Dina Boluarte olvida investigaciones por corrupción y asegura que su Gobierno es "decente"

En medio de una actividad oficial, la presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su Gobierno es “decente y honesto”, a pesar de las múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción que pesan sobre su gestión y entorno más cercano. Boluarte buscó transmitir la idea de que su gestión mantiene un compromiso activo contra la corrupción, a pesar de los cuestionamientos que enfrenta. Al afirmar que el Estado es “inmenso” y que pueden existir situaciones irregulares aisladas, la mandataria intenta deslindar responsabilidad directa sobre posibles actos ilícitos dentro del aparato estatal.

"Somos un gobierno decente, honesto y trabajamos en esa lucha frontal contra la corrupción. El Estado es inmenso. Quizá por ahí todavía este alguna situación, inmediatamente nos enteramos y pedimos que intervenga Contraloría (...) Creo que estamos demostrando que cuando se trabaja con transparencia, con honestidad, sin corrupción, el Perú crece y ganamos todos", indicó.

Las afirmaciones de Dina Boluarte contrastan con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, entre ellas el denominado caso Rolex, en el que se le atribuye el uso de relojes y joyas de lujo no consignados en su declaración jurada de bienes. Este caso dio pie a una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes, lo que provocó incluso un allanamiento a su domicilio en marzo.

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Dina Boluarte acumula 34 denuncias constituciones sin avance en el Congreso

Al parecer, Dina Boluarte olvidó durante la conferencia que desde que asumió la presidencia ha sido objeto de 34 denuncias constitucionales presentadas por fiscales, congresistas y ciudadanos. Entre los motivos figuran las muertes en protestas, el caso Rolex, presunto abandono del cargo por cirugías estéticas y el uso irregular de bienes del Estado. A pesar del volumen de acusaciones, ninguna ha sido tramitada con celeridad ni llegó al Pleno del Congreso.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), controlada por congresistas de bancadas aliadas al Gobierno, ha archivado la mayoría de estas denuncias o las mantiene congeladas. Incluso los casos más graves, como las ocho denuncias por muertes durante las protestas, tres de ellas impulsadas por el Ministerio Público, no han sido priorizados ni debatidos públicamente.

A ello se suman tres denuncias por el escándalo del Rolex, otras tres por presunto abandono de funciones y varias por presuntas irregularidades cuando Boluarte era ministra. El patrón muestra un comportamiento sistemático de blindaje político por parte del Congreso, que ha evitado impulsar cualquier proceso de responsabilidad contra la presidenta, incluso cuando proviene de órganos autónomos como la Fiscalía.