Carmen Mc Evoy: "Los que nos gobiernan ya no se preocupan de ocultar que los mueve la prebenda"

La de Carmen Mc Evoy, historiadora, siempre es una voz importante de escuchar en estos tiempos convulsos. Con un ojo en nuestro pasado para interpretar el presente, responde a La República. Acaba de publicar, junto con Marcel Velásquez, la Historia del Perú de Juan Basilio Cortegana, oriundo de Celendín (Cajamarca), veterano de Ayacucho y congresista de la República. Y prepara el lanzamiento de Historia mínima de la Guerra del Pacífico, por el IEP, en coautoría con Gabriel Cid.

—Han pasado más de tres meses desde el estallido social, con las consecuencias que ya se conocen, entre ellas los muertos. Cuando uno se acerca a las manifestaciones, comprueba que quienes protestan no piden cosas materiales. Exigen derechos políticos, hablan de una democracia que no es real, hablan de representación. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Que hemos permanentemente negado la condición de ciudadanos a un sector del país, del sur, del ande?

—Desafortunadamente, esta violencia no es nueva en la historia de la república del Perú, que nació con buenas intenciones, pero también con profundas exclusiones que todavía no somos capaces de resolver. De ese profundo desencuentro entre Lima y el resto del Perú dio cuenta, por ejemplo, el huamachuquino José Faustino Sánchez Carrión, quien, durante la primera República, deseaba que las provincias fueran tratadas en igualdad de condiciones por la capital de la República.

—Eso no ocurrió.

—Ello no ocurrió y, como hemos analizado con Gustavo Montoya, en nuestro reciente libro, Patrias andinas, patrias citadinas (Planeta, 2023), lo que sí ocurrió fue una gran traición a las guerrillas serranas, abandonadas a su suerte a pesar de que se jugaron, desde el primer momento, por la independencia. Y en el caso específico de la ciudad de Tarma, cuya acta de independencia debería estudiarse en todos los colegios del Perú, se propuso incluso independizar a Lima. Ahora, respecto a tu pregunta específica sobre el sur andino, pienso en un viejo ensayo que escribí hace dos décadas sobre el intento fallido por parte del congresista puneño Juan Bustamante de restablecer los vínculos entre el Estado y las comunidades de Puno que terminó en la masacre de sus seguidores, quienes fueron quemados vivos en Pusi, e incluso en su propia ejecución por parte del subprefecto Recharte, brazo armado del naciente gamonalismo serrano. El cual irá cambiando de nombres pero que, en esencia, seguirá ejerciendo su dominio férreo, por ausencia del Estado, a lo largo de nuestro territorio. No hay más que ver lo que ocurre en el Vraem en manos de los narcotraficantes o Madre de Dios en las de la minería ilegal.

—La cifra de muertos por proyectil de fuego es escalofriante, no solo por lo que significa un número tan alto. También porque nos hemos acostumbrado a que la muerte sea algo “normal” y nadie asuma responsabilidades por ellas. ¿Qué piensa?

—Solo quiero apuntar algo adicional al crimen de Bustamante y sus seguidores, y es que ese hecho, escalofriante, quedó impune porque el juicio contra Recharte fue sobreseído por jueces que, obviamente, eran compadres del asesino.

PUEDES VER: Cusco: El Negociado, donde reclutan mujeres para mineros ilegales

—Una impunidad muy usual en el Perú.

—Precisamente. Es que la impunidad es el otro gran tema que cruza la historia del Perú y que tiene que ver con la ausencia de justicia para los más vulnerables. Ello no hace más que profundizar el abismo entre el Estado y la ciudadanía. Los escándalos que se suceden, día a día, no nos permiten evaluar en profundidad el abuso al cual sistemáticamente se somete a ciudadanos peruanos, cuyos derechos, entre ellos el de la vida, parecen estar suspendidos desde hace mucho tiempo. Pienso en los 250.000 muertos durante la pandemia, debido a una combinación de irresponsabilidad, negligencia y corrupción, y en los del terrorismo senderista y su herencia macabra, con cientos de cadáveres, en tumbas sin identificar, a lo largo y ancho del Perú, que vivió en medio del fuego cruzado. Por otro lado, la sociedad gamonal tiene una cuota aún desconocida en la cultura de la muerte –que no es nueva, junto al autoritarismo y desprecio por la democracia– así como los enfrentamientos durante y posteriores a la independencia. Ahora recuerdo haber leído el caso de 300 soldados que perecieron ahogados cuando el buque que los llevaba a enfrentar una de las tantas guerras civiles, que ensangrentaron el Perú decimonónico, se hundió.

—Esa es una historia terrible.

—Teniendo en consideración la tendencia anterior, quizás hemos tenido 20 años en los que creamos la ficción de haber vencido nuestra propensión a vivir cerca de la muerte.

—Sin embargo, esa realidad no cambió.

—Recién nos percatamos de que, mientras transitábamos por esa fantasía, 130 personas morían en conflictos sociales. Entonces, yo diría que la muerte no es una invasora repentina en nuestra historia. Quizás haber pensado que la derrotábamos cognitivamente con el crecimiento económico, que no fue capaz de dotarnos de servicios públicos de calidad, o el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no logró reconciliación alguna, fue una ingenuidad, por decir lo menos.

—Encima, y a pesar de la inmensa mayoría que reclama nuevas elecciones, nadie quiere irse: ni en el gobierno ni en el Congreso. Y esto es algo particularmente increíble, porque uno ve a los congresistas que viajan a sus regiones y observa el profundo repudio de la gente. Hay videos de eso. No digo que esté bien la violencia verbal o física, no lo está, pero al mismo tiempo no recuerdo evidencias tan crudas del desprecio contra quienes afirman, además con elocuencia, ser los representantes del pueblo. 

