En esta nota de LaRepublica.pe se analizan los claves para comprender el porqué hay tantos conflictos sociales en nuestro país., La semana pasada, la muerte de tres campesinos de la región de Apurímac durante un enfrentamiento contra la policía conmovió al país no solo por el dolor que causan estas pérdidas sino porque no es el primer caso. De hecho, de acuerdo con la ONG Oxfam, desde el 2006 hasta ahora las víctimas por conflictos socioambientales suman 131 fallecidos. Para comprender las causas de detrás de este fenómeno, LaRepublica.pe conversó con Iván Ormachea, presidente de la asociación civil ProDiálogo, especializada en la prevención y transformación de conflictos. PUEDES VER: Levantarán estado de emergencia en Apurímac a cambio de suspensión de protestas Cuando se evita la participación de las comunidades Ormachea es el primero en descartar las motivaciones de "antimineros" en el caso de las comunidades de Las Bambas. Para el especialista, los problemas comenzaron no con el rechazo del proyecto por parte de la población sino por la decisión del gobierno de no incluirlos en el diálogo. "Desde un inicio, y fui testigo de esto, las comunidades deseaban ser parte de la toma de decisiones y constantemente cuestionaban el mecanismo del fideicomiso [en donde negocian los alcaldes, el gobierno y la empresa]. Y eso nos da una pista que indica que las comunidades tenían una muy alta expectativa en torno a los beneficios a obtener del proyecto", afirma. Luego de que la figura del fideicomiso cambiara a través de una asociación civil llamada "Fondo Social Las Bambas", las negociaciones se agilizaron pero las comunidades, que seguían sin ser incluídas, demandaban rendición de cuentas. "La voz permanente de las comunidades era 'queremos saber cómo esta el proyecto, cuáles son los avances en cuanto al desarrollo a partir de este fondo social y cómo nosotros queremos participar'", explica Iván. La gota que rebalsó el vaso se dio cuando se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dejando varios compromisos pendientes y excluyendo a las comunidades de las negociaciones, lo que finalmente genera el conflicto que devino en los trágicos hechos del 29 de septiembre. No es inusual en nuestro país que se generen enfrentamientos entre los pobladores y la policía por temas de conflictividad sociambiental. Foto referencial: La República El problema de la representación En una reciente entrevista que revela la forma en que el gobierno central piensa, el ministro del Interior, Jose Luis Pérez Guadalupe, afirmó que "no deberían existir los Frentes de Defensa" y que el diálogo debería llevarse a cabo solo con las autoridades elegidas. "Yo creo que lo ideal sería que no sean los Frentes de Defensa quienes tengan una voz porque, es cierto, nadie los ha elegido y muchos de ellos no tienen una personalidad jurídica", concuerda Ormachea pero aclara que "estamos en un contexto en el cual los partidos políticos, que deberían ser las correas de transmisión de la voz del pueblo a los estamentos políticos, no existen". Ormachea explica que en muchos casos las autoridades elegidas han ganado las elecciones por mayoría simple y se han enfrentado a una férrea oposición por lo que para las comunidades estas no cuentan con la legitimidad necesaria para representarlos. Dicho de otra manera: la falta de una reforma política (que no fue apoyada en el Congreso) degenera en el actual sistema donde hay autoridades que no representan a nadie. "Los Frentes de Defensa muchas veces tienen esa poca legitimidad social de inicio pero la adquieren y se demuestra en el sentido en que son capaces de movilizar a la gente. Tienen un efecto de arrastre muy fuerte. Prefiero que estos actores tenga voz en los procesos porque el mismo diálogo, bien llevado, decanta las agendas de estos y otros actores", afirma. Diario La República Una frágil regulación ambiental Otro de los problemas clave que explican en gran medida los conflictos con las comunidades se refiere a la insistencia del gobierno por desregular los requisitos ambientales de los proyectos mineros. El experto en temas de conflictividad es muy claro al respecto al afirmar que "no es una buena decisión ni en el mediano, ni en el largo plazo". "Lo que se busca ante todo es promover las mejores condiciones para atraer la inversión en el país (...) Ayuda tener una legislación mucho más ejecutiva, permeable, pero en el tema de requisitos ambientales hay que ser muy cautos porque eso no es ningún negocio", explica. Pero el problema no se queda ahí: las críticas de Omarchea no se dan solo contra esta actitud del gobierno sino con el mecanismo de los Estudios de Impacto Ambiental. Solo basta recordar que en el reporte de la Defensoría del Pueblo hasta el mes de agosto, de 213 conflictos sociales, unos 142 fueron de tipo socioambiental. "Creo que hay una suerte de premura por captar, en este competitivo mercado de capitales, el mayor número de inversiones. Pero no creo que sea lo mejor hacerlo a partir de un instrumento que a lo largo de los años ha demostrado tener falencias. Me refiero a los Estudios de Impacto Ambiental", afirmó. La solución al problema Para el experto el mecanismo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debería ser diseñado pues tiene muchas inconsistencias en su estructura que generan problemas con las comunidades. "Conga, Tía María, este caso [Las Bambas] que no tienen que ver con la aprobación sino con la modificación del EIA demuestra que este instrumento no esta funcionando. No es participativo, no tiene credibilidad, no tiene legitimidad social. Quien lo realiza es una consultora contratada por la empresa y quien lo aprueba es la entidad que promueve la inversión minera", aclara. Asimismo es necesario afianzar los mecanismos de participación ciudadana para incluir a las comunidades afectadas y no solo dialogar con autoridades con mínima representatividad. "Las modificaciones al proyecto Las Bambas se difundieron, se entregaron panfletos y hubo reuniones, pero en realidad esos no son procesos de participación ciudadana, sino procesos de difusión. De comunicación más unilateral. Yo creo que esto mereció realmente una reunión importante con las comunidades. Aquí debería haberse aplicado el derecho a la consulta previa", afirma. Finalmente, la clave para resolver los conflictos sociales incluye la decisión del gobierno para entregar la información a las mismas comunidades, para prevenir antes de lamentar. "Debe haber una mayor disposición de todos los actores, desde el Estado hasta la empresa, por transparentar esta información y evitar que se genere la desconfianza(...) Habría que generar un mecanismo de mayor apertura para que las comunidades tengan mayor representación en estos espacios", finaliza. Cuando los pobladores no se sienten representados, protestan. Foto: La República ,
