Roberto Sánchez pide eliminar leyes procrimen

El candidato presidencial Roberto Sánchez aprovechó su condición de congresista para enviar un oficio a la Junta de Portavoces del Congreso y solicitar que se incluya en la agenda del Pleno de hoy jueves la derogación de las leyes procrimen y el debate de proyectos que buscan frenar la criminalidad. “Formulamos este pedido debido a que son varias las

“Formulamos este pedido debido a que son varias las normas consideradas como pro crimen por el Ministerio Público y otras entidades, y es muy importante que el Congreso debata su derogatoria, en la medida que continúan los casos de extorsiones, sicariato y otros delitos cometidos en la mayoría de los casos contra los emprendedores y transportistas”, dice el documento.

Sobre el tema, Sánchez también pide que 9 proyectos de ley que se encuentran en la Comisión de Justicia pasen directo al debate del Pleno para su aprobación o rechazo.

Propuesta

Entre ellos, destaca su propio proyecto (el 09053) que presentó para combatir la extorsión y secuestro, con penas mayores de 15 y 25 años respectivamente.

También se encuentra la iniciativa 08644 de la congresista Margot Palacios, que buscar eliminar la prescripción de delitos de lesa humanidad y casos de violación de Derechos Humanos.

El candidato de JP además sugirió que se coloque a discusión una propuesta que presentó el Poder Judicial al Congreso, para se fortalezca esta institución y se modifique la normativa con la que se sanciona a los malos funcionarios. Demandó que se anule la ley de Amnistía a favor de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participaron en el conflicto armado durante los años 1980 y 2000.

Leyes pro crimen

Las llamadas leyes ‘procrimen’ son un paquete de normas aprobadas por el Congreso de la República y promulgadas durante el gobierno de Dina Boluarte, y que se mantuvieron en su mayoría durante la gestión de José Jerí y José María Balcázar, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana que vive el país.

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La opinión del MP

La Fiscalía advirtió que seis normas amenazan “la lucha contra el crimen y la búsqueda de justicia en el Perú”, al afectar “la función fiscal y la administración de justicia”.

La institución las calificó como “un retroceso en la lucha contra el crimen”, debido a que limitan las facultades para investigar delitos, reducen los plazos de persecución penal y permiten sanciones contra fiscales y jueces a cargo de casos complejos.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) agrupó 12 leyes en dos categorías: normas que promueven el crimen organizado y normas que favorecen economías criminales (como es el caso de la Ley 32138).

Además del apoyo total del fujimorismo, La República corroboró que Silvana Robles, Pasión Quito, Elías Vara, Víctor Cutipa y el propio Roberto Sánchez apoyaron en, al menos, en una ley pro-crimen.

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La Ley 31990, que modifica la colaboración eficaz, fue aprobada por insistencia con el voto a favor de Robles, Palacios y Dávila. En tanto, la Ley 31989 —que impide a la Policía incautar explosivos a mineros con inscripción suspendida en el Reinfo— recibió el apoyo de Roberto Sánchez , Quito y Dávila.