El Ejército usa recursos de la minera Poderosa en Pataz

Ante los ocho aportes por un total de S/1 millón 480 mil que recibió de la presidenta del directorio de la minera Poderosa, Evangelina Arias Vargas, el excandidato presidencial y ministro de Defensa en ejercicio, Rafael Belaunde Llosa, negó que su despacho concediera un trato diferente a la empresa aurífera instalada en Pataz (La Libertad).

El ministro justificó ante la presencia de efectivos del Ejército en el área de influencia de la minera Poderosa: “El estado de emergencia en Pataz es para combatir a las organizaciones criminales que se han instalado ahí, como ‘Los Choneros’, el ‘Comando Vermelho’, el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Gallegos’”. Y añadió: “Los problemas que tenga minera Poderosa en Pataz con los mineros informales es un asunto entre ellos”, indicó en una entrevista con Radioprogramas.

Lo cierto es que más de 500 efectivos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por elementos del Ejército y la Policía Nacional, usan las instalaciones de la empresa minera Poderosa, como constató La República.

El ministro Belaunde asegura que el Ejército no resguarda los campamentos de la minera, sin embargo, una investigación de este periódico confirmó que desde el primer día que se formó el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), el alto mando y todas las patrullas se instalaron en los campamentos de las localidades de Vijus, Santa María y Hualanga, de propiedad de la minera Poderosa.

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Fuentes con conocimiento en el tema, indicaron a este diario que el Comando Unificado Pataz no contaba con un cuartel y tampoco disponía de ambientes para albergar a todo el personal asignado por el gobierno de Dina Boluarte en la provincia de Pataz, el 9 de mayo de 2025. Desde el principio las fuerzas del orden apelaron a las instalaciones de la minera Poderosa. Es más, el 10 de mayo de 2025, Boluarte, acompañada de sus exministros, visitó el campamento minero de Hualanga, de propiedad de Poderosa, con la finalidad de supervisar los trabajos del Comando Unificado Pataz.

Los sucesivos gobiernos de José Jerí y José María Balcázar no cambiaron dicho estatus. Y lo mantiene hasta hoy la presidenta Keiko Fujimori, quien designó como ministro de Defensa, a Rafael Belaunde Llosa, un político cuya candidatura presidencial fue financiada por la dueña de Poderosa.

Precisamente, La República tuvo acceso a imágenes recientes del campamento de Hualanga, que pertenece a la compañía minera Poderosa. Se aprecia que cientos de efectivos del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, que son parte del CUPAZ, forman con sus respectivas armas de reglamento en una explanada, donde reciben instrucciones de sus superiores. Esta rutina se repite todos los días y se intensifica cada vez que los militares salen a realizar sus operativos.

Los efectivos del CUPAZ desayunan, almuerzan, cenan, duermen y utilizan las camionetas 4x4 de la empresa Poderosa. Es decir, las fuerzas del orden utilizan toda la logística de una compañía privada de la minería aurífera que, a cambio, recibe seguridad. Incluso los helicópteros del Ejército operan en la pista de la compañía minera para desplegar a las tropas.

En una de las imágenes obtenidas se observa a miembros del Ejército y de la Diroes haciendo fila para ingresar a los comedores de Poderosa, junto con los trabajadores de la minera. Y en otra se les ve sentados en el interior compartiendo el mismo menú. Todo lo contrario a lo que arguye el ministro de Defensa.

“Los altos mandos, como el resto del personal del CUPAZ, duermen, comen y se transportan en las camionetas de la minera. Hasta el agua que beben y la luz lo paga Poderosa”, confirmaron las fuentes.

“Aquí en Pataz sabemos que Poderosa financia las operaciones del CUPAZ contra los mineros artesanales que trabajamos formalmente en los socavones”, indicaron otras fuentes.

Si la minera Poderosa financia y provee la logística y el rancho a los miembros del Comando Unificado Pataz, ¿a dónde va el presupuesto asignado por el Estado para las operaciones contra la minería ilegal y la criminalidad en la zona donde opera la empresa de la señora Evangelina Arias Vargas?

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Durante varios días La República solicitó al despacho del ministro Rafael Belaunde una explicación sobre lo que sucede en Pataz -y que es materia de una interpelación-, pero no hubo respuesta.

Por su parte, la empresa Poderosa confirmó que, efectivamente, el Comando Unificado Pataz utiliza sus instalaciones, al igual que todo su personal.

“La colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía no tiene ingerencia, dirección y control alguna de la compañía en las decisiones u operaciones de las fuerzas del orden, ni en el ejercicio de sus funciones”, dijo a este periódico un vocero de la oficina de comunicaciones de la empresa Poderosa.

“Las facilidades otorgadas al Comando Unificado Pataz no generan pago, contraprestación, beneficio económico ni transferencia de recursos a favor de Poderosa, por lo que no constituye ningún servicio remunerado”, añadió la compañía aurífera.

En 2025, Poderosa nombró como jefe de seguridad al general de Brigada del Ejército en situación de retiro Carlos Romero Von Bancels. Desde entonces la influencia del instituto castrense ha crecido en Pataz, lo que se ha repotenciado con la instalación del CUPAZ. La presencia militar ha generado enfrentamientos con la Policía Nacional.

El 21 de abril del 2026, la Policía detuvo a Jeiyer Otiniano Vásquez, involucrado en el asesinato del pequeño empresario Jolvi Rodríguez Calderón. Otiniano era chofer de una camioneta en la que se movilizaba el comandante EP Rómulo Silva Olivos, el tercero en la línea de mando del CUPAZ. Silva presionó para que liberaran a Otiniano. La relación es más que evidente.

Otro hecho escandaloso es la captura del jefe de Inteligencia del CUPAZ, capitán EP Gary Chiroque Barreno, acusado de extorsionar con cinco mil soles al empresario Eduardo Varas Briceño a cambio de darle seguridad a uno de sus negocios en Pataz.

El capitán Chiroque fue atrapado infraganti con un fajo de billetes, el 18 de junio por la Policía de Chagual. El oficial, había estado reunido minutos antes con el coronel EP José Avellaneda, jefe de operaciones del CUPAZ al interior de un restaurante cerca al lugar de la intervención policial.

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La influencia militar en la zona conflictiva

El 11 de abril de 2026, cuatro agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo fueron intervenidos por una patrulla del CUPAZ, que los acusó falsamente de extorsionar con S/40 mil a una pareja que transportaba un cargamento de explosivos.

Los policías fueron presentados en conferencia de prensa como extorsionadores relacionados con los mineros ilegales, una situación que era completamente falsa. Las dos personas implicadas fueron liberadas por los militares.

Dato

Incidente. El jefe de Inteligencia del CUPAZ, el capitán EP Gary Chiroque Barreno, fue detenido por extorsionar a un empresario en Pataz, el 18 de junio de 2026.

Argumento. Chiroque alegó que se trataba de una operación encubierta para identificar extorsionadores. Pero el empresario entregó evidencia que demostraba que lo dicho por el militar era falso. Sin embargo, se le dio libertad mientras duren las investigaciones.