Santiago Guardamino: “Mi cabeza está pedida, soy el único que estorba a la empresa Industrias Argüelles”

En el acta de la última reunión en la que participó el presidente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino Gonzáles, este dejó constancia de que recibía amenazas de muerte. Fue una premonición.

El encuentro entre Guardamino, la dirigencia y los miembros de la comunidad campesina ubicada en las alturas de Canta, en la sierra de Lima, ocurrió el 1 de abril del 2024, entre las 9.00 a. m. y las 9.30 p. m. Cuando Guardamino estaba a una cuadra de retornar a su casa en Carabayllo, un sicario bajó de una motocicleta y lo mató a balazos. Lo que el presidente había advertido se consumó.

Esto es lo que dijo Guardamino en la reunión con la comunidad, según el acta: “Toma la palabra el presidente (Santiago Guardamino y dice:

El día que hemos estado en el terreno de Yungay (Gangay) con las directivas y la comisión, han llegado al portón en una moto lineal con dos tipos buscándome y diciéndome que no me meta con el relleno sanitario (de propiedad del Aniceto Argüelles Loayza) y han hecho disparos al aire (...)”.

Como ha informado La República, el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, sin autorización de la comunidad de Quipán, vendió por S/600 mil un terreno de 10 mil hectáreas a Aniceto Argüelles, propietario de una empresa dedicada al recojo y disposición de basura en varios distritos de Lima. En 2023, pese a que existía un litigio sobre el terreno, Argüelles inauguró un relleno sanitario y consiguió aumentar considerablemente los contratos con los municipios limeños.

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Cartas marcadas

Santiago Guardamino inició acciones civiles y penales para recuperar el predio y había logrado avances muy importantes, pero a la comunidad se le agotaron los recursos. Guardamino recurrió a la compañía Petramás para ofrecerle la transferencia del litigio civil y, a cambio, le vendería el terreno si se lograba recuperarlo judicialmente.

El 1 de abril del 2024, Guardamino se reunió con la dirigencia y la comunidad para informar sobre el acuerdo y recibió la autorización respectiva para firmar el compromiso el 2 de abril. Pero no lo pudo hacer porque en la noche de ese mismo día fue asesinado.

No fue un crimen más por sicariato. La muerte de Santiago Guardamino está relacionada con el millonario negocio del recojo de desperdicios en Lima, un rubro prácticamente desconocido para la prensa.

Se declara no culpable

La defensa de Aniceto Argüelles, dueño de Industrias Argüelles Servicios Generales, señaló a La República que adquirió de “buena fe” las 10 mil hectáreas al expresidente de Quipán, Abel Mosquera, y que respetaría los fallos judiciales. Parece no haber sido así.

El 6 de mayo del 2024, poco después del crimen de Guardamino, la Corte Suprema confirmó la sentencia contra Abel Mosquera por fraguar documentos con la finalidad de vender el predio de Quipán a Argüelles por S/600 mil cuando su valor es de S/10 millones.

El 24 de enero del 2025, fue condenado Aniceto Argüelles por pretender coimear a la jueza que tiene a su cargo el reclamo de Quipán para que le retornen el terreno.

Y el 31 de marzo del 2025, la exgerente de Argüelles, Karen Pasco, fue condenada por fraguar documentos que facilitaron la venta fraudulenta del predio.

Actualmente, 10 años después de la compraventa ilegal del terreno de Quipán, esta propiedad continúa en manos de Aniceto Argüelles. Y a dos años y dos meses del homicidio de Santiago Guardamino Gonzáles, quien luchaba por la recuperación de la tierra del pueblo, el caso sigue irresuelto e impune. El negocio manchado de sangre sigue viento en popa.

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La familia rinde su testimonio

• “Santiago siempre nos decía: ‘Mi cabeza está pedida, a mí en cualquier momento me van a matar’”, relató un miembro de la familia de Santiago Guardamino Gonzáles.
• “Estaba preocupado por lo que podría sucederle: ‘El único que estorba a la empresa Argüelles soy yo. Y bueno, si me van a matar, pues moriré de pie, pero no de rodillas’”, añadió el familiar.
• Debido al asesinato de Santiago Guardamino, no pudo ejecutarse el acuerdo con Petramás para transferirle el litigio civil y así conseguir la recuperación del terreno.
• “La empresa (Industrias Arguelles) es la que se beneficia con el asesinato de Santiago Guardamino”, señalaron los familiares.