¿Qué es peor: la defraudación en Alianza Lima o el encarcelamiento de un inocente con evidencias a la vista? La pregunta plantea un falso dilema, pero viene a propósito de uno de los juicios de actualidad. Los jueces también juegan para la tribuna.El informante,Ricardo Uceda El caso de Renzo Chiri Márquez, secretario general del Ministerio de Defensa durante cinco años (2006-2011), y una de esas personas que a su paso suscitan el comentario “es un hombre honesto”, ilustra lo mucho que falta para que un juez deje de zurrarse en las garantías individuales. Cumple cuatro años de prisión desde el 22 de noviembre pasado. Su delito fue haber firmado, como secretario de actas elegido por una asamblea, que asistieron 286 personas. En realidad fueron 281. Claro que la cosa no es tan simple. Chiri forma parte de los socios de Alianza Lima sentenciados por irregularidades denunciadas durante la gestión de Guillermo Alarcón, quien presidiera el club entre 2009 y 2012. Alarcón está requisitoriado porque debe asistir a la lectura de su sentencia, que se adivina será condenatoria. Se le reclama fundamentalmente haberse aprovechado de los bienes institucionales. Pero a Chiri, aunque juzgado en el mismo proceso, jamás se le imputó el mal manejo de dinero o bienes. Lo encausaron por un supuesto delito derivado de registrar un falso número de asambleístas. Es necesario situarse en la antigua pendencia aliancista y en el ambiente de descrédito que envuelve a tantos dirigentes del fútbol. Una sentencia contra Alarcón y su grupo es aplaudida sin discriminar las situaciones. Por eso la jueza Judith Villavicencio, a cargo del expediente, pudo matar moscas a cañonazos y quedarse tan tranquila. El caso de Chiri quedó aún más oculto porque Alarcón logró ganar con estrépito una acción de hábeas corpus que se traía abajo todo el juicio. Dictada irrazonablemente en Ucayali, fue con prontitud revocada por el propio juez, luego de que fuera denunciado ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). En cambio pasó inadvertido el rechazo del hábeas corpus presentado por Chiri con motivos distintos. Allí no reivindicaba su inocencia –estos recursos no abordan la cuestión de fondo− sino una garrafal falla en el proceso: no le habían notificado la sentencia. ALIANZA Y LUCHA La asamblea, en suma, es la piedra angular del juicio contra Chiri. Se produjo la tarde del 3 de noviembre del 2009, cuando Alarcón encabezaba un directorio que se le había volteado. Resolvió apartar de la dirigencia a los socios de la oposición y nombrar otra junta afín al presidente. Los detractores de Alarcón también tenían ideas rupturistas. Por la mañana habían tomado el local del club y una vez dentro votaron para defenestrarlo. La policía, que en un comienzo los apoyó, terminó arrojándolos cuando verificó que no tenían facultades. Esta facción intentó varias veces legitimar sus acuerdos de aquel día ante los Registros Públicos pero fue rechazada por falta de requisitos. En cambio Alarcón sí pudo legalizar su asamblea de la noche. Dicho lo cual faltaría precisar que el fratricidio en Alianza Lima no comenzó con Alarcón. Venía de atrás y continúa hasta hoy. Iniciada en 2002, la presidencia de Alfonso de Souza Ferreira duró seis años y produjo tres campeonatos nacionales. En cierto modo era un reinado. No rendía cuentas, liquidaba a la oposición y terminó denunciado por varios grupos. En 2008 se dio licencia, asumiendo el interinato un hombre suyo, Carlos Franco. Cuando Franco llegó a un entendimiento con sus acusadores, Souza Ferreira retomó el liderazgo y organizó una elección bajo sus condiciones. Impedidos de postular, los opositores más conspicuos hicieron presidente a Alarcón. El club estaba estremecido por las deudas, por los juicios entre los socios, por la impunidad ante irregularidades. El colmo fue que desconocidos robaran la contabilidad del 2005 al 2008. Una vez en el poder, Alarcón no satisfizo a sus patrocinadores. Le atribuían no perseguir la corrupción de sus antecesores y manejar los asuntos económicos con informalidad. ¿Dónde estaban los millones restantes