Fiscalía apunta a apepistas en caso de compra de la mansión de Moreno
INDAGACIÓN. Siguen indicios sobre Luis Valdez, mano derecha de César Acuña, considerado aliado del Gobierno, y un sector de este grupo político en su investigación por la compra de mansión que fue incautada a Félix Moreno, preso por corrupción.
La Fiscalía apunta a Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso (APP) y mano derecha de César Acuña, considerado aliado clave del Gobierno, y a un sector de este grupo político, en la investigación que realiza por la compra de una mansión en remate judicial que hizo la esposa de Valdez, la influencer Ana Paula Ganoza. Se trata de un inmueble que el Estado había expropiado al exgobernador del Callao Félix Moreno, preso por corrupción.
Luego de conocerse el caso, por publicaciones del sitio web El Foco y otros medios de comunicación, la Fiscalía identificó indicios de posible concertación e incongruencias sobre el financiamiento de la compra de la mansión, que se adjudicó por más de 3.3 millones de soles.
Lujosa casa que era de Félix Moreno pasó a Pronabi en mayo del 2023.
El fiscal Luis Farfán Coronado, de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos, está a cargo del caso que inicialmente involucra a Ganoza, pero todo apunta a que escalará a incluir a Valdez y otros funcionarios, según fuentes conocedoras del proceso.
Valdez ha dicho que él financió la compra de la mansión con préstamos, aunque inicialmente había negado tener algo que ver con la operación. Ganoza no registra ingresos suficientes para justificar tal adquisición, según fuentes oficiales.
El dirigente de APP declaró el 2022 tener ingresos mensuales del Estado y sector privado de 35.364 soles, bienes de unos 169.000 soles y otros valores por más de 144.000 soles. Ese año era asesor en el Congreso, luego de haber dejado de ser parlamentario. En su declaración jurada registró domicilio a dos cuadras de la mansión que compraría su esposa, en la zona de Camacho, en La Molina.
Declaración jurada de ingresos y bienes de Valdez el 2022.
Valdez fue congresista el 2020 y 2021, y vicepresidente del Legislativo en la mesa que encabezó el acciopopulista Manuel Merino. Antes fue vicegobernador de La Libertad y llegó a ser la mayor autoridad de esta región cuando Acuña dejó este cargo para postular a la Presidencia del Perú en el año 2016.
Antes fue funcionario en gestiones de Acuña en el municipio de Trujillo, dirigente de APP y mano derecha del político norteño.
En el 2020, enfrentaba decenas de investigaciones abiertas en la Fiscalía. Algunos casos eran por subastas realizadas por la Municipalidad de Trujillo cuando fue el gerente municipal y Acuña el alcalde.
La mansión de Camacho comprada por Ganoza fue ofrecida por Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautados), entidad del Ministerio de Justicia. El coordinador administrativo durante la subasta fue Rudolf Salgado, militante de APP desde el 2015 y excandidato a regidor provincial en Áncash. Estuvo en ese cargo de Pronabi de marzo hasta el 15 de agosto. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, también fue candidato a regidor de APP en el distrito limeño de San Isidro el 2018, y en el actual Congreso asesoró a la parlamentaria Gladys Echaíz, que fue elegida en filas de APP.
En la subasta, otros dos postores eran empresas de Guillermo Aliaga, socio de Valdez en un estudio jurídico y excongresista con quien compartió la mesa de Merino. La esposa de Aliaga, Carolina Noriega, labora en el Parlamento que encabeza el apepista Eduardo Salhuana.
Todos esos vínculos llaman atención de la Fiscalía como posible trama apepista a investigar.
Valdez dijo a La República que no declarará para esta nota. "En esta oportunidad no brindaremos declaraciones al respecto, ya se encuentra en investigación y estamos seguros que en esa instancia se aclarará todas las dudas que se han generado a partir de subjetividades sobre un proceso que aún no termina", expresó.
La mansión fue parte de un caso contra Félix Moreno, comprada con documentación falsa. Ahora vuelve a ser parte de una investigación de Fiscalía por sospechas de lavado en la política.
