Fue el 13 de junio, en audiencia para escuchar los argumentos de procesados que apelaron la sentencia. Las ONG de DDHH presentarán video ante el CNM.Parcialidad.,María Elena Castillo. Organismos de derechos humanos presentarán hoy ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) una serie de pruebas sobre la falta de imparcialidad del presidente de la Sala Penal Permanente, Javier Villa Stein, y de la inconducta funcional de todos sus miembros al dictar una sentencia favorable al Grupo Colina. Una de estas pruebas consiste en el video de la audiencia del 13 de junio pasado, en la que el coronel (r) Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, sindicado como jefe del Grupo Colina, pidió al tribunal que le confirme la sentencia condenatoria. En su exposición el militar negó los cargos, aseguró haber sido víctima de una persecución, aunque admitió haber colaborado con 250 soles para la constitución de la empresa COMPRANSA, institución de fachada para el accionar de este grupo militar, afirmando que lo hizo de buena fe. "Por lo expuesto, señor presidente y señores vocales, pido a esta respetable Sala se confirme mi sentencia", dijo. Entonces, uno de los jueces le preguntó si estaba absuelto. "No, señor. (Solicito) se me confirme la sentencia de condena", reafirmó. Ante su respuesta, Villa Stein le indicó que probablemente estaba nervioso. Pero al escuchar a su abogada informar que había sido condenado a 15 años de prisión, refirió: "Usted pide haber nulidad en la sentencia, reformándola para que lo absuelvan". Sin embargo, el militar ratificó su deseo de que le den por consentido el fallo, agregando: "si es petitorio de la Sala mi absolución, la recibo". ¿JUEZ O DEFENSOR? Uno de los vocales le explicó que la Sala no podía pedir nada para él, aclarándole que él pide y el tribunal resuelve. "Entonces, lo que yo solicito es que me confirmen...", intentó repetir Rodríguez Zabalbeascoa, siendo interrumpido por Villa Stein, quien –cual abogado defensor– le dijo: "Que no le suban la pena para poder hacer uso de beneficios penitenciarios...". El ex jefe de los Colina le respondió: "Dr., usted es más inteligente. Yo creo que es así". Su abogada aclaró que él no impugnó la sentencia de 15 años que le impusieron, y que solicitó la palabra ante la apelación de la Fiscalía. Al escucharlo, Villa Stein vuelve a recomendarle: "Correcto, pero si usted no tuviera nada que ver en los hechos materia del juicio, aun cuando no ha recurrido, se le podría absolver en aplicación del artículo 301 del Código Procesal". Entonces, como si se hubiera dado cuenta de sus palabras, Villa Stein le indicó al ex agente Colina que esa hipótesis la estudiarán en su momento, pero que "no capitule antes de tiempo". Ante lo cual, otro vocal acotó: "Ni agradezca antes de tiempo porque nosotros no hemos resuelto nada". En esta misma audiencia, Villa Stein se mostró condescendiente con el general (r) Juan Rivero Lazo, ex director de Inteligencia, que pretendía convencer a la Sala que figuraba como socio de COMPRANSA porque Pichilingüe le pidió que firme el libro de acciones como una garantía por los mil soles que le prestó. Tras ayudarlo a precisar las respuestas que dio a los demás vocales, le preguntó: "¿Alguna ONG se preocupó por la demora en su juicio?". Una pregunta, sin duda, poco imparcial. LOS ABOGADOS DE LAS VÍCTIMAS LOS DENUNCIARON POR LESA HUMANIDAD Otra de las pruebas que presentarán los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas del Grupo Colina, son una serie de documentos que desmienten la sentencia de la Sala Villa Stein y demuestran que desde un inició se denunciaron los crímenes como delitos de lesa humanidad. El primero de ellos es el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentado el 7 de diciembre del 2000, denunciando los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta, Pedro Yauri y el Santa, calificando la desaparición forzada, homicidio y la tortura a la que el Grupo Colina sometió a sus víctimas como delitos de lesa humanidad. En marzo y abril del 2001, los abogados de la parte civil presentaron documentos al Ministerio Público con el mismo tenor. En el 2002, el fiscal Richard Saavedra emitió una resolución que asegura que se trata de crímenes de lesa humanidad, argumentando la tipificación en los estándares internacionales del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, vigente a la fecha. Estos y otros documentos muestran que los acusados sabían desde el inicio que eran enjuiciados por ese delito.
