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El Comando Paramilitar Rodrigo Franco sí existió, concluye el Poder Judicial

Tras 35 años de proceso, el Poder Judicial concluye que el Comando Rodrigo Franco existió y estuvo vinculado al Ministerio del Interior y al primer gobierno de Alan García Pérez. Además, fue responsable del asesinato extrajudicial de un abogado y dos dirigentes mineros. Se ratifica la sentencia condenatoria a Jesús Ríos, Jorge Huamán y Gino Fiori.

Palacio de Justicia confirma existencia del Comando Rodrigo Franco
Palacio de Justicia confirma existencia del Comando Rodrigo Franco

El Poder Judicial declaró probada la existencia del Comando Rodrigo Franco como un organismo paramilitar vinculado al primer gobierno aprista, responsable de la ejecución extrajudicial del abogado Manuel Febres Flores, el 28 de julio de 1988, y del dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní y la lideresa social Consuelo García Santa Cruz, el 13 de febrero de 1989.

En este contexto, por unanimidad, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia que, en abril de 2022, condenó a Jesús Miguel Ríos Sáenz, Jorge Mauro Huamán Alacute y Gino Fiori Gonzales por delitos de secuestro y homicidio calificado, a la pena de 15 años de prisión, que se ejecutará una vez que sean ubicados y capturados.

Concluye así un histórico proceso judicial que ha tardado más de 35 años en resolverse de forma definitiva. La existencia del Comando Rodrigo Franco siempre fue negada por el Partido Aprista y el gobierno del fallecido expresidente Alan García Pérez.

En el veredicto judicial, fechado en agosto de 2026 pero recién notificado a las partes, se concluye:

"Ha quedado acreditada la existencia del autodenominado Comando Democrático Rodrigo Franco como aparato clandestino integrado por efectivos policiales y civiles vinculados al partido de gobierno (el Apra en aquel entonces, a través del fallecido exministro del Interior, Agustín Mantilla)".

"Debemos tener en cuenta -precisan los jueces- que dicha organización actuó conforme a un patrón regular consistente en la selección de blancos del entorno subversivo, sindical u opositor, su ejecución extrajudicial y la colocación de un elemento de falsa atribución".

Ni prescripción ni amnistía

Una de las primeras audiencias del largo juicio público a los presuntos integrantes de Rodrigo Franco

Los jueces rechazaron los pedidos de prescripción, amnistía y absolución planteados por las defensas.

Así, resolvieron declarar inaplicable la ley 32107 para proceder a aplicar el control difuso sobre prescripción de delitos de lesa humanidad al verificar que la sentencia del Tribunal Constitucional con los que se pretendió constitucionalizar dicha norma solo alcanzó cuatro y no los cinco votos requeridos para declarar su constitucionalidad.

En este sentido, los jueces ejercieron control de convencionalidad y constitucionalidad e inaplicaron la referida ley conforme al derecho a la verdad y los tratados internacionales.

Igualmente, inaplicaron la ley 32419, que concede amnistía a los miembros de las FF. AA., policías y funcionarios procesados por violaciones a los derechos humanos, por los mismos argumentos jurídicos considerados al desestimar la ley 32107. Además, consideraron las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del TC que establecen que una amnistía impide el acceso a la justicia y la protección judicial.

La máxima instancia judicial del país reafirmó que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad emana de normas imperativas del derecho internacional consuetudinario preexistentes al Estatuto de Roma (2002) y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad. 

Asimismo, aclaró que "lesa humanidad" no es un tipo penal autónomo que vulnere el principio de legalidad, sino una calificación contextual que se superpone a delitos ya tipificados en el Código Penal de 1924 (secuestro y homicidio calificado).

Los hechos

Sentencia de la Corte Suprema en caso Rodrigo Franco

La sentencia subraya que entre los años 1986 y 1990 existió un grupo paramilitar denominado Comando Rodrigo Franco, vinculado a funcionarios del Ministerio del Interior y a efectivos de la Policía Nacional, que actuaba al margen de la ley bajo el liderazgo de Agustín Mantilla Campos, con Jesús Ríos Sáenz conocido como 'Chito Ríos' como jefe operativo.

Los jueces establecen que Jesús Ríos Sáenz, Jorge Huamán Alacute y Gino Fiori Gonzales participaron en el secuestro y asesinato de Manuel Febres Flores, en ese momento abogado de Osmán Morote Barrionuevo e integrante de la Asociación de Abogados Democráticos.

Febres fue interceptado en la intersección de las avenidas Larco y Benavides cuando compraba periódicos. "El agraviado fue introducido en un vehículo y trasladado por la carretera Central al local de la Dinoes, ubicado en el ex-Fundo Barbadillo, y luego al campo de tiro del Ejército situado debajo del puente de La Herradura, donde fue asesinado por sus captores con armas de fuego, quienes abandonaron su cuerpo a unos veinticuatro metros de la entrada del túnel de La Herradura", precisa el veredicto.

El asesinato fue reivindicado a través de un comunicado firmado por el Comando Rodrigo Franco que fue distribuido a los medios de prensa, al día siguiente del asesinato del abogado de Morote.

En tanto, se estableció la participación de Ríos Sáenz en el secuestro y asesinato de los dirigentes mineros: Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García fueron secuestrados cuando se encontraban en las inmediaciones del Parque Universitario. Les cubrieron el rostro, los amordazaron y emarrocaron y los trasladaron hasta la playa de estacionamiento del parque zonal Huiracocha, donde los mataron a balazos.

Durante las audiencias públicas, "Chito Ríos" admitió que fue informante o colaborador clandestino sobre temas de Sendero Luminoso de un organismo de inteligencia del Ministerio del Interior, al que denominó Digemin.

Las investigaciones del Ministerio Público no lograron identificar a todos los integrantes del referido comando paramilitar ni probar todos los crímenes que se les atribuyen. Los testigos indicaron que el grupo empezó a operar en Huancayo, tras el asesinato de estudiantes por Sendero Luminoso.

Luego, habrían sido captados por el entorno de Agustín Mantilla, en cuya seguridad trabajaban estudiantes vinculados al Comando Universitario Aprista y la Alianza Revolucionaria Estudiantil en la Universidad Garcilaso de la Vega.

Al juicio público comparecieron y fueron absueltos Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yacila, Óscar Urbina Sandoval y Juan Pampa Quilla. El proceso contra Agustín Mantilla se archivó tras su fallecimiento.

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