En respuesta a lo manifestado por el viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, sobre la decisión de su sector de no crear el registro único de víctimas de esterilización forzada debido a que el caso está judicializado, la parlamentaria andina Hilaria Supa dirigió una carta al funcionario en la que señala la urgencia de levantar un Registro Nacional de Víctimas para acabar con la diversidad de cifras y datos que hay sobre el caso. Supa le indica que el Estado sí puede actuar para ejecutar este registro, el que debe ser suficientemente difundido y explicado. La legisladora refiere que ya se sabe que las víctimas fueron mujeres pobres, quechua-hablantes y analfabetas, pero que es necesario conocer quiénes son, de dónde proceden, dónde fueron esterilizadas y en qué condiciones. En otro párrafo, Supa explica al viceministro de Derechos Humanos que lo sucedido durante el gobierno de Alberto Fujimori no solo ha afectado la salud de las víctimas, sino a sus vidas familiares y de la comunidad en su conjunto. La parlamentaria andina se puso a disposición de Ernesto Lechuga para conversar y entregarle información que le permita estar mejor enterado sobre el caso.
