
El diputado Víctor Piñán, vocero de OBRAS, presentó un proyecto de ley que propone incorporar el artículo 183-C al Código Penal para sancionar con penas de hasta ocho años de prisión a los responsables de difundir imágenes, mensajes o audios obscenos y pornográficos durante el horario familiar en medios de comunicación.
La iniciativa legislativa plantea que el director, editor o responsable de las publicaciones o ediciones que autorice la difusión de este tipo de contenidos sea reprimido con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años. En caso de reincidencia, la sanción aumentaría a entre cuatro y ocho años de prisión.
En la propuesta se incluye a distintos medios de comunicación social, entre ellos diarios, revistas, afiches, paneles, volantes, radio y televisión. También incluye cualquier otro medio que produzca un efecto de comunicación similar.
Para determinar una eventual responsabilidad, deberá considerarse la naturaleza del servicio y la participación directa de quienes autorizan o deciden la publicación.
La propuesta no establece multas económicas ni sanciones administrativas para las empresas de comunicación. Su mecanismo central es la incorporación de una nueva figura de responsabilidad penal en el Código Penal.
Como argumento, Piñán sostiene que la exposición de menores a contenidos sexuales explícitos debe analizarse considerando su edad, grado de madurez y las circunstancias en las que se produce. En esa línea, sostiene que el Estado debe adoptar medidas para prevenir situaciones que puedan afectar su integridad y desarrollo.
La iniciativa también hace referencia al crecimiento del acceso a Internet y al uso de dispositivos tecnológicos desde edades tempranas. Como sustento, cita el informe Estado de la Niñez y Adolescencia, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 8 de septiembre de 2026, según el cual el 90,2% de la población de niños y adolescentes analizada accede a Internet mediante teléfonos celulares.
La iniciativa reconoce que la regulación de contenidos difundidos por los medios de comunicación debe considerar el derecho a la libertad de información, opinión y expresión.
En ese sentido, el documento señala que la propuesta no pretende establecer una prohibición general de contenidos de naturaleza sexual ni restringir la difusión de información con fines educativos, científicos, culturales, artísticos o periodísticos.
Asimismo, advierte que una regulación que no precise qué contenidos están prohibidos y quiénes son responsables podría generar dudas en los medios de comunicación y afectar innecesariamente la libertad de expresión e información.
Por ello, plantea que la aplicación de las sanciones respete los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Finalmente, el proyecto señala que su implementación podría generar costos adicionales para el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el sistema penitenciario, debido a las investigaciones y procesos penales que se iniciarían.

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