—Primero que nada, pienso que hay que admitir que se ha perdido la vergüenza y el sentido del honor. Con excepciones, los que nos gobiernan ya no se preocupan de ocultar que los mueve la prebenda y que no están dispuestos a perderla. Sin ir muy lejos, está el caso del congresista de Acción Popular (José Arriola) que escondía miles de dólares debajo del colchón. El abismo entre representantes y representados viene de antiguo y, sin lugar a dudas, exhibe una falla de origen que se remonta al momento en que la idea del “bien común”, forjado en San Carlos bajo la égida de su rector, Toribio Rodríguez de Mendoza, desapareció del vocabulario. Lo que lo sustituyó fue un puñado de intereses personales luchando por imponerse. La “anarquía de los intereses”, a la que se refirió Xavier de Luna Pizarro, irá definiendo un mundo en el cual la captura del Estado republicano permite la movilidad social acelerada de los que se autorrepresentan como los “salvadores de la patria”. Paradójicamente, el último de ellos, un profesor rural, Pedro Castillo.

PUEDES VER: Empresa China Railway n.° 10 interpuso arbitrajes en 45 obras públicas

—Es como si hubiese algo roto, una falla de origen: ¿realmente tenemos salida con estas personas que revolotean alrededor del poder? ¿No tenemos suficientes evidencias de que en realidad solo vamos en círculos? 

—Pienso que luego de la COVID-19 y de los estragos físicos y anímicos que ha dejado, ya nadie está dispuesto a tolerar más maltrato y sobre todo callar ante cada oleada que captura el poder para robar impunemente. La única salida, a mi entender, es una transformación profunda en las mentalidades y que ello derive en un servicio público en función al bienestar del Perú. Lamentablemente, eso es algo que ahora parece muy lejano.

—Las emergencias suelen revelar nuestras carencias. La pandemia nos puso sobre la mesa la precariedad del servicio de salud. Ahora, la emergencia climática –como en el 2017– vuelve a poner en evidencia nuestra deficiente previsión para tener una infraestructura que pueda aliviar situaciones como esta. Es como que en el Perú no nos queremos hacer cargo de nuestras carencias y solo cuando tenemos el agua al cuello, recién nos percatamos de nuestra indefensión. Esto es más grave en un país que por mucho tiempo se ha vanagloriado de su crecimiento económico. ¿Para qué crecimos finalmente, si no era para tener una mejor salud, mejor infraestructura? ¿A quién responsabilizamos de esto? ¿A nuestros dirigentes?

—Indigna la falta de planificación en los años de auge económico, que fueron muchos. Lo que vamos descubriendo es que dicha planificación sí existió, pero para el robo a mano armada al Estado, a costa de la vida y el bienestar de miles de peruanos que ahora lo han perdido todo. Irresponsablemente, se dejó el proceso de territorialización nacional en manos de traficantes de terrenos y mercaderes de ilusiones, quienes no tuvieron ningún reparo de promover asentamientos humanos en lugares que ahora la naturaleza reclama con violencia. No faltaron voces lúcidas que nos alertaron, pero no se les hizo caso y –lo que fue más grave– las sucesivas administraciones, nacionales y subnacionales, se dedicaron al despilfarro de los recursos públicos, que ahora escasean, justo en la agudización de un cambio climático que no se detendrá.

—No. Continuará.

—Y arreciará. Lo que considero es que existe una responsabilidad compartida en la catástrofe que estamos viviendo, la que tiene que ver con ambiciones desenfrenadas y un Estado ausente que indirectamente las valida. Es por la magnitud de esta crisis sistémica que cada uno debe trabajar, desde su pequeña trinchera, por una reconstrucción no solo física sino mental y acaso espiritual. Solo así saldremos del abismo en el que ya –finalmente– nos encontramos. 

PUEDES VER: CIDH presentará en abril su informe sobre protestas durante gobierno de Dina Boluarte

“Duele e indigna la brutalidad con la que las mujeres son tratadas en el Perú”

—Uno de los más urgentes problemas en el Perú tiene que ver con la violencia contra la mujer. Lamentablemente, acaba de fallecer Katherine Gómez, quemada viva por un feminicida. Recuerda la tragedia de hace unos años de Eyvi Ágreda.

—Sí. Duele e indigna la brutalidad con la que las mujeres son tratadas en el Perú, pareciera que no tienen derecho ni al respeto ni a la compasión. Si no se les viola, robándoles en algunos casos su inocencia y felicidad futura, se les quema vivas, se les ahorca o se les acuchilla sin piedad alguna. El abuso y el trato violento se ha generalizado en nuestra sociedad, pero el ensañamiento contra las mujeres horroriza: hay 43 intentos de feminicidio y otros 33 crímenes en lo que va del año, y la cifra va en aumento. Sin embargo, las mujeres tenemos memoria y una historia como la de Katherine recuerda a la de Eyvi: dos mujeres huyendo de una relación tóxica para ser finalmente castigadas con el desfiguramiento y la muerte. “Si no eres mía, no serás de nadie”, es el mensaje macabro.

—¿Cómo se puede enfrentar un problema así cuando la propia ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, no tiene mejor idea que responsabilizar a las mujeres por no saber elegir bien a sus parejas?

—No es solamente inoportuno sino desatinado que una ministra, quien está hablando a nombre de un Estado que mira al otro lado en el tráfico de mujeres y niñas en La Pampa, se permita dar consejos que no vienen al caso. Lo que se requiere son políticas públicas que aborden directamente la violencia contra las mujeres, desde la escuela, pero también de un ministerio que, ante sus evidentes carencias, se escuda en el sermoneo inútil en el mismo día que Katherine fallece y su asesino probablemente ya huyó del país.