Josué Gutiérrez convirtió la Defensoría del Pueblo en una operadora política del pacto Dina Boluarte - Congreso

Desde que el exabogado cerronista Josué Gutierrez ingresó a liderar la Defensoría del Pueblo en mayo del 2023, la institución se ha dedicado a servir los intereses del Congreso y de Dina Boluarte. Lejos está de su función de defender los derechos fundamentales de las personas y ahora solo responde a intereses particulares.

Si bien se trata de una seguidilla de casos, la farsa se hizo más evidente en la reciente postura de Gutiérrez Cóndor, quien ante el Tribunal Constitucional (TC) argumentó que la jefa de Estado no puede ser investigada por el Ministerio Público, sino únicamente por el Congreso.

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Erróneamente sustentó su posición alegando que la Constitución dispone que sólo el Parlamento puede iniciar una investigación cuando, en realidad, el artículo 117 de la Carta Magna indica que el presidente de la República puede ser investigado en sede fiscal durante el periodo presidencial.

Desconociendo la norma o no, el ex abogado del prófugo Vladimir Cerrón exclamó: “No alentemos jamás la anarquía y tampoco el autoritarismo. Debemos dar esta facultad de investigación al Congreso”.

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En consecuencia, presentó un amicus curiae, un recurso que permite que una persona o entidad privada o pública, intervenga en un proceso a pesar de no ser parte. El requerimiento iba junto a un informe de 32 páginas para sustentar por qué la mandataria no debe ser investigada.

Antes de ello, el último 23 de abril, el defensor adjunto de Derechos Humanos, Carlos Fernández Millán, respaldó el proyecto de ley del congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) que plantea otorgar amnistía a los investigados por delitos de lesa humanidad durante el periodo de violencia política (1980 – 2000) que se encuentran sin sentencia firme.

En una posición que, a todas luces, atenta contra el derecho a justicia de las víctimas y sus familiares, el representante de la Defensoría indicó que los investigados han pasado mucho tiempo sin recibir una decisión de parte del Poder Judicial, por lo que deberían ser absueltos.

“De parte de la Defensoría existe una gran preocupación porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares.(…) Sería interesante que el sistema de justicia informe por qué tanto ha demorado la administración de justicia, perjudicando a las personas procesadas, la presunción de inocencia”, dijo.

Y hasta se animó a saludar a Montoya y su iniciativa, lo cual terminó por demostrar una posición contraria no solo a las bases de la institución, sino a ellos mismos. En noviembre del año pasado, la Defensoría presentó un informe en el que rechazaba la iniciativa y la acusaba de atentar contra el Derecho Humanitario Internacional.

Hay más. En agosto del 2024, el defensor del Pueblo sustentó que la ley de extinción de dominio, que permite al Ministerio Público embargar bienes de investigados, afecta el derecho de propiedad, la presunción de inocencia y el principio de tipicidad y la no retroactividad de la ley.

La postura de Gutiérrez resulta beneficiosa para las organizaciones criminales, narcotraficantes y delincuentes. Pese a que la Fiscalía y el Poder Judicial se lo hicieron saber, él presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley.

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Exdefensor del Pueblo Walter Albán: “La Defensoría es un instrumento más del Congreso”

Nada de esto pasó desapercibido para el exdefensor del Pueblo Walter Albán, quien añertó a La República que la Defensoría es un instrumento más del Congreso y se encuentra secuestrada por Josué Gutiérrez, quien lleva demostrando un “vergonzoso” comportamiento..

“Estamos ante una desnaturalización absoluta de una institución que costó tanto construir y es relativamente nueva. Fue creada en el año 96 y ganó su legitimidad a pulso y lamentablemente, se ha ido minando progresivamente su tarea fundamental que es la defensa de los derechos fundamentales”, dijo.

Asimismo, recordó que Gutierrez Condor fue elegido de forma irregular y, además, ha sido militante de diversos partidos políticos. “(Josué Gutiérrez) sirve a los intereses del Congreso. Se ha puesto a disposición de la alianza mafiosa entre el Parlamento y Dina Boluarte. Ellos se dan la mano con la Defensoría para atropellar los derechos de las personas. En la práctica, hace tiempo que no estamos ante una Defensoría. Ha dejado de operar como manda la Constitución”, agregó.