Investigación a Boluarte: deudos piden participar en diligencias fiscales

La presidenta Dina Boluarte podrá ser citada nuevamente por la Fiscalía de la Nación para declarar en la investigación que se le sigue por los muertos durante las manifestaciones de Ayacucho y Apurímac, cuando el Poder Judicial se pronuncie sobre el recurso de la Procuraduría para participar en las diligencias fiscales, lo que abrirá la puerta también a los abogados de las víctimas.

La mandataria, así como el primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, están siendo indagados de forma preliminar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra las personas fallecidas en las protestas en ambas regiones.

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Los abogados de los familiares de los fallecidos reclaman el derecho de participar en las diligencias, lo que hasta el momento no ha sido permitido por la Fiscalía.

Solo la Procuraduría estuvo presente en la primera declaración de Otárola, sin embargo, no los citaron a la segunda. Por ello, presentaron una tutela de derechos, que ha sido vista en audiencia la semana pasada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, y está pendiente su resolución.

Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que representa a la familia del fallecido joven de 15 años, Christopher Ramos, explica que “en el título preliminar del Código Penal, numeral 10, se señala que los agraviados tienen la posibilidad y garantía de estar presentes en todas las diligencias”, lo que les faculta a ser parte del proceso.

Remarca que en todos los procesos de investigación preliminar están presentes, sin distinción, los agraviados y la Procuraduría, que ya ha participado en algunas diligencias en este caso. Agrega que la jurisprudencia internacional también reconoce este derecho.   

“Adicionalmente, la Corte Interamericana ha señalado en varias resoluciones que los Estados tienen la obligación de garantizarle a la víctima, de desearlo, su participación en todas las instancias de investigación y proceso. Y hasta por transparencia tendría que autorizarlo”, enfatiza.

Por su parte, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a la familia de José Luis Aguilar Yucra, fallecido en las protestas de Ayacucho, cuestiona en este caso que la Fiscalía considere a los familiares de las víctimas solo como testigos y no como parte agraviada, cuando sí lo son.

“El agraviado forma una parte de la investigación y del proceso y tiene derecho a participar. Pero la norma es clara. En el Código Procesal Penal, título preliminar punto 3.1, en concordancia con el artículo 10, se establece que la partes, y lo es el agraviado, tienen igualdad de armas, es decir, los mismos derechos”, indica.

Expone que, si el abogado del investigado tiene derecho a participar en las declaraciones de las víctimas agraviadas, entonces los abogados de estas, “por igualdad de armas, tienen derecho a participar en la declaración del imputado”.

Añade que, por ejemplo, en la investigación preliminar que se está realizando en Ayacucho para determinar a los responsables directos de las muertes durante las protestas, la Fiscalía les ha informado que participarán en las declaraciones, que están previstas para abril próximo.