de la transferencia de Jefferson Farfán y Junior Viza? ¿Cómo se manejaba el dinero? Alarcón lo depositaba en cuentas privadas aduciendo que las del club estaban al alcance de la SUNAT. Cuatro años después, el juicio encaró a Alarcón por supuesto fraude administrativo y falsedad ideológica –lo de la asamblea– y a Chiri solo por esto último. La jueza, al resolver, metió a los dos en el mismo saco. ACTA CRIMINAL Al comenzar la asamblea Chiri fue nombrado secretario. Una elección circunstancial, con funciones limitadas al desarrollo de la misma. Al final suscribió un acta dando cuenta de los acuerdos y de la cantidad de asistentes. Más tarde, ante los Registros Públicos, el documento fue acompañado por listas de asociados que declaraban con su firma haber estado presentes en la reunión. Está probado que estas listas no fueron elaboradas por Chiri, quien tampoco tramitó su legalización, y que la responsabilidad de verificarlas recaía en un notario nombrado expresamente por la asamblea. Este notario nunca estuvo comprendido en el juicio. El hecho es que cinco de los 286 supuestos firmantes acreditaron que no estaban en Lima aquel 3 de noviembre del 2009. Hubo falsificación de cinco firmas, eso es innegable, pero la sindicación de su autoría a Chiri es arbitraria. Solo parece estar basada en que apoyaba la gestión de Alarcón. Lo hacía, en efecto, apasionadamente, bajo la creencia de que Alarcón debía librarse de una oposición que solo obstruía y no brindaba ningún aporte. Se requiere mucho más que eso para declararlo falsificador. La jueza cometió otro despropósito: culpó a Chiri de falsedad ideológica en documento público, penado con prisión de tres a seis años, algo que solo puede hacer un empleado del Estado en funciones. El acta de asamblea de un club como Alianza Lima es un documento privado, como lo sabe cualquier aprendiz de registrador. Alterarla la convierte en un acta criminal, pero ya bajo el delito de falsedad ideológica, que se castiga con una pena no mayor a cuatro años de prisión. Esto no servía para meter a la cárcel a Chiri. DERECHO AL REVÉS Hasta aquí, pésimo, pero nada sorprendente en el Poder Judicial. Es lo que ocurrió después lo que convierte el caso en siniestro. Por un lado, la jueza, al imponerle a Chiri cuatro años de prisión, pudo suspender el internamiento. Está en sus potestades, la ley lo establece, es una regla jurisprudencial. Había un montón de razones, y no solo a partir de la intachable carrera del inculpado como funcionario público (durante el juicio era asesor de OSIPTEL). Por ejemplo: el daño causado porque en la asamblea hubo más asistentes que los reales ni siquiera tuvo proporciones como para invalidar la reunión ni sus acuerdos. Pero la jueza no explicó en la sentencia por qué decidió prisión efectiva, y estaba obligada a ello. Por otra parte, el 22 de noviembre del 2013, cuando se leía la sentencia, la jueza iba corrigiendo el texto que después pasaba a una mecanógrafa y luego a la relatora. No había resolución, lo cual está prohibido por la Corte Suprema para un acto de lectura de sentencia. La norma impide que se lea una cosa en la audiencia, y que después –como ya ha pasado– aparezca otra pena, mejor o peor. Así, quien es juzgado es notificado de su sentencia en el mismo acto en que es leída. Y desde ese momento corren los diez días que la ley le da plazo para apelar. De lo contrario no hay sentencia válida. Chiri ingresó a San Jorge sin sentencia y recién le fue notificada al octavo día de encierro, con el tiempo justo para apelar. Cuando apeló, al mismo tiempo planteó una acción de hábeas corpus basándose principalmente en el artículo 2 de la Constitución: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez”. La jueza, requerida para declarar, se fue de licencia y no dio la cara. El magistrado a cargo señaló que ella había cometido una falta –está investigada por la OCMA– pero que Chiri igual debe seguir preso. Pareciera que el ánimo judicial fuera el mismo que el de un aliancista justiciero que opina en las redes sociales: –Chiri estaba con Alarcón. Entonces que se joda.
