Joseph Dager: “La situación actual se compara con los noventa, cuando el Estado fue cooptado por mafiosos”
El historiador señala que Dina Boluarte será recordada por los 50 muertos y como una presidenta débil, a la que el Congreso maneja.
El historiador y docente Joseph Dager considera que, pese al rechazo a la clase política, no hay movilizaciones fuertes por los muertos de las protestas y porque muchos han caído pobreza y deben trabajar para sobrevivir. Advierte que la crisis política nos asemeja a los noventa, pero ahora falta líderes con credibilidad. Dager es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de la Compañía de Jesús, y ha sido presidente ejecutivo del IRTP (Instituto de Radio y Televisión del Perú), secretario general de Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) y jefe institucional del Archivo General de la Nación.
-Gobierno y Congreso son muy impopulares, pero las movilizaciones civiles no son muy fuertes. ¿Cómo llegamos a eso?
No se ve gran movimiento social especialmente en Lima. Sin embargo, en el primer año de Boluarte, hubo más de 1.000 movimientos sociales, sobre todo en provincias: es un récord. La gente sí está expresando su descontento en regiones, de modo focalizado y sin liderazgo que las aglutine. Además, los 50 muertos de las protestas no son poca cosa: para salir a marchar ahora se piensa dos veces. Esas marchas representan cosas pocas veces vistas en la historia del Perú: por momentos hubo 20 regiones protestando. No fructificaron en Lima y líderes limeños vieron posibles infiltrados, algunos acusándolos de “terrucos”. No empatizaron con esa protesta porque lo que pretendía era diferente a lo que se quería más en Lima.
¿Es por ese divorcio entre Lima y las regiones que se agudizó en las elecciones del 2021?
Creo que sí. Seguimos sin completa integración. Es clara la oposición de sur andino y Lima y viene probablemente desde casi la Independencia, si vemos la Confederación Perú-Boliviana. En el 2021, se agudiza. Una reflexión: lo fuerte del símbolo para nuestro país, integración, ir superando brechas al menos mentales, de que el presidente del Bicentenario sea un maestro de origen rural y campesino. Un sector fuerte de la población y el Congreso lo quiso vacar desde el día siguiente de elegido. Inventaron un fraude y se lo achacaron a las poblaciones más alejadas. El propio Pedro Castillo no fue capaz de asumir el símbolo y se rodeó de pirañas, pero el conjunto político tampoco lo quiso aceptar. Si se le prueba corrupción, merece todo peso de la ley, pero los primeros intentos de sacarlo se explican por que una parte de la población, que más posibilidad tiene de hacer sentir su voz no quería identificarse con un campesino maestro rural que hablaba mal como presidente.
-¿Las grandes taras de nuestra historia –desintegración, discriminación, corrupción– nos explotaron en la cara en el Bicentenario?
Efectivamente. Es chocante, porque más o menos entre el 2001 y el 2016 teníamos una república que más o menos funcionaba: los presidentes terminaban su mandato, más o menos había división de poderes, había crecimiento económico, el Estado había comenzado a tomar en serio su posición de regulador y líder de políticas sociales. Y de repente comienzan a salir denuncias de Lava Jato, y en lo político comienza a desmantelarse todo desde el 2016 con PPK y un Congreso de 73 fujimoristas que no quisieron facilitar la gobernanza y la posibilidad de continuar en esa saga de estabilidad política y crecimiento económico.
-Bajo el avance, la desigualdad persistía y había Lava Jato.
Así es. En corrupción, no logramos asumir la terrible lección que significaron los noventa para el Perú. Con todo, en los noventa el Estado fue tomado por una banda de mafiosos. A diferencia de Odebrecht, no fue un agente externo al Estado el que lo corrompía, sino que la corrupción es sistémica, de dentro: es el Estado el que sale a la sociedad a corromper a medios de comunicación, empresarios, congresistas. Es un Estado esencialmente corrupto. Lo que pasa hoy puede compararse más con aquella situación de los noventa que con Odebrecht o con lo que veníamos viviendo después de los 2000.
-¿El desmantelamiento y retroceso en el Estado, qué peso tienen para la ciudadanía?
