Gobierno inicia debates sobre pena de muerte en Trujillo

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca cerrar el año con su debate sobre la pena de muerte puesto en marcha, pese a los impedimentos para ampliar esa sanción a cualquier delito adicional al ya asignado en la normativa nacional vigente. La primera audiencia sobre este asunto debe realizarse mañana 27, en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.

De este modo, echa a andar el proceso que ya había adelantado el ministro de Justicia, Eduardo Arana, para poner en agenda la idea de instaurar la pena de muerte a violadores de menores. Esta contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide ampliar esta sanción. Actualmente, en el Perú la pena letal está asignada, por la Constitución, solo para traición a la patria en casos de guerra o terrorismo, pero no se ha aplicado.

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El Gobierno inaugura estos encuentros, que avivan una controversia sobre nuestros acuerdos internacionales, en la región que gobierna César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso (APP), considerado aliado del Poder Ejecutivo.

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La hermana del gobernador liberteño, la congresista apepista María Acuña, presentó un proyecto de ley para que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y así pueda ampliar ya la pena de muerte. Entregó su iniciativa después de que Boluarte instara, en evento público, a debatir sobre extender la sanción letal.

En el entorno de César Acuña aseguran que asistirá a la audiencia sobre pena de muerte.

El Gobierno ha separado la sede del Colegio de Ingenieros en Trujillo para esta audiencia inaugural. El decano departamental Daniel Gamboa es a su vez director de Administración de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, bajo la gestión de Acuña.

La segunda jornada se debe realizar en enero próximo.

En la audiencia de La Libertad se ha programado la participación de Arana, como cabeza del sector, y la comisión especial creada por su sector.

La comisión tiene 90 días para presentar su informe final.

“En un plazo de 90 días, se organizarán jornadas de diálogo para recoger propuestas y evaluar la viabilidad legal y constitucional de la pena de muerte en casos de violación a menores. Se colocará un QR para propiciar que la ciudadanía participe”, dice una fuente.

Alistan varias instituciones

Se busca que participen en la audiencia representantes de la sociedad civil las instituciones del sistema de justicia, la Iglesia y organizaciones políticas. Según la comisión, el objetivo de este debate es abrir un espacio de diálogo inclusivo y plural que permita recoger opiniones y posturas de diversos actores sociales. Esta jornada pretende identificar consensos sobre el tema.