Elecciones 2026: analistas dan su balance sobre unos comicios accidentados

La jornada electoral del 12 de abril presentó momentos accidentados y declaraciones prematuras de parte de los candidatos presidenciales. Con todo ello, La República conversó con seis analistas, quienes dieron sus opiniones sobre lo sucedido.

Tania Pariona-Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

En una jornada electoral compleja y exigente como la que hemos vivido hoy, es necesario analizar los hechos con responsabilidad democrática y enfoque de derechos. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, reconocemos que la falta de instalación de 211 mesas de sufragio en quince locales, que ha afectado a 63.000 electores, constituye una situación grave que no debió ocurrir. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debió prever dificultades como la ocurrida y garantizar las condiciones adecuadas para el ejercicio pleno del derecho al voto.

El voto no es solo un acto formal, es un derecho fundamental que debe ser asegurado sin excepciones. Por ello, corresponde que estos hechos sean investigados con celeridad y transparencia, y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Las y los ciudadanos afectados merecen una respuesta clara.

Sin embargo, es igualmente importante afirmar que estas irregularidades no constituyen evidencia de fraude. Según información oficial de la ONPE, en estas elecciones se ha logrado instalar el 99,8% de las mesas de sufragio, una cifra comparable con procesos anteriores, como las elecciones de 2021 donde se alcanzó el 99,9%. No podemos permitir que errores operativos, que deben ser corregidos y sancionados, sean utilizados para instalar narrativas de fraude que tanto daño han causado al país.

Asimismo, corresponde expresar que las misiones de observación internacional de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea han emitido opinión señalando que, pese a los problemas logísticos reportados, la jornada electoral se desarrolló con normalidad. Destacamos, además, que en todas las demás regiones del país no se han reportado estos inconvenientes, lo que contribuye a una evaluación más equilibrada del proceso en su conjunto.

Hoy más que nunca, el país necesita serenidad, responsabilidad y compromiso con la verdad. Defender la democracia también implica no desinformar ni alimentar el miedo.

Alejandro Mejía-Politólogo

Ha sido una jornada electoral que comenzó con serias irregularidades técnicas (demoras en la distribución del material electoral, impresoras que no funcionaban, el STAE que no funcionaba), cuya entera responsabilidad es de la ONPE, que tenía la única función de garantizar un proceso electoral ágil y moderno.

Estos incidentes en diversas partes de Lima han dado los insumos a los distintos candidatos presidenciales para difundir la narrativa del "fraude", con declaraciones y comunicados que ponen en serio cuestionamiento la capacidad logística de la ONPE y los contratistas que seleccionó para este proceso. Sabiendo la importancia de Lima como circunscripción electoral y que representa un tercio del país, la ONPE ha debido tener planes de contingencias frente a ello.

Frente al compromiso de los ciudadanos al cumplir con su deber cívico, hoy la ONPE no ha estado a la altura de ello, sobre todo donde muchos se quedaron sin ejercer su voto, lo que podría generar un descontento masivo y denuncias por parte de candidatos al Senado y la Cámara de Diputados, sobre todo con el voto preferencial.

Ricardo Falla Carrillo-Filósofo

El análisis de la jornada electoral peruana, desde los estudios políticos, permite identificar una serie de dinámicas estructurales que trascienden el mero acto del sufragio. En primer término, las persistentes dificultades logísticas y el retraso en la apertura de los centros de votación deben ser interpretados como indicadores empíricos de las limitaciones en la capacidad operativa y burocrática del Estado. Estas deficiencias incrementan los costos de participación para el ciudadano y evidencian que la infraestructura administrativa del sistema electoral aún no logra una estandarización eficiente frente a la complejidad geográfica y social del país.

Por otro lado, el comportamiento de los actores políticos durante el proceso refleja la consolidación de un sistema de partidos atomizado y carente de cohesión programática. Lo que observamos es el predominio de vehículos electorales personalistas, donde el liderazgo individual sustituye a la organización institucional, convirtiendo la jornada en una extensión de la estrategia de posicionamiento mediático en lugar de un ejercicio de adscripción ideológica. Esta "democracia sin partidos" fomenta una fragmentación del voto que dificulta la construcción de mayorías estables y debilita la legitimidad representativa.

En síntesis, es una sociedad licuada en todo sentido. Asimismo, la volatilidad y el ausentismo no son fenómenos aislados, sino respuestas racionales de un electorado que opera en un mercado político saturado de ofertas de corto plazo y baja diferenciación. En suma, el proceso electoral se manifiesta como un ritual de legitimación formal que, si bien cumple con los estándares procedimentales mínimos, deja al descubierto la precariedad de los mecanismos de intermediación política en el Perú. La jornada no solo define quiénes ocuparán el poder, sino que ratifica la crisis de representación estructural y el desafío que supone transformar el voto en estabilidad gubernativa dentro de un marco de profunda desarticulación institucional.

