Ministro de Justicia evade responsabilidad del Ejecutivo por ley que encarcela a adolescentes de 16 y 17 años

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara Medrano, quitó responsabilidad al Ejecutivo sobre la ley 32330 que penaliza a adolescentes de 16 y 17 años. Alcántara Medrano sostuvo que, si bien su cartera opinó contra la medida, fue el Congreso quien siguió adelante con la norma.

"El Ministerio de Justicia en su oportunidad emitió una opinión al respecto, sin embargo, el Congreso siguió adelante y emitió su ley (...) Nosotros emitimos una opinión que fue coherente en el sentido que considerábamos que esta norma no significaba un arma contundente contra la inseguridad ciudadana", expresó Alcántara.

Vale precisar que, si bien el Ministerio de Justicia emitió una opinión contraria al entonces proyecto de ley, el Ejecutivo no lo observó y terminó promulgándolo, modificando el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Su vigencia ya envió a un adolescente de 16 años a prisión preventiva de 7 meses en Trujillo.

Contra la norma hay una acción de inconstitucionalidad planteada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. Según el ministro de Justicia, respetarán la decisión del órgano de control. Empero, evitó opinar ahora sobre la polémica norma. "Yo ya no puedo emitir opinión porque la ley está vigente".

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Desestima denuncias constitucionales contra Boluarte

En otro momento, Alcántara se refirió a las denuncias constitucionales que ha presentado el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte. Estima que terminarán archivándose. "Hemos visto que varias denuncias del Ministerio Público se vienen quedando".

Consultado por las iniciativas de su cartera para reducir la criminalidad, informó que seguían adelante con el proceso de privatización del control de ingreso a penales y que la licitación debe lanzarse en los próximos meses.

El ministro Alcántara llegó a la ciudad de Arequipa para el lanzamiento del servicio Mega Alegra, que dará asistencia legal gratuita a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.