Si bien la última encuesta de febrero del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arroja un resultado bastante desfavorable para el Congreso y la mandataria Dina Boluarte, la situación se torna aún más crítica en la macrorregión sur, donde la aceptación que tienen ambos actores políticos es casi nula.
Esto se hace más notorio en el caso del Parlamento, que ha llegado en febrero a un escuálido 6% de aprobación a nivel nacional. Pero en la macrorregión sur, la cifra desciende a un 3%. Es decir, ya casi nadie se identifica con este poder del Estado.
En la misma línea, si en el país la desaprobación al Congreso es de 90%, en la zona sur el porcentaje sube a 95%. Un rechazo casi absoluto.
Algo similar ocurre con Dina Boluarte: tiene 15% de aceptación en el ámbito nacional, pero en el sur la cifra baja apenas a un 7%. Asimismo, la mandataria reporta un 77% de desaprobación, pero este rechazo escala a un 86% en el sur.
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Carlos Herz, director general del Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, advierte que estas cifras evidencian una reacción del sur por cómo son tratados, en relación con el ejercicio del derecho de participación.
“Es el reflejo de una demanda histórica de un sector que siempre ha sido postergado por decenios y decenios. Son ciudadanos a quienes se les pretende dar pautas para protestar. Les dicen que solo deben reclamar por el agua y la luz, pero en demandas políticas son tratados como ciudadanos de segunda clase”, cuestiona.
Miriham Escalante, de la asociación Servicios Educativos Rurales (SER) en Puno, subraya que en las protestas, que continúan, hay una alta participación de las comunidades campesinas en las zonas rurales y de los transportistas y comerciantes en el ámbito urbano.
Diana Gamboa, decana del Colegio de Abogados de Ayacucho, cuestiona la falta dae entendimiento de la presidenta y del Congreso sobre las demandas de estos sectores ciudadanos.
En esa línea, enfatiza que la población tiene derechos políticos que se ejercen no solo cuando se acude a las urnas cada cuatro o cinco años. “Los derechos políticos están vigentes en todo momento. Los ciudadanos tienen legítimo interés de salir y convocar en virtud de sus demandas”, subraya.
Miriham Escalante cuestiona en este punto que, por el contrario, desde el Estado hay persecución política contra quienes lideran las movilizaciones.
Miriham Escalante considera que la encuesta última del IEP es evidencia de que las protestas sociales van a continuar. (“Ya han salido hacia Lima delegaciones de Juli y El Collao”).
En el marco del cuestionamiento al sistema, Carlos Herz hace hincapié en que la demanda sobre una asamblea constituyente ha crecido, pues hay poblaciones postergadas que cuestionan la legitimidad de origen de la actual carta magna y plantean un nuevo pacto social con mecanismos democráticos más participativos.
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Desde Arequipa, Walther Salas, director del Departamento Académico de Sociología de la UNSA, considera que un punto opacado en el debate público es la responsabilidad de los electores que también le dieron su voto a Dina Boluarte.
Pero no se trata de un aspecto aislado. Según apunta, el país vive una crisis mayor cuyo origen es el sistema de partidos. En el estadio actual, agrega, hay una crisis que debería conllevar al Congreso y al Ejecutivo a asumir que han fracasado: “Y cuando alguien fracasa, renuncia”.
Walther Salas, sociólogo (Arequipa)
“A los actores políticos les cuesta trabajo decir: Señores, hemos fracasado. Cuando alguien fracasa (con un 6% de aprobación), se va, renuncia; pero esa palabra no está en ellos y hay que ponerla”.
Diana Gamboa, abogada (Ayacucho)
“Exigir nuevas elecciones, nueva Constitución, la salida del Congreso y la renuncia de la presidenta por supuesto que tiene que ver con una idea común y una propuesta de salida pacífica a la crisis”.
Miriham Escalante, asociación SER (Puno)
“Las protestas del sur se agudizaron con los asesinatos en Andahuaylas y Ayacucho. Luego se dio la matanza en Juliaca. El dolor es profundo. No se puede entablar diálogo con quien ha matado a tu hijo”.
Carlos Herz, CBC (Cusco)
“Hay una reacción política en regiones postergadas, como Ayacucho, Apurímac o Puno, donde los pobladores se han sentido históricamente fuera de la toma de decisiones”.
Infografía - La República
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