Patricia Benavides exige a Delia Espinoza que deje de ejercer como fiscal de la Nación

Patricia Benavides envió este lunes un oficio al Ministerio Público, en el que exige a Delia Espinoza abstenerse de ejercer funciones como fiscal de la Nación. La solicitud se basa en la Resolución N.° 231-2025-JNJ, emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que anula su destitución y ordena su reposición inmediata en el cargo.

En el documento, Benavides argumenta que la resolución de la JNJ es un acto administrativo favorable y eficaz desde el momento de su emisión, es decir, desde el 12 de junio. Por ello, sostiene que Espinoza no debe realizar actos de gestión ni de administración propios del despacho fiscal, ya que hacerlo, según advierte, podría constituir faltas administrativas e incluso ilícitos penales, pese a que su aplicación requiere procedimientos administrativos formales que aún no se han cumplido.

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La exfiscal cita artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo General para sostener que debe ser repuesta de forma automática, y omite que el acto aún debe ser canalizado a través del Ministerio Público, que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la reposición.

Esta decisión ha generado críticas por falta de unanimidad y transparencia, debido a que la votación del 9 de junio no fue transmitida —a diferencia del proceso que derivó en una suspensión de 60 días—, lo que ha levantado dudas sobre la legitimidad del proceso en Además, las bases de la resolución de 22 páginas no explican por qué se debe revertir la elección legítima de Delia Espinoza, validada por la Junta de Fiscales Supremos.

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Instituto de Defensa Legal alista acciones legales contra la JNJ

Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y especialista en justicia y magistratura, advirtió que la resolución de la JNJ presenta serios problemas legales, ya que ordena el retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación, pese a que esa decisión corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Según precisó, la JNJ solo puede disponer su reposición como fiscal suprema.

“El documento firmado por Gino Ríos viola la Constitución y afecta la autonomía y el autogobierno del Ministerio Público. No solo representa una grave infracción constitucional, sino también un posible delito, al asumir funciones que son competencia de la Junta de Fiscales Supremos”, señaló Silva.

La abogada adelantó que, desde el IDL, se evalúa presentar una denuncia penal por usurpación de funciones si se confirma la decisión. También planean pedir a los colegios de abogados que inhabiliten profesionalmente a los responsables, dado el impacto que este hecho tendría en la lucha contra la corrupción.