Salvador del Solar busca frenar abuso del Congreso: PJ admite su demanda de amparo contra intento de inhabilitación

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo que interpuso el exprimer ministro Salvador del Solar contra el juicio político del Congreso que busca inhabilitarlo 5 años de la función pública por la disolución del Parlamento en 2019.

De acuerdo a la resolución del juez Oswaldo Ordoñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, el procurador del Congreso tiene 10 días hábiles para responder ante esta demanda. El 12 de agosto será la audiencia donde se abordará el tema de fondo: la viabilidad de la acusación constitucional.

Congreso promueve acusación constitucional irregular contra Del Solar

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El mes pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final del congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, sobre la denuncia constitucional que pesa contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos por la disolución del Parlamento.

El informe propone inhabilitar a Vizcarra 10 años y 5 años a Del Solar y Zeballos porque considera que la disolución del Congreso fue inconstitucional.

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Del Solar ha protestado porque, en su caso, se trata de una acusación constitucional que prescribió el año pasado.

La disolución del Congreso fue una decisión tomada por el expresidente Vizcarra el 30 de setiembre del 2019. Ese día Del Solar dejó de ser primer ministro. Los procesos de antejuicio y juicio político se realizan en un plazo de hasta cinco años después de que el alto funcionario imputado culminó su periodo en el cargo.

Por ende, el plazo del Congreso para poder aprobar una denuncia constitucional contra el exprimer ministro venció el 30 de setiembre del 2024 (cinco años después de que dejó el cargo). Este diario reportó que hay hasta 12 precedentes de altos funcionarios contra quienes prescribió las acusaciones.

Caso de Salvador del Solar prescribió, pero el Congreso insiste en acusarlo

Por ejemplo, los excongresistas Roberto Vieira y Jorge Castro dejaron de ser parlamentarios el mismo día que Del Solar dejó de ser ministro. El año pasado el Congreso archivó las acusaciones constitucionales contra Vieira y Castro porque estas prescribieron.

Sin embargo, con Del Solar el criterio ha sido otro, pese a las reiteradas oportunidades en que él destacó la irregularidad.

Debido a eso, al exprimer ministro no la he quedado otra alternativa que recurrir al Poder Judicial mediante una acción de amparo. El sistema judicial ha clave para revertir decisiones arbitrarias del Parlamento.

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En 2023, el Congreso inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Al año siguiente hizo lo mismo con dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. Ellos recurrieron al Poder Judicial mediante acciones de amparo para defender sus derechos.

El desenlace fue el mismo: el PJ anuló las inhabilitaciones del Congreso y ordenó que la fiscal y los magistrados retornen a sus funciones.

En los Pasos Perdidos se han encendido las alarmas frente a la posibilidad de que se repita esa historia con Del Solar. La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, encomendó al presidente de la JNJ, Gino Ríos, a tomar cartas en el asunto contra el juez Ordoñez, quien preside la sala que verá el amparo de Del Solar.

Venganza por la disolución del Congreso

La acusación constitucional contra Vizcarra, Del Solar y Zeballos se sostiene también en un fallo del Tribunal Constitucional del 2023 que, en medio del conflicto entre el expresidente Pedro Castillo y el actual Congreso, resolvió que no existe la figura de la denegación fáctica de la cuestión de confianza.

Vizcarra apeló a esa figura cuando el Pleno se negó a debatir una ley que modifique la modalidad de elección de los miembros del TC y disolvió el Congreso. En 2020, hubo un conflicto competencial entre el Ejecutivo y Legislativo, y el TC resolvió que la decisión de Vizcarra no era ajena a la Constitución.

Pero con el veredicto del TC en 2023, el fujimorismo pretende aplicarlo de manera retroactiva sobre un caso que ya fue analizado en 2020.