Alberto Otárola insiste en que "no habrá toma de Lima", pero documento de la PNP lo contradice

Como un preámbulo a las movilizaciones que se realizarían en los próximos días, el titular de la PCM, Alberto Otárola Peñaranda aseguró ante los medios de comunicación el último martes que no habría "ninguna 'Toma de Lima'". Estas declaraciones fueron realizadas luego de que fuera consultado respecto a las delegaciones de manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte que anunciaban su llegada a la capital para los primeros días de marzo. Pero la percepción de Otárola no sería del todo tajante.

Un documento al que accedió La República muestra que, desde el 22 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) tenía conocimiento de las movilizaciones de protestas en contra de Boluarte. Las cuales incluso fueron denominadas como "segunda toma de Lima".

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El oficio detalla que, luego de sostener una reunión con algunos dirigentes de la zona sur del Perú, los manifestantes acordaron "realizar la 'segunda toma de Lima' el 01 de marzo"; para la que diferentes delegaciones se han empezado a movilizar desde el 25 de febrero.

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Según el documento, la PNP espera que ciudadanos de diversas partes del país que se dirigen a la capital "se reúnan con integrantes de diversos grupos gremiales".

La misiva precisa que desde hace al menos una semana se sabía sobre la referida marcha, por lo que incluso la Policía habría tomado sus precauciones respectivas.

Otárola buscará preservar "la relativa paz que se ha conseguido"

Además de negar la realización de una manifestación que ya ha sido anunciada para este miércoles, el primer ministro de Dina Boluarte enfatizó que "la Policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad, los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos", pese a que en el documento presentado se visualiza una criminalización previa a la protesta.

El comunicado señala que los manifestantes buscarían "coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales, ministerios, Poder Judicial, Ministerio Público, embajadas, comisarías, sedes militares, desplazamiento de personas", e, incluso, el mismo domicilio de la presidenta Dina Boluarte, así como el de otras autoridades civiles.