Sala Civil sostiene que acción penal prescribió en 1997 y ley de contumacia no es retroacti

Archivan definitivamente juicios contra Alan García: Sala Civil sostiene que acción penal prescribió en 1997 y ley de contumacia no es retroactiva. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dio por concluido ayer definitivamente los juicios contra el ex presidente Alan García Pérez, al declarar prescritos los cargos que se le imputaban sobre presunto enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación ilícita y cohecho patrimonial, cometidos supuestamente entre 1985 y 1990. El tribunal civil, que para este caso es el equivalente de una Sala Penal de Corte Suprema y por tanto última instancia, consideró que la acción penal prescribió a los siete años y medio de ocurridos los hechos, es decir, en julio o agosto de 1997, de acuerdo con la legislación vigente en aquella época. Con anterioridad, en enero de este año, la Corte Suprema había declarado inaplicable al ex presidente García la ley de contumacia, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que impidió durante estos años que se declaren prescritos los cargos contra el ex presidente. La ley aplicable al caso García señalaba que la prescripción de cualquier delito regía cinco años más la mitad de cometidos los supuestos actos ilícitos. La ley actualmente en vigencia es más drástica a este respecto, se establece en un tiempo igual al máximo de la pena para el delito cometido, más la mitad. En este caso, la prescripción recién se hubiera computado a los 15 años, el 2005, pero la ley no es retroactiva en estos casos y se tuvo en cuenta la norma anterior. García Pérez tenía dos juicios pendientes que ahora se archivan definitivamente. Uno por supuesto desbalance patrimonial y el otro es el de las supuestas comisiones ilegales por el tren eléctrico de Lima. En ambos procesos pendientes, el ex fiscal de la Nación Miguel Aljovín solicitó en 1997 una pena de 10 años de prisión para el ex presidente García. El primer proceso se inició en 1992, tras reabrirse la investigación contra García por el depósito de las reservas monetarias peruanas en el BCCI, la compra-venta de los aviones Mirage y presunto desbalance patrimonial. El segundo juicio comenzó en 1995, luego que el ex representante en el Perú del consorcio italiano Tralima Sergio Siragusa acusara a García de soborno.