Óscar Díaz Moscoso-Analista político

La polarización política se ha manifestado claramente en esta jornada electoral, teniendo a Rafael Lopez Aliaga como el mayor factor de desestabilización con sus denuncias penales contra la ONPE, por un supuesto fraude. Lo cual esperamos no prospere, por el bien de todos.

Indudablemente, el repunte de Roberto Sanchez ha sido la sorpresa de esta primera vuelta, aunque no tanto si consideramos el tremendo descontento existente en el Perú provinciano, respecto a la clase política limeña.

Creo que el aparente cuádruple empate en el segundo lugar entre Sanchez, Belmont, Lopez Aliaga y Nieto, se va ir cerrando entre los dos primeros, poniendo la cosa al rojo vivo.

Peor más allá del tema presidencial, es importante empezar a ver la futura configuración del Senado, que será decisorio en el quinquenio que empieza. En ese sentido, es casi un hecho que las agrupaciones Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Obras, Renovación Popular, Ahora Nación y País Para Todos, tendrían mayor presencia.

Por lo tanto, una primera lectura nos muestra un Senado partido en dos, ideológicamente hablando. Veremos que tan bueno o malo es eso, para nuestra frágil estabilidad política.

Dicho todo lo anterior, hasta ahora el escenario es favorable a Keiko Fujimori, pero la segunda vuelta electoral, es un nueva elección, en la cual se vuelven a tirar los dados. Por lo tanto, nada está dicho.

Jorge Jaúregui-abogado experto en temas electorales

La ONPE viene desarrollando el proceso de las Elecciones Generales 2026 de acuerdo a lo establecido en la legislación electoral vigente y de las buenas prácticas, facilitando la participación de los diversos actores electorales involucrados. Para la impresión y traslado del material electoral la ONPE está facultada legalmente para contratar empresas proveedoras de servicios en los procesos electorales.

Durante la jornada electoral del 12 de febrero, la ONPE logró instalar 97.529 mesas de sufragio de un total de 97.740, es decir, se instaló el 99,8% de las mesas programadas, no logrando instalar 211 mesas de sufragio, un 0,22% del total, por el incumplimiento de la empresa contratada por la ONPE para el servicio de transporte del material electoral.

La no instalación de las mesas de sufragio ha afectado el derecho fundamental de los 66.300 electores que no pudieron sufragar, por lo que ello exige una investigación prolija por parte de la ONPE para que la ciudadanía conozca las causas del incumplimiento de la empresa contratada, más aún cuando los centros de votación afectados en su mayoría se ubican comparativamente más cerca del almacén de la ONPE de Lurín, es decir, siete en el mismo distrito de Lurín y cinco en Pachacamac, lo que hace 12 locales de un total de quince locales afectados.

Finalmente, es necesario considerar que el proceso electoral 2026 se está realizando en un contexto político, marcado por un giro autoritario, conducido por un conjunto de partidos políticos que compiten en la actual elección y que sistemáticamente han socavado la autonomía de los organismos electoral y particularmente la de la ONPE y el JNE, siendo particular los hechos de violencia contra el Jefe de la ONPE y el Presidente el JNE, por lo que resulta funcional el incumplimiento de la empresa para que los partidos continúen con la narrativa del fraude montada desde las EG 2021.

Paula Távara-politóloga

En un país en crisis política cuasi crónica, las elecciones del 12 de abril, aunque generaban poca ilusión, cumplían un rol fundamental para avizorar un futuro quizás diferente. 

Con encuestas que mostraban posibles empates, y diferencias de intención de voto dentro del margen de error, el domingo amanecía para peruanos y peruanas con mucha incertidumbre.

En este escenario, los organismos electorales tenían la importantísima responsabilidad de llevar a cabo un proceso que ninguna de las fuerzas políticas en contienda pudiese cuestionar.

Por eso resulta injustificable que al menos 63.000 limeños no hayan podido ejercer su derecho a voto producto de problemas operativos de proveedores de la ONPE.

Vale la pena recordar que esta cifra es mayor a la diferencia de votos que hubo en la segunda vuelta del 2021 y exponencialmente superior a la cantidad de votos con que algunos actuales parlamentarios fueron electos.

El liderazgo asumido por el JNE permite solventar en algo lo ocurrido (al ampliar las elecciones algunas horas)  pero también deja clara la responsabilidad respecto de la vergonzante situación que hemos vivido.

Mientras que los problemas se conocieron desde temprano por la mañana, el jefe de la ONPE salió casi a las 5 de la tarde con una respuesta cuestionable y poco empática para la ciudadanía: pedía disculpas y exoneraría de las multas para quienes no pudieron ejercer su voto.

El asunto es que no se trataba de afectación económica, sino del cumplimiento del derecho ciudadano a ejercer el voto.

Esto, sin embargo, no puede ser razón para avalar las narrativas de quiénes sabían la elección perdida y ahora convenientemente cuestionan el proceso.

En ese escenario, si ya resultaban angustiosos e inciertos los posibles resultados, ahora resulta también incierta la legitimidad que la elección podrá tener frente a la ciudadanía. Había formas de prevenirlo, ahora solo podemos navegarlo.