Derogar leyes pro crimen demoraría hasta un año

La derogación de las denominadas leyes procrimen podría tardar más de un año. De acuerdo con el nuevo reglamento del Congreso bicameral, siguiendo el procedimiento ordinario, llevaría aproximadamente un año. Si el Ejecutivo o la Junta de Portavoces dispone que se vea con carácter de urgencia, el plazo se reduce a un promedio de dos meses. Sin embargo, en ambos casos, este podría extenderse o reducirse según la voluntad política.

“Es posible que algunas leyes se deroguen con mayor rapidez, pero se trata de un paquete de normas. Considerando la composición del Congreso, ese proceso podría extenderse por más de un año”, explicó la senadora electa por Ahora Nación, Mirtha Vásquez.

Explicó que, si hay oposición o si la comisión respectiva abre el debate, convoca a expertos o solicita informes técnicos, se tendrían que realizar varias sesiones y ello haría que la discusión se prolongue.

Agregó que también dependerá de la norma que se busque derogar, pues las leyes procrimen son varias. “Hay leyes que se podrían derogar inmediatamente porque todos tenemos claro que son normas que están claramente favoreciendo el crimen, pero se trata de todo un paquete y algunas de ellas tienen un fuerte respaldo, asi que unas podrían tardar más”, mencionó.

De acuerdo con la senadora electa Ruth Luque, un diputado deberá presentar una iniciativa para derogar las leyes procrimen o solicitar el desarchivo de un proyecto en el mismo sentido, presentado en el Congreso anterior.

“Si bien el reglamento del Congreso (bicameral) no habla sobre desarchivamiento, es usual que iniciado un nuevo Parlamento se presente un pedido sobre eso a la Junta de Portavoces. Si este grupo lo aprueba pasaría a la Comisión respectiva”, dijo. Y añadió que podría presentarse un solo proyecto de ley que busque la derogación de todas las normas o una propuesta individual por cada una.

Ruta en el Congreso bicameral

En la Cámara de Diputados se designaría un máximo de dos comisiones. Por el tema, se remitiría definitivamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y, en caso se disponga, también a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

Según el nuevo reglamento del Congreso, la comisión tiene un plazo máximo de 60 días hábiles para emitir un dictamen. Una vez aprobado, debe publicarse en el portal por siete días calendario. Luego, debe ir a la Junta de Portavoces para ingresar a la agenda del Pleno, lo cual tardaría siete días más. Si el Pleno de Diputados lo aprueba, la Mesa Directiva tiene hasta 15 días hábiles para enviar el expediente al Senado.

La comisión revisora en el Senado tiene un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir su propio dictamen, ya sea aprobándolo, modificándolo o rechazándolo. Al igual que en la otra cámara, el dictamen debe publicarse por siete días calendario. Si el Senado lo aprueba sin cambios, se envía la autógrafa al Ejecutivo en un plazo de 15 días hábiles.

Al considerar los plazos máximos en cada instancia, con un procedimiento regular en ambas cámaras y excluyendo los factores que podrían extenderlo, resultan 190 días hábiles, equivalentes a unos nueve meses calendario. Esto, sin contar el tiempo que el proyecto espere en la agenda del Pleno para ser debatido o si pasa a un cuarto intermedio.

Derogación también podría darse en 2 meses

En el supuesto de que el Ejecutivo solicite el trámite con carácter de urgencia o si la Junta de Portavoces así lo acuerda, el plazo podría reducirse a tan solo dos meses en promedio.

En la Cámara de Diputados, la publicación del dictamen se reduce a un día calendario y el expediente debe enviarse al Senado en un máximo de cinco días hábiles tras su aprobación.

Una vez en el Senado, el plazo para que las comisiones emitan su dictamen es de un máximo de siete días hábiles y su publicación es de un día calendario.

Voluntad política será determinante

Ruth Luque precisó, en diálogo con este medio, que “si hay voluntad política e interés, el proceso podría durar solo dos meses o hasta una legislatura”. Considera que el proceso no se extendería por más de un año.

“Si las bancadas que han expresado en campaña que su prioridad es la derogación de las leyes pro crimen, cumplen con ello, pues podríamos tener un proceso rápido. Va a depender mucho del interés. Por ejemplo, yo he visto en este tiempo que hay proyectos que se han aprobado sin dictamen”, dijo.

También mencionó que dependerá de quién presida la comisión y la Mesa Directiva.

“Buen Gobierno, Ahora Nación, OBRAS, Juntos por el Perú, somos cuatro partidos que hemos hablado sobre la derogatoria. Así que debería tratarse con prioridad”, anotó.

Por su parte, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco también considera que todo dependerá de la voluntad política. “Dado su carácter polémico va a depender del interés de los congresistas. Hay oportunidades donde se aprueban iniciativas en 24 horas, un año o nunca”, mencionó.

Silencio parlamentario y Conferencia

Cevasco añadió que otro de los aspectos a tener en cuenta es el silencio parlamentario, el cual establece que, si en un año el Senado no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley, el presidente del Congreso tiene la facultad de remitir al presidente de la República, para su promulgación, la autógrafa aprobada en el Pleno de Diputados.

A su vez, otra de las nuevas figuras en el Congreso bicameral es la conferencia, la cual consiste en que, si las comisiones de ambas cámaras no están de acuerdo, se realizan reuniones de coordinación para consensuar un texto.