Rospigliosi promulga ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley fujimorista que blinda a policías y militares al ordenar que solo sean investigados en el fuero militar policial y no en la justicia ordinaria. Esto debido a que José Balcázar no observó ni promulgó la norma dentro del plazo constitucional.

Ruth Luque, congresista y senadora electa de Ahora Nación, ya había alertado que el silencio del mandatario provocaría la promulgación de la norma.

“Todo indica que Balcázar ha decidido agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa que amplia la justicia militar policial y que distorsiona los delitos de función para dejar impune delitos de agentes que violan Derechos Humanos. Al menos así se muestra de la información oficial. La ley Rospigliosi es inconstitucional y nos recuerda la dictadura fujimorista de los noventa”, escribió en sus redes sociales.

La norma señala que “para el personal de las Fuerzas Armadas se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa durante acciones militares para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno y en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas, en el marco de un estado de emergencia”.

Para los miembros de la PNP, “se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa en el cumplimiento de su finalidad fundamental y de sus funciones y atribuciones de prevención e investigación del delito, de control de identidad, de inteligencia, de fiscalización el cumplimiento de las normas de tránsito, de seguridad personal, domiciliaria y de instalaciones, de vigilancia y control de fronteras, de práctica y emisión de peritajes oficiales de criminalística, así como de otras funciones establecidas en sus leyes y reglamentos, en el marco de un estado de emergencia”.

Además, establece que en ningún caso podrá seguirse “procesos penales en la jurisdicción ordinaria y la militar policial a la vez en contra de ningún militar o policía” por un mismo hecho.

A su vez, la norma ordena a la Sala Penal de la Corte Suprema a priorizar en su resolución a la jurisdicción militar policial.

Norma se promulga en medio de casos de abuso policial

Esta ley se promulga en un contexto en el que la PNP ha sido cuestionada por presuntos actos de abuso.

Niño de 8 años fallece durante intervención policial

El mismo día en que se promulgó la norma, 20 de julio, el Ministerio Público inició una investigación contra el agente PNP, Luis Nazario, por la muerte de un niño de ocho años durante una intervención policial en el distrito de Huacho (Lima).

La tragedia sucedió durante una intervención policial a una mototaxi donde el niño y su madre eran pasajeros. Según se observa en el video que grabaron unos transeúntes, uno de los efectivos portaba su arma en la mano. Se escucha un disparo al aire y, posteriormente, el menor de edad cae al suelo.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura del Segundo Despacho está a cargo del caso.

Puno: abogado fue agredido en comisaría

Antes de ello, el 29 de junio último, el abogado Danilo Vargas Ccoya terminó con graves lesiones en el rostro y cuerpo tras ser agredido en el interior de una comisaria en Puno, lugar al que acudió a presentar una denuncia.

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno inició diligencias preliminares contra quienes resulten responsables del delito de tortura en agravio de Vargas.

Joven que falleció en comisaría de Manchay

A mediados de junio último, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio tras la muerte de un adolescente de 17 años en el interior de la comisaría de Manchay, en Pachacámac, donde llevaba detenido dos días por supuesto robo.

Los padres del joven denunciaron presuntos maltratos físicos dentro de la dependencia policial contra su hijo.

Masacre de Colcabamba

Otro de los casos de abuso policial es lo sucedido en Colcabamba el 25 de abril de este 2026 donde cinco jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque armado por parte de la PNP.

Los jóvenes regresaban de un partido de fútbol en una camioneta cuando los efectivos abrieron fuego. En su defensa los agentes señalaron que se trataba de un operativo antidrogas y que el vehículo no se detuvo cuando se lo ordenaron.

El fiscal especializado en Derechos Humanos, Johel Chamorro Makucachi, indicó que los efectivos del Ejército vulneraron las normas al comprobar “el empleo arbitrario, innecesario y desproporcionado de la fuerza letal (armamento)” en agravio de los cinco fallecidos, por lo que les imputó el delito de homicidio calificado en el grado de tentativa, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.