Caso Sodalicio: ONU Derechos Humanos advierte que procesos judiciales contra Paola Ugaz fueron una forma de castigo

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que los procesos judiciales contra la periodista Paola Ugaz, por sus investigaciones sobre el Sodalicio, se convirtieron en una forma de castigo.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el artículo publicado este 2 de noviembre describió ocho años de denuncias, investigaciones fiscales, amenazas y campañas de desprestigio contra la comunicadora.

El hostigamiento comenzó a tomar forma en 2018, cuando Ugaz viajó de Lima a Piura para responder a una denuncia por difamación presentada por el arzobispo de la región, integrante de la generación fundadora del Sodalitium Christianae Vitae. El religioso exigía una reparación cercana a los 50 mil dólares por las publicaciones de la periodista sobre la organización católica.

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Durante 2019, la comunicadora afrontó más de cinco procedimientos judiciales y recibió alrededor de 30 cartas notariales. También fue investigada por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, soborno, falso testimonio y tráfico de influencias. A estos procesos se sumaron amenazas de muerte e insultos en redes sociales.

Ugaz contó que los ataques también alcanzaron su apariencia física, inteligencia y vida privada. En su cuenta de Instagram recibió una amenaza: "Te haremos desaparecer a plomo". La periodista explicó que las demandas afectaron su vida cotidiana porque debía dedicar tiempo a acudir a tribunales y fiscalías, preparar documentos y coordinar su defensa legal.

Jane Anttila, jefa de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú, sostuvo que los ataques contra Ugaz no fueron hechos aislados.

El seguimiento de la institución permitió identificar un patrón de hostigamiento, estigmatización y criminalización que, según advirtió, también puede involucrar a actores privados con poder económico, político, religioso o mediático.

Acoso judicial contra Paola Ugaz también afectó a su familia

Las investigaciones de Ugaz sobre el Sodalicio comenzaron junto con el periodista Pedro Salinas. En 2015, ambos publicaron 'Mitad monjes, mitad soldados', libro que reunió testimonios de una treintena de personas sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y espirituales dentro de la organización. Un año después, cuando la periodista empezó a publicar información sobre su gestión financiera, aparecieron nuevas acusaciones en su contra.

Según el testimonio de Ugaz, algunos medios de comunicación publicaron versiones que la vinculaban con una supuesta red de lavado de dinero y tráfico de uranio. Posteriormente, esas publicaciones fueron presentadas ante la Fiscalía y dieron paso a investigaciones. La periodista sostuvo que varios de esos procedimientos continuaban abiertos.

Otro episodio ocurrió en septiembre de 2024, cuando Ugaz conoció que un juez había levantado la confidencialidad de sus comunicaciones entre 2013 y 2020. La medida, que había sido autorizada desde 2023 y permaneció en secreto, comprendía siete años de información privada. La periodista advirtió que durante ese periodo las víctimas del Sodalicio habían compartido con ella sus testimonios de manera confidencial.

El informe también expuso los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas y sus familias. Ugaz relató que, durante uno de los procesos que ganó, la otra parte había publicado el colegio al que asistían sus hijos. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y de la Federación Internacional de Periodistas, sostuvo que los ataques contra las mujeres suelen dirigirse a su intimidad y entorno familiar, en lugar de cuestionar directamente sus investigaciones.

Desde 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró 485 incidentes contra trabajadores de medios de comunicación en Perú, con 629 víctimas. Además, documentó el asesinato de cuatro periodistas durante 2025.

La institución impulsó la incorporación de Ugaz al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, que le otorgó garantías de protección. Sin embargo, Anttila advirtió que todavía faltan recursos y herramientas para responder cuando los posibles agresores pertenecen a las propias instituciones públicas.