Delia Espinoza: "Quieren demoler, deprimirme, destruirme psicológica y emocionalmente"

Por: Rosa María Palacios.

La señora María Teresa Cabrera ha emitido un informe en el caso de Alejandro Soto y dice que usted prolongó indebidamente la investigación al señor Alejandro Soto y que se reunió con él.

Oh, qué terrible.

Él, como presidente del Congreso, y usted como fiscal de la Nación. Yo lo sé, pero ahí está

Bueno, entonces, ¿qué hacen todos los fiscales y jueces ahí todavía trabajando? ¿Deberían destituirlos a todos? No, porque se demoran injustificadamente, algunos de ellos, no todos. En el caso mío no es que me he demorado. Además, el señor se va ante ellos cuando ya había sido denunciado constitucionalmente por mochar sueldo.

O sea, él quiso vengarse a través de su Junta Nacional de Justicia. Él debió antes haber agotado lo que se llama el control de plazo, es decir, ir ante el juez y decirle: "Esta señora se está demorando en mi investigación." Y con eso, normalmente se corregía, si es que se hubiera tenido que corregir. Pero él no, él nunca observó nada, nunca se quejó.

Años después se presenta ante la Junta Nacional de Justicia, ¿no?

Se presenta poco después del archivo que logró, obviamente blindado por sus compañeros del Congreso. Y para vengarse de mí, recurre de manera totalmente absurda ante la Junta Nacional de 'Injusticia', y ellos, muy solícitos, me abren la investigación y le agregan algo de haberme reunido con él.

Esa reunión, Rosa María, fue a pedido y por gestión de los sindicatos del Ministerio Público, para que yo vaya a ayudarlos a convencer al presidente de la comisión de presupuesto, para que puedan aprobar los dictámenes en favor de sus beneficios laborales. Yo fui prácticamente como invitada, podría decir, pero como cabeza de institución me apersoné, y de ahí se arma todo el tinglado y dice, y me difama, que yo le habría hablado de su carpeta por lo bajo.

¿Eso dice?

Sí, ahí está. Y lo recoge de manera muy tendenciosa la señora Cabrera. Pero no hay pruebas. ¿Por qué? Porque las testigos de que yo le habría hablado de su carpeta, como para presionarlo por el presupuesto, son las mismas a las que él mochó el sueldo, y son las agraviadas de ese caso que yo denuncié constitucionalmente. Es decir, las ha condicionado, a las tres señoritas que lo ayudaron a difamarme, y todo eso lo recoge la Junta Nacional de Injusticia. En esa reunión de los sindicatos estuvimos como dieciocho personas en un ambiente muy pequeño, más chico que este, y arman todo de una manera desproporcionada, injustificada, irracional, porque quieren la sinrazón.

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Luego viene el caso Tomás Aladino Gálvez, presentado por el señor Víctor Chanduvi. Usted retrasó su incorporación y requirió su suspensión ante el Poder Judicial.

Ese es un tema legal muy bonito. Rosa María, como abogada le consta que fiscales supremos están con graves denuncias a ese nivel; no hay antecedente de ese tipo. Y cuando pedimos, hacemos una proyección, un análisis a futuro sobre las circunstancias personales del caso. Y lo que se aplica es el artículo 297 del Código Procesal Penal, que dice que se hace ese análisis para que, en términos sencillos, se evite que la persona investigada vuelva a su trabajo y realice los mismos delitos u otros que perjudiquen, en este caso, al Ministerio Público.

Y el tiempo me dio la razón. Cuando yo apelo, el señor San Martín tuvo ahí los elementos de que Gálvez había dicho: "Voy a desactivar los equipos especiales, no hay cuellos blancos, no existen." Llega a ser fiscal de la nación, ¿y qué es lo primero que hace? Saca a los dos fiscales que veían su caso personal de cuellos blancos. Eso es aprovechamiento indebido del cargo, conflicto de interés personal, eso es delito. Y la Junta Nacional de Justicia a él no lo toca ni con el pétalo de una rosa; en cambio, sacó a los fiscales que estaban viendo su caso, destruyó los cuatro equipos especiales, y ahora está desarticulando totalmente lavado de activos.

Mi proyección estaba jurídicamente sostenida, con los elementos que se pusieron a la vista del señor San Martín, pero a él no le importó. No quiso desarrollar jurisprudencia. ¿Por qué será? ¿Acaso le vino a la memoria su audio? No lo sé. Pero lamento que el Poder Judicial, a través de ese señor y su sala, no haya impedido todo el daño que ahora estamos viendo en el Ministerio Público.

¿Cómo está el Ministerio Público? De cabeza. Me llaman muchos fiscales, excolegas, y me dicen: "Doctora, ¿qué podemos hacer?" Resistir. Trabajen, cuídense de las venganzas, porque hay chicos y chicas a los que han removido, adjuntos provisionales, por aparecer en una foto conmigo. Hasta con las chicas del fulbito. Qué ridículo.