Hay un peso. Es responsabilidad de los líderes políticos, de opinión y medios de comunicación contribuir a esa toma de conciencia de la ciudadanía. De decirles que, por ejemplo, una entidad como Sunedu (Superintendencia de Educación Universitaria) debe contribuir a que las buenas y caras universidades no estén tan alejadas en calidad de aquellas más económicas. Es decir, las entidades estatales deben equiparar la cancha. Y la maniatan y hacen menos eficiente. Usan argumentos falsos porque dicen la OCDE lo requiere cuando esta pide que los reguladores sean más eficientes. Como los noventa, cooptan el Estado para favorecer intereses de privados y perjudicar a las mayorías.
-¿La juventud está dormida?
Creo que la juventud está empezando a despertar. Estamos en un momento complicado. Según las cifras del INEI (Instituto Nacional de Estadística), la pobreza y la pobreza extrema han aumentado. Hay un 31% de nuestra población que no puede perder dos o tres horas en marchas, que tiene que estar en el día a día trabajando, y buena parte de nuestra juventud estudia y trabaja. Esa situación y las muertes no favorecen a que esta juventud termine de despertar. Sin embargo, yo tengo esperanzas que eso sucederá.
-¿Hay algún momento de nuestra historia que nos ayuda a entender la crisis actual?
Lo compararía mucho con los noventa: un Estado cooptado por mafiosos, que beneficia intereses personales, con vocación autoritaria, que pretende controlar medios de comunicación y ha controlado los medios estatales, el IRTP (Instituto Nacional de Radio y Televisión). En eso se parece a los noventa, período en que la población tampoco reaccionaba demasiado. Nos diferencia que en los noventa teníamos aún algunos liderazgos de oposición que mantenían alguna credibilidad. Nos falta nuevo discurso, nuevos liderazgos, como outsiders, pero en buen sentido: gente que entienda la política como bien común, dialogar, políticas públicas que beneficien al país. Ya no debemos pensar en outsiders completamente fuera del espectro de la cosa pública.
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-Boluarte es la primera presidenta mujer. ¿Cómo pasará a la historia?
De un modo muy penoso. Si el símbolo del presidente de origen rural y campesino era muy potente, terminada esa presidencia por las razones que fuera, que lo sucediese una mujer también de origen provinciano quechuahablante era otro símbolo y no hemos podido aprovechar. Que nuestra primera presidenta mujer sea en el contexto del Bicentenario desde el punto de vista histórico, sociológico, simbólico, hubiese sido una gran cosa para el país. Lamentablemente, va a pasar a la historia como una presidencia recordada por los asesinatos, con una presidencia que en tanto débil termina no solo asociándose al Congreso sino siendo manejada por él con el propósito de durar hasta cuando pueda, y que termina gobernando con quienes perdieron las elecciones.
-¿Cómo ve la gestión en el Ministerio de Cultura?
Probablemente Cultura sea la más penosa demostración de la ineficiencia del Gobierno y de los aliados que tiene Boluarte. Todo parece indicar que el sector Cultura está muy aliado a fuerzas radicales de derecha. Acaban de nombrar como viceministra a una militante del fujimorismo. Recordemos que la ministra y los viceministros se reunieron con grupos de La Resistencia, que demuestran muy poca vocación democrática. Y en Cultura se alude que los premios deben tratar sobre tal cosa y no otra. Hay intento de, no voy a decir censurar, pero sí guiar la cultura hacia determinados asuntos ideológicos.
¿Qué debe hacerse con el canal del Estado?
El consejo directivo del IRTP tiene que ser elegido en un concurso público. Lo que ha pasado con el gobierno de Boluarte, que no pasó en los primeros tiempos de Castillo, es la completa demostración que no podemos tener un canal del Estado sometido a los vaivenes de la política y las preferencias del Ejecutivo. Necesitamos establecer que el IRTP tenga un consejo directivo, su máxima autoridad, que no sea nombrado directamente por el ministro de Cultura, sino elegido en concurso público por tiempo determinado, de modo que aunque cambie el ministro y el gobierno, ese consejo y ese presidente del directorio debe durar su periodo. Eso da mayor capacidad de independencia, manejo, posibilidad de llevar políticas públicas y una clara línea editorial, que sea dar información objetiva y en lo posible imparcial. Un canal del Estado no puede tomar permanentemente posición a favor del gobierno ni en contra. Sí debe defender los derechos humanos y políticas públicas que el Estado haya establecido como políticas país. Los canales públicos, además, tienen una riquísima posibilidad de contribuir con crear ciudadanía a través de los programas culturales y de entretenimiento y en eso el Canal 7 ha dado ejemplos y se mantiene.
