
A días de cumplir un año en el cargo, Óscar Arriola renunció como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), por la crisis de inseguridad ciudadana. Arriola anunció que dejará oficialmente el cargo en los próximos días y que será reemplazado por Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP. El saliente comandante general registra un récord de 169 homicidios solo en el mes de agosto, según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).
“En los próximos días me relevaré del cargo como comandante general de la PNP por el general Fredy López Mendoza. A mis hermanos policías les digo que pueden decir muchas cosas, pero les pido nunca desfallecer”, dijo Arriola. Cerró su mensaje agradeciendo a Keiko Fujimori y a los expresidentes José María Balcázar, José Jerí y Dina Boluarte. “Me voy con la conciencia absolutamente limpia y la frente muy en alto”, sentenció.
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros del gabinete fujimorista, agradeció a Arriola y respaldó su gestión frente a las críticas por la falta de resultados. Señaló que contaba con una trayectoria “meritocrática”.
Horas antes de su dimisión, Óscar Arriola enfrentaba el mayor rechazo en lo que va de su gestión, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo.
Pese a ello, el oficial aún no mostraba intención de renunciar al cargo, siendo esta la única puerta para su salida, debido a la ley que impide su remoción antes de los dos años. Desde el fujimorismo recibió un respaldo mayoritario, salvo por el ministro Juan Sheput quien aseguró estar dentro de los que “desde hace meses pide su salida”.
Opiniones muy distintas tuvieron los ministros Vinelli, Beingolea y Astudillo, que no desmarcaron de su gestión. La propia Keiko Fujimori tampoco le pidió públicamente la renuncia como gesto político, sino que le cedió la responsabilidad a su ministro del Interior.
JP presentó hasta dos proyectos ley que buscan modificar el Decreto Legislativo N.º 1267, disposición que indica que el jefe de la Policía debe cumplir dos años de servicio en el cargo antes de ser retirado.
Ambas iniciativas sostienen que el régimen vigente es demasiado rígido. Según sus autoras, se ha convertido en una “inamovilidad” que impide remover al jefe de la PNP aunque haya perdido idoneidad, sin que medie necesariamente un delito, falta muy grave o incapacidad física.
Andy Zeballos, magíster en Lucha Anticorrupción y Estado de Derecho, situó el caso Arriola dentro del escenario de inseguridad “más crítico en las últimas décadas”. “Hay responsables institucionales, el primero es la PNP, liderada por Arriola, quien ya cumple más de un año como general de la PNP, y que en lugar de mostrar resultados positivos en la población, está demostrando lo contrario”. El especialista fue más allá al señalar indicios de vínculos entre policías y estructuras criminales.
“Se ve una supuesta complicidad de la policía con grupos sicarios, narcoterroristas en Madre de Dios, el caso de supuestos policías extorsionando a comerciantes, eso da cuenta de un alto grado de corrupción”, señaló.
Para Zeballos, sostener a Arriola en el cargo “es un error político, un error de imagen, un error a nivel de gestión de la policía por los resultados”.
En esa misma crítica, el politólogo Alejandro Mejía, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, apuntó a la falta de autocrítica del fujimorismo frente a una ley que ellos mismos impulsaron. “El problema principal reside en que Fujimori y Fuerza Popular no reconocen su responsabilidad política al haber promovido y respaldado iniciativas de este tipo durante el gobierno de Castillo, que ahora se presentan como candados legales que les impide reorganizar la cúpula de la PNP”, sostuvo.





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