Vizcarra acude a la Corte IDH con medida cautelar para revertir su inhabilitación por el Congreso

El expresidente Martín Vizcarra reveló que ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), indicando ser víctima de "cálculo político" por parte del Tribunal Constitucional (TC) por no suspender las inhabilitaciones que se aprobaron en su contra. Según reveló en entrevista con Exitosa, Vizcarra Cornejo busca que sus inhabilitaciones queden suspendidas.

"Yo ya presenté a la Corte IDH la acción de amparo, en estos casos se demora entre 4 a 5 años por la cantidad acciones de amparo que reciben. Además, recién he presentado la medida cautelar este año y esto no te levanta la inhabilitación, si no la suspende. Y esto podría ocurrir antes de las elecciones", precisó.

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Según explicó el exmandatario, él ya sabía que el TC había votado contra el pedido para que le levanten la inhabilitación, pero como los magistrados tenían conocimiento de que iría a la Corte IDH, decidieron no darle la resolución. "Por orden de la presidenta no hicieron pública la resolución", indicó.

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Además, Vizcarra Cornejo precisó que el TC decidió sacar la resolución solo cuando el pedido de prisión preventiva del fiscal Germán Juárez Atoche estaba a punto de ser infundado, por lo que calificó dicho proceso de "descabellado", pues no tenía fundamentos. "En todo hay cálculo político", sostuvo.

Vuelve a fallar pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Víctor Alcócer, declaró infundado el pedido de prisión preventiva por seis meses formulado por la fiscalía contra el expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta un juicio por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014 por presuntamente haber favorecido a empresas relacionadas al Club de la Construcción con licitaciones a los proyectos Irrigación Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

El fiscal Germán Juárez Atoche había solicitado la prisión preventiva ante la expectativa de que Vizcarra pudiera obstaculizar el proceso o fugarse. Sin embargo, el magistrado determinó que no existía “sospecha grave” ni riesgo de fuga. En su resolución, Alcócer señaló que la fiscalía no presentó elementos convincentes que sustenten una medida tan restrictiva.

Como alternativa, el juez impuso una serie de medidas restrictivas durante seis meses: prohibición de salida del país, obligación de presentarse mensualmente ante la autoridad judicial, control biométrico y la prohibición de acercarse o comunicarse con personal de embajadas. La restricción fronteriza comenzará a regir desde el 5 de julio de 2025.

Vizcarra celebró el fallo, afirmando que “ha prevalecido el Estado de derecho” y anunciando que apelará las medidas adicionales, especialmente el control biométrico y la imposibilidad de acudir a oficinas diplomáticas. Por su parte, la fiscalía ya confirmó que presentará apelación ante la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, con la intención de revertir la decisión y obtener la contención en prisión preventiva.