Bueno, vamos a lo que está ganando. Hasta ahora usted ha ganado el caso de la inhabilitación: el Congreso la inhabilita por haber escrito un reglamento que usted prueba que no escribió.

No hice nada. Era para impedir que yo vuelva con la medida cautelar que me otorgó Torres Tasso, y ese, asustado, también me demoró semanas.

Pero además ha ganado el archivo, en la Corte Suprema, del delito que se le imputaba —prevaricato, falsedad genérica, usurpación de funciones—, todo archivado. Es decir, penalmente archivado. La primera acción de amparo dice que a usted no la pueden inhabilitar por haber escrito un reglamento que no escribió. Le ha ganado a Fernando Rospigliosi una demanda por difamación. No está mal. Le han rechazado su hábeas corpus. O sea, hasta ahora sus procesos siguen en pie; usted ha impugnado todo.

Sí, con mucho esfuerzo. Pero yo saludo las buenas decisiones, no porque me hayan favorecido, sino porque están arregladas a derecho. Y lo fatal, lo vergonzoso para la justicia peruana, es que los señores de la JNJ hayan abierto ya formalmente un procedimiento disciplinario contra los tres jueces de la tercera sala constitucional que me dieron la razón en el amparo por la primera inhabilitación.

Sandro Aguilar, Néstor Paredes y Daniel Suárez están bajo investigación, los tres jueces de la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Lima, por haber amparado, el 26 de mayo, a la señora Delia Espinosa. Los van a juzgar por eso. Lo cual es inconstitucional, ¿no?

Pero mire el doble rasero. ¿Por qué no hacen lo mismo con el señor Checkley? Si él también ha archivado la parte penal del mismo caso, ¿por qué no lo tocan a él?

Seguramente le tendrán más miedo, pero a ellos no les tienen miedo.

No, no, no, ahí no es miedo. Ahí hay algo. Recuerden que yo también tenía una investigación muy sustentada contra el señor Checkley. Siempre digo: a las pruebas me remito. Por eso, ¿por qué no lo tocan a uno y sí al otro?

¿Qué le dijo el Jurado Nacional de Elecciones sobre el caso Rospigliosi? Porque usted solicitó que el señor no juramentara, que no se le diera credencial.

Me respondieron... ya no recuerdo mucho, pero en buena cuenta dijeron que es legal, algo así. Pero después se supo que, en realidad, lo que estaban haciendo era una especie de interpretación reforzada, diciendo que, como no hay sentencia de segunda instancia...

La Constitución dice "sentencia en primera instancia". Lo que pasa es que la sentencia sale después del 12 de abril,

Pero él todavía era postulante, que es lo mismo que ser candidato. Claro. Uno postula y es candidato, y la candidatura termina con la proclamación, que es después de la sentencia de primera instancia. Conclusión: al señor había que aplicarle el artículo 34-A de la Constitución.

Luego vino la ley del artista —qué bárbaro, no termina nunca su historia—, la ley del Colegio de Artistas, que la van a derogar, que está muy bien, pero un abogado llegó a presentar una acción para que usted fuera destituida en aplicación de esa ley.

Sí, dos veces ya la ha presentado.

Sí, el señor Fernando Valdivia ya presentó esto ante el Poder Judicial para su destitución inmediata.

Bueno, yo creo que el señor ha dejado de estudiar derecho, porque si hubiera repasado bien se hubiera avergonzado de tener la intención de presentar eso. Ya debe estar desactualizado, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Hasta ahora no ha pasado nada y no va a pasar nada.

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Ante su destitución en la Junta Nacional de Justicia, usted ha presentado un amparo. Frente a la segunda inhabilitación, ¿también ha presentado un amparo?

No, no. A la destitución de enero llegué hasta la reconsideración y quedó administrativamente ahí. Lo que sucede es que hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene bloqueado cualquier amparo que se presente contra decisiones inconstitucionales de la Junta Nacional de Justicia.

¿Por qué?

Tiene una medida cautelar de diciembre del año pasado, por la demanda competencial que presentó para que el Poder Judicial no nos llame a acciones de amparo porque está invadiendo sus facultades disciplinarias. Y rapidito se la otorgaron. Eso era, nuevamente, para bloquear mi acción de amparo por la suspensión del año pasado.

O sea, ahorita usted no puede presentar una acción de amparo.

Tampoco el doctor Ordóñez, tampoco los demás doctores suspendidos que están siendo maniatados y perseguidos por pedido...

¿Y el Tribunal Constitucional le dio esa cautelar a la Junta Nacional de Justicia?

