PNP desembolsará casi S/12 millones en compra de cartuchos de lacrimógenas para reprimir protestas

La Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú (Direcfin) otorgó la buena pro para la adquisición de 112.500 cartuchos de bombas lacrimógenas por un monto de 3.152.250 dólares, aproximadamente 11.883.982 soles. Ello con el objetivo de reprimir las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte que iniciaron el 7 de diciembre, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

La contratación directa se basa en el informe 073-2023-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPAAME-SECCAM, del 30 de enero, que concluye que “resulta necesario, con el carácter muy urgente, la adquisición de material antidisturbios en cantidades suficientes” para “contrarrestar dichas situaciones y restablecer el orden interno y público, en cumplimiento al mandato constitucional”.

Específicamente se requirieron 105.000 cartuchos lacrimógenos CS calibre 37/38 mm del modelo simple y 7.500 del modelo triple. Ambas cargas podrán emitir el gas como mínimo por 15 segundos.

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El postor ganador sería la empresa Sourcing Group Corp, en representación de la firma turca AKSAV (Aktif Savunma Sanayi Ltd). No obstante, antes de que se adjudique la buena pro, la PNP requería de pruebas en fábrica, es decir, en Turquía.

El viaje a Turquía

El 4 de febrero, la Dirección de Administración de la Policía solicitaría la autorización para que los comandantes PNP Ricky Florian Cisneros Apaza y Marco Montoya Sánchez, así como el suboficial S2 PNP Edir Najera Santivañez, viajen en comisión de servicios a Estambul, Turquía, del 8 al 11 de febrero a fin de que realicen las verificaciones de los proyectiles a adquirir.

La Comandancia General del Perú, a cargo del teniente general PNP Raúl Alfaro, accedió al pedido; sin embargo, aumentó el plazo de días que los oficiales estarían fuera del país con todos los gastos pagados, del 6 al 12 de febrero.

Entre pasaje y viáticos de los tres efectivos de la PNP, se destinó 16.820 dólares (aproximadamente 63.411 soles). El ministro del Interior, Vicente Romero, firmó la resolución ministerial.