para esclarecer el caso: “Respetamos la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las demás instituciones. Este tema de investigación toma su tiempo, le estamos dando todas las facilidades a la Fiscalía. Incluso, como ningún otro Gobierno, se nos ha requerido que le ampliemos su presupuesto, cosa que se hizo”.

Cabe resaltar que la presidenta Dina Boluarte y sus ministros de Estado tienen una investigación abierta a nivel del Ministerio Público por el presunto delito de genocidio. La indagación se apertura producto de la alta cifra de fallecidos hubo como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

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Boluarte no tomó medidas para evitar más muertos en protestas

En el informe de HRW se detalla que, pese a que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró que la presidenta Dina Boluarte le envió un mensaje de WhatsApp para solicitar que el uso de la fuerza se ajuste a la ley, durante las protestas, no hay evidencia de que el Ejecutivo haya desplegado esfuerzos para ello. Resaltan que la Fiscalía no ha buscado verificar esta afirmación del jefe de la PCM.

“Human Rights Watch no ha visto ninguna prueba de acciones por parte de la presidenta Boluarte o de sus ministros para garantizar el cumplimiento de esa directiva a pesar de los repetidos casos en los que estaba claro que las fuerzas de seguridad estaban violando la ley y poniendo en peligro la vida de la población”, se lee en el documento.

Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos también destaca la falta de medidas adoptadas por el Gobierno “para que los responsables rindan cuentas. Al contrario, las autoridades desestimaron los abusos”. “A menudo negaron que se hubiesen producido, al tiempo que expresaban repetidamente opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaban insinuando que eran 'terroristas'”, criticaron.