César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

Quedó confirmado que los miembros del comité de licitación del Gobierno Regional de La Libertad, durante la gestión de César Acuña Peralta, contrataron ilegalmente a una empresa sin experiencia y encabezada por una joven de 23 años, para la construcción de un hospital en Virú por S/194 millones.

Acuña defendió la adjudicación y negó la existencia de actos de corrupción.

Sin embargo, una auditoría de la Contraloría determinó que Walter Zevallos Apolitano, Mario Rodríguez Miranda y Arturo Giles Mendoza, manipularon el proceso para beneficiar a la firma LC&EC Constructora, Consultora y Servicios, de propiedad de Lucero Coca Condori.

PUEDES VER: Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

Una modalidad personalizada

El registro de visitas del despacho de César Acuña señala que el padre de Lucero Coca Condori, Juan Coca Rojas, lo visitó en la sede del gobierno regional. Pero Acuña alegó que no sostuvieron una reunión personal.

Lo cierto es que el informe de la Contraloría concluye que los funcionarios de Acuña se confabularon para otorgarle la buena pro de la millonaria obra en Virú. ¿Cómo así?

No le exigieron a la constructora de Lucero Coca Condori el cumplimiento de requisitos básicos, como acreditar experiencia en el rubro de construcción de hospitales. Si los tres funcionarios acordaban demandarle esta exigencia, Lucero Coca no podría haber probado que su compañía edificó varios hospitales y el comité de licitación tendría forzosamente que haberla descalificado.

Aquí está la jugada de los funcionarios de César Acuña.

En lugar de retirar a la constructora de la licitación, increíblemente el comité la premió con cinco puntos, “que no le correspondían porque no presentó la totalidad de certificaciones requeridas”, señala el informe de la Contraloría.

No fue la única manipulación del proceso que consumaron los miembros del comité para orientar el contrato a favor de la constructora de Lucero Coca.

PUEDES VER: Contraloría: Acuña debe anular contratos por S/315 millones

Constructora con corona

Por ejemplo, los funcionarios implicados descalificaron sin fundamento la propuesta del Consocio Brontes, para que de esta manera quedara como única opción la constructora de Lucero Coca, indica la auditoría.

“El comité no admitió la oferta del Consorcio Brontes argumentando la existencia de divergencias (en el contenido de los documentos que presentó), por lo que correspondía que se le solicite la subsanación de la oferta”, señala la Contraloría. No fue así. Simplemente anularon la propuesta del Consorcio Brontes.

Además, Lucero Coca Condori, la dueña de pantalla de LC&EC Constructora, presentó información inexacta para sustentar la experiencia del residente de obra y documentos que no habían sido autorizados por el profesional correspondiente.

Los del comité, tampoco pusieron objeciones y le dieron luz verde.

“Se suscribió el contrato de ejecución de obra, pese a que en los documentos que presentó para su perfeccionamiento, se encontraron modificaciones referidas a la cantidad de meses e incidencia de los profesionales considerados como parte del plantel profesional clave que participaría en la ejecución de la obra”, se describe en el informe.

Por todo lo hallado durante la auditoría, la Contraloría contradice lo dicho en su momento por César Acuña, y su gerente regional, Herguein Namay Valderrama.

Cuando el dominical “Panorama” originalmente destapó el caso, dejando en evidencia que una jovencita sin experiencia era la principal contratista del Gobierno Regional de La Libertad, Acuña y Namay respaldaron no solo el contrato por la construcción del hospital de Virú, sino también la habilitación de una carretera de Trujillo a Huanchaco por S/121,5 millones.

Fueron dos contratos los que otorgó César Acuña a la empresa de fachada de Lucero Coca por S/315,6 millones, como se verá más adelante.

Para la Contraloría, los funcionarios que adjudicaron el contrato del hospital de Virú tendrían presunta responsabilidad penal por adjudicar la construcción del hospital de Virú a LC&EC Constructora, de Lucero Coca. Por lo que recomienda a la Procuraduría Anticorrupción que inicie acciones penales contra los funcionarios involucrados.

PUEDES VER: Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

Un contratista deficiente

En otra acción de fiscalización, la Contraloría también detectó deficiencias en la construcción de la carretera Trujillo-Huanchaco, una obra que el exgobernador César Acúña -quien ahora postula a la Presidencia de la República- adjudicó por S/121,5 millones a LC&EC Constructora, de la mencionada Lucero Coca Condori.

Los auditores ubicaron fisuras en los pavimentos del corredor vial, lo que refleja la inexperiencia de la constructora. Este y otros incidentes señalados por un nuevo reporte de la Contraloría, confirmarían que la adjudicación del contrato para la construcción de la carretera Trujillo-Huanchaco a favor de la empresa de Lucero Coca, también podría haber sido manipulado por los funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad que respondían a César Acuña.

Primero, porque dos funcionarios del comité de licitación que fueron parte de la adjudicación sospechosa de la construcción del hospital de Virú, también fueron parte del comité para la buena pro de la construcción de la carretera Trujillo-Huanchaco. Ellos son Walter Zevallos Apolitano y Arturo Giles Mendoza.

De hecho, el 21 de noviembre de este año, la Contraloría señaló -como en el caso del hospital de Virú-, los integrantes del comité de licitación descalificaron a otro consorcio competidor, no obstante que cumplía con todas las bases técnicas. Lo hicieron con el evidente propósito de beneficiar a LC&EC Constructora de Lucero Coca, que parece que gozaba de corona en el Gobierno Regional de La Libertad, durante el mandato de César Acuña.

PUEDES VER: Cinco obras por S/765 millones bajo sospecha de corrupción son intervenidas por la Contraloría

Los delitos serían colusión y negociación incompatible

• El consultor en contratación pública y exvocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, Peter Palomino Figueroa, basándose en los informes de la Contraloría sobre el caso, señaló que los delitos involucrados en el caso de la adjudicación de la construcción del hospital de Virú serían colusión y negociación incompatible.
• “(Los funcionarios habrían cometido) los delitos de colusión porque existe un prejuicio económico para el Estado, donde la pena es de 15 años de cárcel. Además, el delito de negociación incompatible, que implica una pena de 8 años por (presuntamente) interesarse indebidamente (para beneficio de un tercero)”, explicó.