Sí, ya hubo la audiencia del caso principal, ya deberían resolverlo y no lo hacen; lo están demorando para permitir que la Junta siga en su festín de persecuciones no jurídicas, sino políticas, atendiendo órdenes —porque eso ya no son pedidos, son órdenes políticas del señor Rospigliosi.

Bueno, él ha dicho que va a barrer el Poder Judicial, ¿no?

Y lo está cumpliendo. Ya empezó.

Ahora, en esta historia interminable, ha surgido una nueva denuncia. Acusan a su hija, Melissa Albujar, de adquirir dos inmuebles —una oficina y un estacionamiento— por 213.800 soles, teniendo 22 años.

¿Qué hay de malo? Esos dos inmuebles, que algunos trolls dicen que son casas —cinco casas, ya no sé cuántas, 10 casas—, son un estacionamiento y una oficina, por el amor de Dios. La oficina está en el Cercado de Lima, Santa Beatriz. La compré en plano. Yo la compré. Mi hija recibe solamente su pensión alimenticia. La terminé de cancelar más o menos en 2022. Se firmó la minuta y la escritura pública recién se elevó el año pasado, 2025.

¿Y usted puso esos inmuebles a nombre de su hija porque es su única hija?

Usted es abogada, ayúdeme a explicarlo. Internamente en la empresa Albamar S.A., una muy buena constructora, pedí con un documento y me aceptaron. Antes de elevar la escritura pública se hizo la modificación de titularidad. A mí me dio el gusto —por no decir la gana— de pasarlo a nombre de mi hija, porque actualmente tanto esa oficina como la otra que sigo teniendo a mi nombre están alquiladas. Ella tiene su cuenta bancaria, yo tengo la mía, recibimos nuestras rentitas, pagamos impuestos, no como

Hoy día va la audiencia. Le han dicho que coincide con una audiencia de la Comisión de Ética del CAL, que usted no maneja, donde se va a discutir la inhabilitación de cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia como miembros del gremio.

Hoy, la verdad, no sabía. Los señores tienen su propio cronograma, sus propias actividades. Ellos tienen toda la autonomía e independencia, en la que ni la decana ni los demás directores tenemos por qué interferir.

Ahora, estos miembros de la Junta Nacional de Justicia se presentaron ante el CAL a pedir que los desafilien, y no se les permitió; han conseguido un amparo, una medida cautelar, para ser desafiliados. Pero la medida dice que sí pueden ser examinados éticamente

Por los hechos que probablemente hayan cometido contra la ética durante el tiempo en que sí estaban afiliados. Es decir, que se les deje ir. Perfecto, cumplimos nosotros.

Patricia Benavides está suspendida en el ejercicio de la profesión hace meses y sigue actuando como profesional del derecho.

Por eso el director de defensa gremial ya tomó las acciones que corresponden a su función —porque por ahí alguien dijo que yo se lo he ordenado; yo no ordeno a nadie— y ha procedido a presentar la denuncia penal por ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, es lo que corresponde, ¿no?, porque no ha obedecido un mandato de su colegio, de su gremio, en el ámbito ético.

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Han dicho que estas sanciones son exageradas. Los que los defienden dicen que ha sido absolutamente exagerado, desproporcionado, porque te pueden quitar la fuente de trabajo de manera arbitraria.

Lo que sucede, Rosa María, es que a los que dicen eso no les importa la ética. Estamos en una crisis de moral social. Hay mucha gente que ya tolera la indecencia, la corrupción, tolera todo, hasta la delincuencia; no pasa nada, esconden, justifican. Estamos en una grave crisis de ética profesional, y por eso ya no importa. ¿Cómo va a ser exagerado, si la ética es la base de todo comportamiento profesional? El profesional que no es ético va a traicionar su juramento cuando se colegió, va a traicionar a cualquier cliente, a cualquier usuario público que se le acerque. Eso no es normal en un país civilizado; estamos cayendo a un pozo sin fondo, la moral ya no interesa, hasta es motivo de risa. Y la palabra "ética" la utilizan ciertas autoridades solo para el discurso, pero cuando actúan, cuando toman decisiones, son absolutamente contrarios a la ética. Ahí están las denuncias.

La ética sí o sí es base de lo que también puede constituir delito, pero no siempre es delito; por ejemplo, un abogado que, habiendo sido bien pagado por su cliente, no lo defiende puntualmente, es negligente: no es delito, pero está faltando a la probidad, veracidad, lealtad, buena fe y honradez —las cinco bases del comportamiento de todo abogado. Y el código ahora es nacional. Porque la ética es nacional: si se sanciona a alguien en Lima, ¿cómo va a ejercer una persona antiética o inmoral en Loreto o en Huancayo? Ese es el problema, que se está prestigiando la ética profesional. Desde el Colegio de Abogados no lo vamos a permitir, y espero que el Consejo de Ética actúe conforme a sus atribuciones, sin miedo al poder, sin miedo a nadie. Y si se le sanciona por cuestiones éticas, eso trae como consecuencia que ya no pueda seguir en la función pública, porque un antiético en función pública sería una locura.

