El TC rechazó demanda contra Reinfo: Abogados de Loreto evalúan llevar caso a la CIDH

Con 4 votos a favor, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 de la Ley 31388 que prorroga la vigencia del proceso de formalización mineral integral (Reinfo). Esta demanda, fue interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto, quienes señalan que la prorroga, que puede extenderse hasta finales de 2025, viene dañando al medio ambiente y la salud de los ciudadanos afectados por la minería informal.

En conversaciones con este diario, César Ipenza, abogado ambientalista participante en la demanda, comunicó que el Colegio de Abogados de Loreto está evaluando presentar dicha demanda a la Corte Internacional de Derechos Humanos ante el rechazo del TC.

"Lo que queremos dejar sentado es que la formalización (del Reinfo) no puede ser eterna ni permanente, porque es un proceso extraordinario. El proceso de formalización, según la última ley de ampliación, es hasta junio de este año, donde el Ministerio de Energía y Minas, vía un decreto supremo, podrá ampliar hasta finales de 2025, y ya el ministro lo ha anunciado sin mayor análisis", declaró Ipenza.

Colegio de Abogados evalúan llegar a instancias internacionales

Los magistrados que votaron a favor de rechazar la demanda son Morales Saravia, Gutierrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. Tiempo después, los otros magistrados, como Pacheco Zerga, Dominguez Haro y Monteagudo Valdez, emitieron votaciones singulares que se agregaron al expediente final.

En ese sentido, también exhortaron al gobierno actual que no deroguen leyes que puedan eximir a los mineros informales de responsabilidades penales (delitos ambientales), civiles o administrativos. Sin embargo, aún falta un nuevo marco regulatorio para que estas prácticas fiscalizadoras puedan aplicarse, ya que el Reinfo las exime de estos crímenes.

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Ipenza explicó que la iniciativa de llevar a instancias internacionales la demanda constitucional del Reinfo, responde a la presunta falta de coherencia del TC al no debatir a fondo la problemática de los mineros informales y su daño al medio ambiente y las personas.

"En principio está la Comisión Interamericana, que es un paso previo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; pero los casos que hemos visto en materia ambiental pueden demorar más 10 años, como ha sucedido en el caso por contaminación de La Oroya. Son procesos complejos, no es que sea una cosa inmediata, pero no podemos tampoco seguir continuando en una situación de impunidad. Y si se diera el caso en una instancia internacional, evidenciaría la capacidad de nuestros magistrados constitucionales de no saber responder o resolver un problema que estuvo en sus manos", comenta el abogado Ipenza.

TC no observó ley, pero criticó deficiencias del Reinfo

Según el TC, la demanda fue rechazada debido no a una falta de argumentación y pruebas por parte del demandante, sino porque la Ley 31388 (Reinfo) culminó el 31 de diciembre de 2024. A esto se le llama sustracción de materia, cuando la norma demandada perdió vigencia o efectos de los supuestos.

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Tras la respuesta del TC, Ipenza explicó que la demanda fue presentada en noviembre de 2023 a dicha instancia y que tuvieron casi dos años para evaluarla y emitir una sentencia. Sin embargo, para él, esto revela los intereses políticos, partidarios y económicos que presuntamente los magistrados representan y defienden.

Pese a esta sentencia desfavorable para el Colegio de Abogados de Loreto, que se basa en términos jurídicos, el TC criticó la ley del Reinfo desde su existencia en 2016, señalando lo siguiente:

"La permanencia en el Reinfo, que implica acceder a ciertos beneficios sin haber alcanzado plenamente la formalización, puede generar un incentivo perverso para seguir incurriendo en actuaciones o conductas que, de no ser por el hecho de estar inscrito en el referido registro, configurarían responsabilidades administrativas, civiles y/o penales", se lee en la sentencia.

Violaciones a los derechos humanos y ambientales del Reinfo, según el TC

Con base en los datos del Minem, en la actualidad existen 88.164 mineros informales registrados, de los cuales solo el 2.31% se ha formalizado, eso corresponde a 2.037 mineros. Sin embargo, el contraste entre los mineros suspendidos, es alto, que asciende a 62.826.

Esta misma baja eficacia lo podemos observar en las prórrogas del 2019 al 2023, donde se identificó 32.835 solicitudes, de las cuales solo se llegaron a formalizar 725, es decir, tan solo el 2.21%

En ese sentido, se detalló que desde 1985 hasta 2017, se ha deforestado más de 95.000 hectáreas de la Amazonía, que alcanzó un impacto alarmante entre el 2009 y 2017. En el contexto de estos años, también se identificó que el nivel de mercurio en la población aumentó y más de 4.500 mujeres y niñas fueron víctimas de explotación sexual.

"Claramente se ve que la minería ilegal disfrazada de informal afecta los derechos fundamentales, como el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, y eso es innegable. Este tipo de medidas normativas como el proceso de formalización afecta la Amazonía, y en la Constitución tenemos un artículo que señala textualmente que el estado está obligado a desarrollar una legislación adecuada que proteja o garantice el desarrollo sostenible de ella. Para cualquier estudiante, incluso, de los primeros años de derecho, verán que este tipo de normas son inconstitucionales, que afectan el derecho de todos nosotros; pero, aun así, se optó por una opción más política que constitucional, y eso demuestra nuevamente que, quien elige a estos magistrados, son grupos de poder en el Congreso que tienen intereses particulares sobre este tipo de actividades", declaró Ipenza.