Informe de la UE: cambios en la ley electoral y narrativas de fraude debilitaron la integridad de las elecciones 2026

Las elecciones generales de 2026 se desarrollaron en un escenario de alta polarización, crisis política —marcada por la sucesión de 4 mandatarios en el período anterior— y una fragmentación partidaria con 37 organizaciones compitiendo. Según el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), el proceso electoral se llevó a cabo en medio de complicaciones operativas.

"En un contexto político competitivo, el proceso electoral fue, en líneas generales, creíble y transparente, a pesar de algunas deficiencias en la administración electoral y de la persistencia de narrativas de fraude".

Inestabilidad en la ley electoral y decisiones de última hora

El informe señala que las leyes electorales fueron modificadas de manera constante en los años previos a los comicios, lo que generó confusión y vacíos legales. "El Congreso ha aplicado un criterio oscilante, aprobando y posteriormente revirtiendo sucesivas reformas con importantes repercusiones para la configuración del sistema político y del marco electoral".

Entre estas reformas está el retorno de la bicameralidad, el cambio en la doble valla electoral, la reelección inmediata de congresistas, la derogación de las elecciones primarias obligatorias (PASO) y los nuevos ajustes técnicos en la cédula de votación y el recuento de actas.

"(…) las continuas reformas parciales de la legislación, que han dado lugar a inconsistencias, a una dispersión normativa y a duplicidades. Las dificultades para aplicar determinadas disposiciones, en particular la nueva regulación sobre el recuento de votos, obligaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a adoptar decisiones ad hoc para cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral y en la Constitución. Estas decisiones comprometieron el principio de seguridad jurídica y la estabilidad del marco jurídico".

Además, durante el desarrollo del proceso, específicamente en el conteo tras la primera vuelta de abril, el JNE tuvo que adaptar el procedimiento debido a esas fallas previas.

"Las actas observadas restantes se resolvieron mediante un recuento de votos. Los primeros recuentos se realizaron el 20 de abril. Dos días después, el JNE modificó los procedimientos para acelerar el proceso, decidiendo que no se realizarían recuentos en aquellos casos en que las inconsistencias estuvieran relacionadas con el voto preferencial".

Narrativas de fraude y afectación a la integridad institucional

Por otro lado, la misión internacional documentó que los resultados y el desarrollo de las votaciones estuvieron acompañados por acusaciones sin sustento por parte de actores políticos. En el informe señala al líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien además amenazó al titular del JNE.

"En ambas vueltas presidenciales, los candidatos Rafael López-Aliaga y Roberto Sánchez formularon acusaciones infundadas de fraude y convocaron protestas públicas en las que recurrieron a narrativas polarizadoras, alegando que las instituciones del Estado no respetaban y discriminaban a sus respectivos electores".

El informe también advierte sobre el impacto de estas acciones en la legitimidad del proceso. "Estas prácticas menoscaban la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y afectan la percepción del electorado sobre la legitimidad de las autoridades electas".

Del mismo modo, señala que el libre ejercicio periodístico se vio afectado durante los comicios. “El entorno mediático se deterioró, en un contexto marcado por amenazas contra algunos periodistas que no fueron debidamente atendidas por las autoridades competentes”.

Cobertura de los medios de comunicación y el sesgo durante la segunda vuelta

En cuanto al desempeño de la prensa, la misión registró diferencias entre los distintos tipos de medios. Por un lado, el informe señala que “los medios de comunicación estatales ofrecieron una cobertura equilibrada y neutral de la campaña”.

Sin embargo, la situación en el sector privado fue distinta, ya que “mostraron un mayor sesgo, que se hizo más patente durante la segunda vuelta presidencial al proyectar una imagen predominantemente negativa de Roberto Sánchez y contribuir así a la polarización”.

Recomendaciones

Para corregir estas deficiencias en futuros procesos, el informe señala la necesidad de eliminar inconsistencias, duplicidades y disposiciones inaplicables en la ley electoral. Además menciona que se debe optimizar los plazos y consolidar toda la legislación electoral en un código electoral y un código procesal electoral.

Asimismo, frente al deterioro del debate público, se recomienda “instar a las autoridades competentes a que condenen con prontitud el discurso de odio, las amenazas de violencia, la incitación a la violencia y la retórica intolerante en el discurso electoral, adoptando medidas para poner fin a estas prácticas”.

Con respecto a la labor de la prensa, el informe exhorta resalta la necesidad de una protección a los periodistas frente a ataques, amenazas e intimidaciones. Esto por medio de la detección de “agresiones contra los profesionales de los medios de comunicación, y tomando medidas frente a la retórica de los cargos públicos y de los candidatos que pueda incitar a la hostilidad contra dichos profesionales”.