Exministro fujimorista Absalón Vásquez asumirá el escaño que López Aliaga dejó en el Senado

La decisión de Rafael López Aliaga de no asumir su puesto en el Senado deja el camino libre para el primer accesitario de Renovación Popular. El llamado a ocupar el cargo es el exministro de Agricultura de Alberto Fujimori, Absalón Vásquez Villanueva. Este candidato obtuvo 79.053 votos y cuenta con una condena firme por corrupción y una deuda millonaria con el Estado.

El “albertista” de Renovación Popular

Para este proceso electoral, Absalón Vásquez postuló con el número 5 por Renovación Popular, a poco más de un año de haber dejado Fuerza Popular en enero de 2025. Vásquez, quien se declara un leal "albertista" —en referencia al expresidente Alberto Fujimori—, se sumó a las filas del partido de Rafael López Aliaga tras conversar con él en el sepelio del exmandatario.

Pero la llegada de Absalón Vásquez al Senado con el partido celeste es el último capítulo de una larga trayectoria de cambios de camiseta política. En la década de 1990, Vásquez fue ministro de Agricultura en el gobierno de Alberto Fujimori y fundó la agrupación Sí Cumple, a la que renunció en 2010. Después, fundó el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde y, tras retirarse en 2017, se unió como fundador a Podemos Perú, partido que dejó en 2020.

Los antecedentes por corrupción y la deuda de más de 1 millón de soles

El principal cuestionamiento contra Vásquez es su situación con la justicia. El informe de la Unidad de Investigación de La República señaló que el 27 de junio de 2008, el Poder Judicial lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por el delito de peculado (usar ilegalmente dinero del Estado).

El argumento que el virtual senador escribió en su hoja de vida ante el JNE, afirmando que "no se benefició ni directa ni indirectamente de los fondos del Estado", no anula ni justifica la actuación delictiva por la que fue condenado.

El documento judicial de su sentencia señala textualmente lo siguiente:

“Condenando a Absalón Vásquez Villanueva como cómplice primario del delito contra la Administración Pública – Peculado, en agravio del Estado, e imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el plazo de tres años, bajo el cumplimiento de las reglas de conducta”, se lee en el documento.

Además, le impusieron la pena de inhabilitación por el término de tres años y los jueces le ordenaron pagar una reparación civil de 1 millón 70.000 soles. Sin embargo, después de 17 años, —hasta enero del 2026—, Vásquez apenas ha cancelado el 3% de ese dinero.

"Un fraude a la ley" y fallas en el JNE

En diálogo con La República, María Antonieta Gonzáles, abogada experta en temas electorales, señaló que hubo un fallo en los controles del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ley prohíbe de forma expresa que postulen personas sentenciadas por corrupción, sin importar si fueron autoras o cómplices, especialmente si no han pagado sus deudas con el Estado.

"Aquí ha sido definitivamente una falla del JNE. La Constitución es clara: las personas sentenciadas por corrupción, ya sean autoras o cómplices, no pueden postular. Además, el Tribunal Constitucional exige que para postular se debe haber pagado toda la reparación civil. El jurado debió detectar esto y no permitir que se inscriba", explicó Gonzáles.

Sin embargo, la especialista aclaró que, como nadie presentó una queja (tacha) a tiempo y el JNE aceptó su candidatura, ya se superó la fase de calificación y es jurídicamente imposible retroceder para retirarlo de carrera.

“Esa etapa ya precluyó, como es el caso del señor Vázquez. Si es que esa sentencia sigue actualmente vigente porque no ha pagado la reparación civil, porque además tampoco ha habido una resolución por parte del Poder Judicial de Rehabilitación. Entonces, ahí hay una situación que el jurado sí debió de hacer y no ha hecho”.

Por otro lado, la experta advirtió que los parlamentarios podrían intentar un proceso de vacancia por cuestiones éticas o por la deuda millonaria, pero recordó que la ley castiga la postulación, no el acto de juramentar una vez que la persona ya ganó.

"Estamos hablando de un impedimento para postular, no de un impedimento para cumplir con la función de congresista. El jurado debió advertir esto antes. Ahora, el Congreso podría solicitar su vacancia (…) evaluar si deciden mantenerlo y asumir la responsabilidad política que con ello lleva".

En el caso de López Aliaga, la especialista consideró que la decisión de renunciar a su curul es parte de su juego político. Para ella, esto significa adecuar las leyes del país para beneficio propio.

"Lo que está haciendo López Aliaga generalmente es un fraude a la ley. Si bien nadie puede ser obligado a asumir un cargo, una cosa es no asumir y otra cosa es aprovecharte de eso para sacarle la vuelta a la ley y eludir normas, como la prohibición de la reelección inmediata o la renuncia al mandato. Sienta un pésimo precedente".

El gran problema de esta maniobra, según la experta, es que deja desamparados a los ciudadanos que votaron por él. Al no asumir la curul por la que postuló, se destruye la confianza de la gente y se debilita el principio básico de la democracia: el derecho a estar representados.

“¿Cómo quedan frente a este hecho todas aquellas personas que votaron por él? Él ha sido uno de los más votados. Hay una responsabilidad política detrás que el señor López Aliaga está eludiendo, y que no debería tomarse tan a la ligera como decir: 'bueno, no quiere juramentar, que pase el siguiente'".

Tras el fallo del JNE que permitió a Rafael López Aliaga rechazar su curul en el Senado, la abogada criticó que el Congreso haya evadido su responsabilidad al delegar la decisión al organismo electoral.

"El Congreso se ha lavado las manos. Es el que tiene que evaluar y declarar ese vacío de la curul para que el jurado llame al siguiente, que es como siempre se ha desarrollado. No al revés. Si bien hay una falta clara de cuáles son los pasos frente a este tipo de casos, sí me parece que han ido por la salida fácil”, concluyó.