SAC apunta a proceso exprés y a recortar tiempos en denuncia constitucional contra Delia Espinoza
En un procedimiento atípico, este martes 26, la subcomisión dará cuenta y a su vez pondrá a debate el informe de calificación por el mismo caso. Regularmente, esto se hace en 2 sesiones diferentes.
En un intento por acelerar el proceso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) programó para este martes 26 de marzo la dación de cuenta de ingreso de la denuncia constitucional DC 467 contra la fiscal suprema Delia Espinoza, pero para la misma fecha se agendó el debate del informe de calificación en un acto que expresaría una intención de recortar plazos para sacar adelante una recomendación —en un eventual informe final— para su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública, la cual llegaría al Pleno para su aprobación definitiva.
Lo que normalmente ocurre es que, en una sesión determinada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, actualmente presidida por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), se debería dar cuenta del ingreso de la denuncia. Luego de ello, el informe de calificación se discutiría en otra fecha designada, no en la misma. Esto es lo que regularmente suele ocurrir.
La República se comunicó con los expertos en temas parlamentario Hugo Rovira y César Delgado Guembes, ambos confirmaron a este medio que “nada impide que se puedan ver los dos temas” en la sesión de este martes en la SAC, ya que no se viola el Reglamento del Congreso. Aunque dicha premura no es habitual en referencia a otros casos.
Denuncia presentada por congresistas investigados
La denuncia contra la fiscal suprema Delia Espinoza fue presentada por los parlamentarios Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), Edgar Tello Montes (Bloque Magisterial), Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Luis Cordero Jon Tay e Ilich López Ureña (no agrupado), los cuales se encuentran investigados por el caso de la red criminal que habría montado la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desde la cúpula del Ministerio Público. Cabe mencionar que todos ellos fueron mencionados por Jaime Villanueva Barreto.
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Actualmente, Espinoza Valenzuela lidera el Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. La denuncia constitucional en su contra se concretó —el 1 de marzo— luego de que dispusiera ampliar las investigaciones seguidas contra Patricia Benavides y comprende a 14 legisladores: a los cinco ya mencionados se suman Martha Moyano, José María Balcázar, Katy Ugarte, Germán Tacuri, José Williams Zapata, José Jerí, César Revilla, Jorge Flores y Alejandro Soto.
A estos parlamentarios, incluido al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, se les imputa los presuntos delitos de cohecho activo específico, cohecho activo impropio, tráfico de influencias y organización criminal.
¿De qué acusan estos congresistas a Delia Espinoza?
Los legisladores investigados acusan a Delia Espinoza de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de la función pública, así como de una infracción constitucional, por haberlos incluido en las indagaciones preliminares que se realizan en el caso contra Patricia Benavides tras el testimonio de Jaime Villanueva.
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De acuerdo con sus argumentos, la Ley 27399 establece que aquellos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú —como el presidente de la República, congresistas, ministros, fiscales y jueces supremos, etc.— deben ser investigados preliminarmente por el fiscal de la Nación, no por una fiscal suprema a cargo del Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Por su parte, la Junta de Fiscales Supremos rechaza —a través de un pronunciamiento— la denuncia de congresistas investigados por la fiscal suprema Delia Espinoza al considerar que la misma carece de sustento jurídico y fáctico: “La Junta de Fiscales Supremos y el Ministerio Público en su conjunto expresan su rechazo a la denuncia constitucional presentada por cuanto carece de sustento jurídico y fáctico”.
Finalmente, esto también motivó un pedido del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, de que no se tramite la denuncia contra Delia Espinoza por el fallo pendiente que se tiene en la instancia del Poder Judicial tras un recurso presentado por Patricia Benavides: “El principio de independencia judicial exige la imposibilidad de aceptar intromisiones en el conocimiento de los casos y controversias que son de conocimiento del Poder Judicial. (…). Estando pendiente de resolverse en el órgano jurisdiccional competente la tutela de derechos respecto a la competencia de la magistrada Delia Espinoza (se pide que no se dé trámite la denuncia)”.
