Wilfredo Oscorima: Corte Suprema evaluará el 25 de marzo si anula la investigación en su contra por caso Rolex

​El próximo 25 de marzo, la Corte Suprema evaluará la posible anulación de la disposición fiscal que ordena que Wilfredo Oscorima, actual gobernador regional de Ayacucho, sea investigado por una Fiscalía Anticorrupción por el caso Rolex. Esta investigación se inició tras revelarse que la presidenta Dina Boluarte poseía relojes de lujo no declarados, entre ellos un Rolex, el cual habría sido prestado por Oscorima, al mismo tiempo que su región Ayacucho recibió un incremento del presupuesto.

La audiencia virtual se realizará desde las nueve de la mañana, en donde el tribunal supremo analizará el recurso de apelación de Oscorima Núñez con la finalidad de revocar la resolución emitida por el juez supremo Juan Caros Checkley el 8 de julio de 2024, en la cual declaró "improcedente" el recurso de tutela de derechos que presentó la defensa de Oscorima para anular la decisión emitida por la Fiscalía el 17 de mayo del mismo año.

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Argumentos de la defensa de Wilfredo Oscorima

La defensa de Wilfredo Oscorima ha solicitado que se revoque la resolución impugnada, argumentando que la decisión carece de una justificación adecuada y no respeta principios fundamentales como el derecho a la legalidad procesal penal y el derecho a un plazo razonable. Según sus abogados, la resolución presenta defectos en su motivación, lo que vulneraría los derechos de su defendido.

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El tribunal, encabezado por el juez supremo César San Martín, evaluará los argumentos tanto de la defensa de Oscorima como de los representantes de la Fiscalía Suprema y la Procuraduría asignada al caso. Tras escuchar todas las partes involucradas, se espera que el tribunal emita una decisión final en los próximos días.

Las consecuencias

La decisión de la Corte Suprema podría tener implicaciones significativas en la lucha contra la corrupción en el país. La posible anulación de la investigación levantaría dudas sobre la eficacia del sistema judicial y la voluntad política para sancionar a funcionarios involucrados en actos ilícitos. Además, resaltaría las debilidades en los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, afectando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.