¿Qué representa la memoria para este gobierno?
Este es un gobierno en muchos casos negacionista. Como es aliado de corrientes de pensamiento de derecha radical que no están dispuestos a aceptar que en nuestro país han sucedido cosas terribles, se termina convirtiendo en un gobierno negacionista, es decir, que no valora la memoria. Me refiriero sobre todo a temas como el conflicto armado interno y los crímenes de lesa humanidad, que el Congreso quiere eliminar y no escuchamos al Ejecutivo oponerse. Eso tiene también una implicancia en cómo entendemos la memoria y en el valor que damos a los documentos e instituciones que resguardan esas memorias. El nulo valor que este gobierno da al Archivo General de la Nación y también al IRTP, que tiene un archivo valiosísimo, muestra su poca valoración a la memoria del país. El Archivo General de la Nación, además de valiosísima documentación colonial y la más antiguos del América del Sur, conserva la memoria del Estado.
¿Hay como rescatar la reforma educativa y la Sunedu?
Mientras estemos con esta narrativa, lo veo muy difícil. Seguir con las universidades que demostraron condiciones básicas de calidad y reforzar la supervisión de Sunedu no me parecería mal. El problema es que ahora no hay garantía de que el trabajo de Sunedu sea técnico. Esta tuvo enemigos siempre y hubo mil y un casos contra procesos de licencia denegada, pero hasta ahora no se ha podido demostrar que la Sunedu anterior haya aprobado denegatoria de licencia de manera injusta o no técnica. Esa garantía ahora no tenemos. Si hay algún sector con una continuidad entre lo que quiso Castillo y lo que está haciendo Boluarte, es educación. El gobierno de Castillo atacó la meritocracia desde el principio. Con Sunedu, guardó silencio, no la defendió del Congreso, aunque tampoco la atacó, pero esta incomprensión sobre la validez de la meritocracia sí estaba presente en su gobierno y es lo que ha continuado el gobierno de Boluarte. Si uno pudiera ver alguna continuidad entre lo que quiso Castillo lo que hace Boluarte, es en educación con el agravante que ahora la ideología radical está muy presente en la censura de los libros, el trabajo no técnico, aceptar profesores que no han sido evaluados suficientemente. Una pena que el actual ministro Quero no haya decidido hacer giro y haya seguido con las políticas que lamentablemente aplicó su antecesor, Oscar Becerra y que siguieron sus dos viceministros que lo sucedieron. Es una política en la que no importa la meritocracia, el trabajo técnico y se cede ante la visión autoritaria de que hay determinadas cosas que no deben enseñarse y ante una política educativa en que no debe propiciarse el pensamiento crítico y la discusión en el aula so pretexto de eliminar ideologías, como si quien quisiera eliminar la ideología no lo quiere hacer desde una propia ideología.
¿Qué salidas posibles le ves a la crisis política actual?
Es casi insostenible pensar en llegar hasta el 2026. He hecho llamados a esta coalición gobernante, desde mi esquina, para un adelanto de elecciones. Lo mejor sería que sea dirigido por la misma Boluarte. No necesariamente una vacancia o renuncia, sino que ella convoque un adelanto de elecciones para los próximos meses y que ella conduzca este tiempo. En ese plazo, pediría un gabinete de amplia base, cuyo premier no sea ninguno de los ministros de ahora, y sea de transición, como debió haber sido el gobierno. Y que en esos meses podamos dar marcha atrás a ciertas contrarreformas electorales y políticas de este periodo congresal o ponernos el objetivo país de salir de este entrampamiento, en que tenemos una presidenta que no gobierna y un Congreso que se cree el primer poder del Estado y el gobernante. Eso podría despertar esperanzas con jóvenes organizándose en colectivos y liderazgos para empezar a salir de esto. Lo más importante es ayudar a la ciudadanía a tomar conciencia. Este es el peor Congreso que hemos tenido en nuestra historia y este tiempo de Boluarte es uno de los peores gobiernos en nuestra historia y por eso todos tenemos que darles una lección a estos políticos, que es no votar por ellos.
