Caso Cócteles: PJ votará apelación del Ministerio Público sobre archivamiento de la acusación contra investigados

El Poder Judicial dejó al voto la decisión sobre el recurso presentado por el Ministerio Público para revertir el archivamiento de la acusación contra Keiko Fujimori y otros investigados en el denominado caso Cócteles. La audiencia, realizada de manera virtual, se dio a partir de la resolución emitida en enero por el juez Wilson Verástegui, quien dispuso archivar el proceso por presunto lavado de activos y organización criminal.

Los argumentos de las partes durante la sesión

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche señaló que la apelación del Ministerio Público no busca cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional, sino la manera en que esta fue aplicada por el juez que archivó la acusación. Según sostuvo, aún existirían elementos para que el caso continúe su curso.

En respuesta, la defensa de Keiko Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, se aferró a la sentencia del máximo intérprete constitucional y señaló que no hay elementos para continuar con el proceso: "Quien quería trascender en la historia de la justicia era el Ministerio Público y no el Poder Judicial. Esto no se trata de quien quiere ser o no protagonista. Se trata de reparar y cumplir lo que ya reconoció el Tribunal Constitucional de acuerdo a lo que ya declaró sobre mi patrocinada. (…)", declaró.

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Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la sala superior dejó el caso al voto. Se espera que en los próximos días emita una resolución definitiva sobre el recurso fiscal. Dependiendo de la decisión, este podría ser el desenlace definitivo para la acusación que pesa contra Keiko Fujimori y una parte de la cúpula fujimorista.

El caso Cócteles: la grave acusación sobre Fuerza Popular y Keiko Fujimori

El caso Cócteles ha sido por varios años la investigación más gravitante contra Fuerza Popular y, sobre todo, contra su lideresa, Keiko Fujimori. La acusación fiscal sostenía que el partido naranja habría recibido aportes ilícitos para las campañas presidenciales de 2011 y 2016, los cuales habrían sido ocultados mediante falsos aportantes y actividades de recaudación.

Desde fines de 2025, el Tribunal Constitucional anuló parte del proceso y ordenó que se emitiera una nueva decisión judicial, al considerar que se vulneraron derechos durante la investigación. Esto llevó a su archivamiento.