¿Y el Colegio de Abogados la ha respaldado? ¿Usted se sintió respaldada por la profesión?

Totalmente. Yo no necesito llamar a nadie para que hagan manifestaciones, pero en redes sociales y en las visitas constantes al colegio —donde muchos van con horario extendido, les estamos mejorando los servicios, procurando mayores beneficios— todos me dan su respaldo. Me traen su problemática y, en la medida que puedo, según mi agenda, los atiendo, o los atienden nuestros directores. Estamos dando el servicio que se merecen, trabajando con mucha dedicación y mucho cariño para nuestro gremio.

El Colegio de Abogados de Lima tenía una presencia importante, por ejemplo, en opiniones jurídicas respecto de proyectos de ley ¿Ustedes han recuperado esa función?

La hemos tenido siempre. Estamos a poco más de 4 meses de gestión, hemos tenido muchas cosas por hacer, y estamos preparando —van a salir próximamente, uno tras otro— proyectos de ley para atacar las llamadas leyes procrimen, que yo llamo pro impunidad. Ya hemos presentado, el 31 de julio, con motivo de nuestro 222 aniversario, el proyecto de ley para derogar la ley APCI.

¿Por qué primero esa? Porque es la defensa legal de los más pobres, de los más vulnerables, de los más necesitados: de las niñas de Condorcanqui, de los niños de Cajamarca, de las víctimas de las protestas sociales.

Tal vez la gente no lo sabe, pero esa ley les prohíbe a las ONG que reciben financiamiento del exterior defender a los más pobres, porque si litigan contra el Estado pierden el financiamiento. Entonces le quitas a la gente más pobre del país su defensa. Es una crueldad, es una maldad. Y lo he dicho al aire el primer día.

Frente a la legislación que existe para que el Estado les pague los abogados a altos funcionarios —me incluyo, lo cual está bien—, los que han legislado así se ven beneficiados con montos muy altos, pagan a abogados de grandes estudios para que los defiendan contra el Estado. Y a las personas más pobres, más necesitadas, más violentadas en sus derechos, a ellos no. Y lo más chistoso es que no es plata del Estado, son egoístas, porque es dinero del extranjero, de aportes generosos que vienen de afuera y que las ONG usan para atender necesidades sociales, como darles abogados a los más pobres o vulnerables.

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Usted ha dicho que no le interesa la política.

No, yo estoy muy abocada al Colegio de Abogados y a mis casos, que son numerosos y no me dejan tiempo para eso. Felizmente tengo mi rentita, como ya lo he dicho, y no tengo nada que ocultar; pago impuestos, y eso me permite solventarme. Yo sé vivir con muy poco, porque vengo de una familia humilde, así que a mí no me desesperan los lujos ni el dinero, pero ahí estamos. No me interesa, pero nunca hay que decir nunca. Eso es verdad, no lo sé. Yo solamente quiero rescatar mi carrera, mi profesión. Vamos a ver qué pasa, Dios dirá.

¿Cuántos años ha servido usted en el Estado?

Más de 29.

Más de 29. Es raro, ¿no? Porque a los 29 años uno sale con algo.

No, ninguna. Siempre mi hoja de servicios ha sido impecable, porque siempre he respetado la ley, los derechos humanos, los derechos de los justiciables, tanto de los denunciados, acusados, procesados y sentenciados, de todos. Nunca he favorecido a nadie torciendo o manipulando la ley. Y eso me ha permitido caminar siempre con la frente en alto, en el Ministerio Público y fuera de él.

Muy bien, muchísima suerte. Hoy vamos a seguir viendo este caso que ya se ha vuelto algo casi cómico, de verdad. Discúlpenme, pero ya es ridículo que a una persona la destituyan tres veces, la inhabiliten dos, y no la dejen votar.

Así es. Es ridículo. Yo sé la razón, ¿no? Quieren demoler, deprimirme, entristecerme; quieren acabar conmigo, destruirme psicológica y emocionalmente. Pero, como lo he dicho en otros espacios, tengo más de 29 años de haber trabajado con las peores mentes, contra las peores mentes criminales de todas las calañas. Por lo tanto, a mí la delincuencia no me asusta; sé enfrentarla y la voy a seguir enfrentando con toda la fortaleza que me ha dado la experiencia profesional, el apoyo de mi familia y el apoyo de muchas personas decentes que en la calle me saludan: "Doctora, una foto, estamos con usted." Y bueno, no voy a decir lo que dicen de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y también del ex Congreso; dicen cosas terribles. El pueblo es sabio, y la voz del pueblo es la voz de Dios.