Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista Magaly Ruiz por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso Magaly Ruiz por ser presunta autora de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

"Los hechos están referidos a la presunta instigación al fiscal provincial Richard Rojas Gómez para que interceda ante el personal fiscal del Área de Enriquecimiento llícito y Denuncias Constitucionales, que estaba a cargo de la investigación a dicho parlamentaria por el recorte de sueldos al personal de su despacho congresal (cas mochasueldo')", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Asimismo, la investigación también recae por presuntamente haberse interesado "indebidamente en la contratación de Alex Rojas Gómez (hermano del mencionado fiscal) como personal del despacho congresal de la legisladora Ruiz Rodríguez".

El comunicado también indicó: "Se informa que se ha autorizado la formalización de investigación preparatoria contra el fiscal provincial Richard David Rojas Gómez, por los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal en agravio del Estado".

Todo inició por un destape periodístico el cual presentó el testimonio de un extrabajador, quien indicó que Magaly Ruiz le pedía un aporte de S/1.500 cada mes si deseaba continuar laborando en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia. De acuerdo con su acusación, el asesor principal de la legisladora, Johnny Romero Nima, era el responsable de recolectar estos aportes.

Por este caso, el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales inició una investigación por el supuesto delito de concusión.

Respecto al presunto delito de colusión agravada, la indagación se da por la contratación de Ruiz de Camila Melissa Mantilla Heredia, quien era pareja sentimental de su hijo Jeffrey Marrufo. La joven fue contratada de febrero de 2022 a marzo de 2023, a pesar de haber incluido datos falsos en su hoja de vida.

De la misma forma, el reportaje reveló que la parlamentaria habría negociado con el fiscal de lavado de activos Richard Rojas para archivar la investigación fiscal en su contra.

Para enviar al archivo la investigación, el fiscal habría pedido un pago en dólares y la contratación de sus dos hermanos en el Congreso. La parlamentario se negó, pero le presentó otras opciones.

“Es imposible contratar a dos familiares en un mismo despacho, además es difícil que su hermano asuma la responsabilidad de la asesoría del despacho, pero le doy la opción de ser técnico del despacho”, habría indicado.

“Bueno, si va a ser asesor II y mi otro hermano no va a ser contratado, se me tiene que reconocer mi trabajo de gestión en el proceso, además que se deberá pagar los requerimientos de gestión que se necesiten internamente”, le respondió el abogado.