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Política

Congreso: familiares de 20 parlamentarios fueron sancionados por contratar con el Estado

Una investigación de Ojo Público reveló que cerca de 20 congresistas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú, tienen familiares sancionados por contrataciones indebidas con el Estado entre 2023 y 2024.

Familiares de los congresistas Abel Reyes, Miguel Ángel Ciccia, Tania Ramírez y María Carmen Alva están involucrados en sanciones e inhabilitaciones temporales de la OSCE por realizar contratos indebidos con el Estado.
Familiares de los congresistas Abel Reyes, Miguel Ángel Ciccia, Tania Ramírez y María Carmen Alva están involucrados en sanciones e inhabilitaciones temporales de la OSCE por realizar contratos indebidos con el Estado. | Composición LR.

Cerca de 20 congresistas tienen familiares que han sido sancionados por realizar contrataciones indebidas con el Estado entre 2023 y 2024, según reveló una investigación de Ojo Público. Entre los implicados figuran parientes de parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Podemos Perú y Honor y Democracia, lo cuales fueron inhabilitados para participar en licitaciones, algunos de manera definitiva, tras investigaciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que evidenció posibles conflictos de interés y vulneraciones a la Ley de Contrataciones.

Entre febrero de 2023 y noviembre de 2024, el OSCE registró un cúmulo de sanciones por más de S/460.000. Las resoluciones detallan que los contratos involucrados, en su mayoría órdenes de bienes y servicios, fueron otorgados después de la instalación del actual Congreso. Sin embargo, la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe estas contrataciones si los familiares tienen participaciones significativas en las empresas.

¿Cuáles son los casos y los congresistas relacionados?

Uno de los casos que se detalla en el informe es del congresista Miguel Ángel Ciccia (Renovación Popular) y su hermano Luis Miguel Ciccia, quien tuvo con un contrato de S/136.456,62 en Turismo CIVA S.A.C. También se menciona a José Antonio Cornejo Acevedo, cuñado del legislador Abel Reyes (Perú Libre), quien acumuló hasta 11 sanciones por contratos con la FAP.

Cinco proveedores vinculados a Fuerza Popular fueron sancionados, entre ellos Corporación Jesucristo Cautivo S.R.L. y Confecciones Herrera S.R.L. El primero tiene como accionistas a los padres de la parlamentaria Tania Ramírez García, y el segundo incluye a Glicerio Ulises Herrera Torres, cuñado de Mery Eliana Infantes Castañeda. Ambos involucrados en procesos de contratación indebida con el Estado.

Mientras que Víctor Antonio Alegría García, hermano del congresista Luis Arturo Alegría García, y los hermanos Julio César y José David Revilla Villanueva, familiares del congresista César Revilla Villanueva, fueron señalados en casos de contratación con el Estado, siendo sancionados por infringir la normativa relacionada con los conflictos de interés y el nepotismo.

Por otro lado, en mayo de 2023, el OSCE sancionó a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y a Eduardo Farah Hayn, suegro de la legisladora María del Carmen Alva, por un contrato firmado con la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa por S/35.200. La SNI recibió una inhabilitación temporal de cuatro meses, pero la sanción fue suspendida en agosto de 2023 por una medida cautelar del Sexto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima.

Además, en 13 casos de las 49 sanciones impuestas entre agosto de 2021 y diciembre de 2022 que fueron analizadas por el portal, se pudo comprobar que los proveedores presentaron información inexacta en sus declaraciones juradas, sobre todo, negando vínculos con los legisladores y que, ante la falta de transparencia, contribuyó a las sanciones impuestas durante los procesos administrativos.

Sin embargo, según constató Ojo Público, desde el 28 de julio de 2021 se ha identificado que al menos 38 familiares de congresistas han tenido contratos con el Estado, aunque no todos estos casos han resultado en sanciones.

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