Fiscal de Loreto, Isabel Quispe, tiene en sus manos investigación policial en la que vincula a hostal de la familia del parlamentario Víctor Grandez Saldaña. Con la denuncia, fujimorista dice una verdad a medias cuando afirma que la Comisión de Ética descartó su caso. Vigente.,Jonathan Castro. A los agentes de la División de Investigación contra la Trata de Personas de la Policía les tomó entre enero y junio del año pasado investigar e identificar una red de proxenetas, clientes y hostales que formarían parte del ilegal negocio de explotación sexual infantil en Iquitos, y en el que se encuentra también incluido el hostal Toro Bravo, de la familia del congresista fujimorista Víctor Grandez. El documento policial, de aproximadamente 400 páginas, está desde junio pasado en el despacho de la Segunda fiscalía mixta de Maynas. Según fuentes policiales consultadas, fue difícil realizar operativos en los que se pudiera hallar in fraganti a los proxenetas en el hostal de Grandez. Por ello, la Policía recogió la versión de los menores que mantuvieron encuentros sexuales en Toro Bravo. La denuncia policial acusa a proxenetas y clientes. La investigación podría ser ampliada por la fiscal mixta, Isabel Quispe, quien tiene el caso en sus manos. La República buscó comunicarse con ella para indagar por qué no ha hecho ninguna denuncia aún, sin embargo no contestó el teléfono. Para defenderse de la acusación de estar vinculado a un hotel en el que se ejerció el abuso sexual infantil, el parlamentario fujimorista Víctor Grandez ha repetido que esa denuncia ya fue archivada por la Comisión de Ética en diciembre pasado. Pero lo que afirma es tan solo una verdad a medias. Lo que la Comisión archivó en la sesión del 10 de diciembre fue una denuncia sin fundamentos presentada por el ciudadano Juan XXIII Santillán Mozombite. En la acusación, presentada el 5 de julio del año pasado, Santillán denunció que Grandez estaba metido en delitos de tráfico de tierras, proxenetismo en tres locales (hospedajes Toro Bravo, Afrodita y Tania), entre otros varios casos en los que no presentó mayores pruebas. Al mes siguiente, Santillán se retractó y pidió que se retire la denuncia de la Comisión de Ética aduciendo que la presentó cuando se encontraba con los efectos del alcohol y que había sido inducido por adversarios políticos de Grandez Saldaña. Entonces, la Comisión de Ética archivó la denuncia porque no se habían cumplido los requisitos establecidos en el Código de Ética Parlamentaria y el Reglamento de la propia comisión. No tocaron el tema de fondo: los vínculos entre el fujimorista Víctor Grandez y el proxenetismo. La investigación publicada ayer por INFOS en La República da cuenta de nuevos elementos a los que no tuvo acceso la referida comisión al momento de archivar el caso, como la investigación realizada por la División de Investigación contra la Trata de Personas de la Policía. Sobre el caso el presidente de la comisión de Ética, Humberto Lay, prefirió guardar silencio. En cambio, tres integrantes del mismo grupo se manifestaron a favor de que el caso sea investigado. El parlamentario Michael Urtecho (Solidaridad Nacional) indicó que no hay otra opción que investigar la denuncia e incluso debería hacerse de oficio. "Ameritaría investigar y establecer qué complicidad y vínculos tiene en el tema", aseveró Urtecho. Manifestó que es lamentable que se haya presentado casos de congresistas vinculados al proxenetismo. Por su parte, el nacionalista Sergio Tejada anunció que hoy solicitará que se abra investigación contra Grandez en Ética. Mientras, el vicepresidente de la comisión Juan Castagnino indicó que se debería actuar de oficio. Para ello, conversará con el titular del grupo parlamentario, Humberto Lay. CONFIRMACIÓN Sobre el ingreso de menores de edad al establecimiento de su familia, Grandez aseveró que "posiblemente la mala administración ha hecho que suceda este tipo de casos, no solo ahí sino en otras partes. Pero definitivamente yo conversé con mi hermano para que trabajara lo más correcto posible, cumpliendo las leyes y cuidando a los menores de edad". Grandez aceptó que el negocio es de su familia, de propiedad de su madre y que es administrado por su medio hermano, Marco Antonio Moreno Saldaña. "Particularmente no tengo nada que ver, al contrario, estoy muy agradecido de mi familia que me ha ayudado bastante", expresó. En una carta que Grandez envía a esta redacción, menciona que no tiene lógica que conozca las actividades del hotel en cuestión, puesto que su madre, doña Rosa Saldaña Vargas, es la propietaria. Lo que no menciona es que él fue gerente de la empresa Producciones y Negociaciones Acuícolas Toro Bravo –también de propiedad de su madre de actualmente ochenta años–, domiciliada, según la Sunat, en la misma dirección que el polémico hostal, Av. Guardia Civil 679, Maynas. Todo indica que el parlamentario emprende negocios que pone a nombre de sus familiares. Su medio hermano es dueño de la empresa Constructora GS (iniciales de los apellidos del congresista). En ella, Grandez solo fue gerente. El local tenía la misma dirección que los otros negocios. El fujimorista afirma que la denuncia es un 'refrito', cuando estos nuevos elementos que lo salpican no han sido expuesto por ningún medio antes. LEGISLADOR EVADE PRINCIPAL PUNTO El congresista Víctor Grandez no responde por el principal indicio que lo vincula como dueño del Hostal Toro Bravo, ni en la carta remitida a este medio, ni en la nota de prensa que su despacho emitió. En el 2010, el fujimorista ofreció el hostal –que según él no le pertenece– como parte de la garantía para solicitar un préstamo agropecuario del Gobierno regional de Loreto. El préstamo se le realizó sin mayores inconvenientes. En otro de sus argumentos, Grandez señala que la investigación se basó en testimonios de "dudoso comportamiento" y solo "delincuentes", sin considerar que fueron tomados el documento del Ministerio Público, como en el que solicita cárcel para Javier Gallardo Lachuma, por el delito de violación sexual a una menor de edad de tan solo 13 años. Cabe recordar que durante la campaña electoral, el fujimorista fue encarcelado por el delito contra la administración pública.
