Fiscal Juan Carlos Villena resolvió no ratificar en el cargo a procurador del Ministerio Público

El fiscal Juan Carlos Villena ha optado por no ratificar en su cargo al procurador público Alfonso José Carrizales Dávila. Esta decisión se fundamenta en el proceso de evaluación y ratificación establecido por la normativa vigente y el Protocolo de Evaluación y Ratificación de los Procuradores Públicos del Ministerio Público.

"No ratificar a Alfonso José Carrizales Dávila como procurador público del Ministerio Público. Disponer la notificación de la presente resolución al abogado Alfonso José Carrizales Dávila y a la Procuraduría General del Estado, para conocimiento y fines correspondientes", se lee.

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De acuerdo con este anuncio, Carrizales Dávila, en la evaluación para su ratificación, obtuvo un puntaje de ciento cuarenta y dos, que representa el 59%. Este no fue suficiente para alcanzar el mínimo aprobatorio.

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En esa misma línea, el fiscal de la Nación interino también resolvió no ratificar al procurador público adjunto Manuel Jesús Ramírez Ludeña dentro del Ministerio Público al haber obtenido el puntaje insuficiente de ciento treinta y uno, que representa el 55%.

Este marco legal se encuentra regulado por el Decreto Legislativo n.° 052 y sus modificatorias, que también establecen la necesidad de evaluar y ratificar a sus procuradores públicos.

La Ley n.º 31778, publicada el 7 de junio de 2023, introdujo disposiciones sobre la evaluación y ratificación de los procuradores públicos designados antes de su vigencia. Esta ley estipula que dichos procuradores deben ser evaluados y ratificados por los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos.

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¿Quién es Alfonso José Carrizales Dávila?

Alfonso José Carrizales Dávila es un destacado abogado peruano, egresado de la Universidad de San Martín de Porres, donde completó su formación académica en Derecho. Desde octubre de 1994, Carrizales ha ejercido su profesión con dedicación y compromiso, acumulando una vasta experiencia en el ámbito legal.

Con más de veintiún años de experiencia en la defensa de los derechos e intereses del Estado, su trayectoria incluye una amplia gama de casos en los cuales ha defendido eficazmente los intereses públicos, evidenciando su habilidad para operar en entornos legales desafiantes.